Hace unos diez años, los políticos que representaban al partido político Balear, de tendencia separatista – catalanista y cuyas siglas eran PSM (Partido Socialista Mallorquín – hoy, MÉS per-Mallorca, con representación en el actual Congreso de los Diputados de forma conjunta con Sumar) fueron denunciados ante los Tribunales de Justicia, por haber favorecido a los de su partido con determinados contratos y subvenciones de varias decenas de miles de euros.
Entre estos políticos, presuntamente delincuentes, se encontraba, Joana Lluisa Mascaró, política a la que se le pedía seis años de prisión, artífice de este entramado de corrupción cuando ostentaba el cargo de Vicepresidenta del Consell Insular de Mallorca (Diputación).
Joana LLuisa Mascaró se había ganado la fama de persona ultra catalanista cuando con anterioridad al cargo de Vicepresidenta del Consell, además de haber sido profesora de “doctrina política catalanista” fue concejala en el Ayuntamiento de Llucmajor (Baleares) cargo que utilizaba de forma sistemática para presumir de honradez y honestidad, mientras azuzaba veneno junto a su indecente ralea conformada por lo más despreciable del separatismo y dañino catalanismo de Baleares, contra cualquier adversario político que osase discutir con ellos la unidad de España o el derecho a estudiar en castellano en un trozo de España que consideraban a las Islas Baleares.
Gran expectación se formó en Mallorca cuando fue anunciado que el lunes día 19 de Noviembre de este año 2023, los presuntos delincuentes serían sentados en el banquillo de los acusados para responder de unas acusaciones que, en las previas HABÍAN RECONOCIDO y que por tales hechos, la Fiscalía pedía un total de 32 años de prisión, inhabilitación de varios años y devolución del dinero que a dedo concedieron a los miembros de su partido político.
Pero la sorpresa saltó cuando a los pocos minutos de empezar a celebrarse el juicio, vimos como los acusados salían todos sonrientes de la sección 2ª de la Audiencia de Palma de Mallorca en donde se había decidido conmutar las penas de seis años de cárcel, sin entrar en la profundidad de los hechos a través de un juicio, por nueve meses de prisión sustituibles por el pago de una multa de 2.160 euros y la devolución del dinero. Dicho de otro modo, ninguno de los delincuentes mallorquines, ingresará en prisión dado que las penas se han sustituido por irrisorias multas.
Como añadido a este artículo, decir que la actual Presidenta del Congreso de los Diputados, Francisca Armengol, (en la foto junto a Joana LLuisa Masacró) era la presidenta de ese Consell Insular cuando ocurrieron los hechos juzgados. Es por tanto necesario que, Francisca Armengol debería pedir perdón por los delitos cometidos o dar explicaciones sobre si sabía lo que estaba ocurriendo en el Consell durante su mandato, y en especial, sobre los condenados que fueron nombrados por ella como cargos de confianza. Armengol supo desde un primer momento como Presidenta del Consell, que se defraudaba dinero público dentro de sus “consejerías insulares”. En cualquier caso, Francisca Armengol “vuelve a estar salpicada de corrupción y chapuzas hechas por su gobierno que posiblemente vean la luz muy pronto, ya que hay juicios por causas muy graves y que están señalados para el próximo año 2024.
Debe quedar claro que me alegro de estas sentencias para poder seguir demostrando que la justicia en este país no es igual para todos y especialmente, en Baleares, donde a ciertos fiscales les encanta meter en la cárcel a personas que, según ellos, no tienen arraigo familiar por ser forasteros y dejar libres a los que sí la tienen por ser autóctonos o tener representación política en altas esferas.
