Asuntos Sociales hace realidad la frase mágica: los niños no pertenecen a los padres, sino al estado dictatorial de la Agenda 2030

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Por sorprendente que parezca, comenzamos este artículo, comenzamos refiriéndonos a una ley que nunca debió de aprobarse: la ley trans. El artículo 20.1 menciona lo siguiente: “El Gobierno, en el marco de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluirá entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas el principio de igualdad de trato y no discriminación por las causas previstas en esta ley y el conocimiento y respeto de la diversidad sexual, de género y familiar de las personas LGTBI.”. Es importante este dato pues todo lo referido a la cultura wok y asociado a este colectivo se ha de impartir de manera longitudinal en todas las áreas docentes por orden el gobierno y del Ministerio de igualdad. Este hecho, que pudiese sonar baladí, no lo es pues justifica una intromisión en el marco de la familia. El artículo 25 de la ley de Protección del menor señala que “las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán anualmente programas de formación inicial y continua destinada a los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual con niñas, niños y adolescentes con el objetivo de detectar precozmente la violencia ejercida contra los mismos y que esta violencia pueda ser comunicada (…)” y su artículo 26 que “las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán proporcionar a las familias en sus múltiples formas, y a aquellas personas que convivan habitualmente con niños, niñas y adolescentes, para crear un entorno seguro, el apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, para que puedan desarrollar adecuadamente su rol parental o tutelar.”

Consciente del largo marco normativo que sirve de introducción a nuestro tema, es indispensable para comprender el modus operandi de los servicios sociales, mejor llamados servicios abusivos al servicio, valga la redundancia, destructor de la familia por orden de la agenda 2030 y el ministerio que dirige Ione Belarra. El informe SIUSS detalla con claridad cuáles son las normas de intervención dentro de la familia; si se suman las leyes del primer párrafo no es difícil de imaginar el terror que supone acudir a los servicios sociales hoy en día en España.

Y es que las excusas para que actúe este organismo público son tan ambiguas como amplias. “Cada una de ellas necesita de un análisis. En apartado de historia familiar destaca los eventos estresantes: ha ocurrido uno o varios eventos que han supuesto un notable estrés para la familia, declarándose limitaciones significativas en el funcionamiento (…) sin recuperarse el nivel previo a la crisis.” Si ésta conduce a falta de cobertura básicas para el menor, el escenario es aún peor. El problema es que, con la crisis de las familias actuales entrar en este supuesto es lo más probable, a menos que se trate de una clase social tan elevada que no pase por estos problemas, algo muy raro. ¿No les parece?

En cuanto a las relaciones entre padres e hijos, se centra en el grado de conocimiento que tienen los primeros sobre su razonable desarrollo infantil y la necesidad de cubrir las nuevas, lo cual involucra el apoyo emocional o facilitar nuevas situaciones de aprendizaje.  También se introduce en el estilo educativo de los padres, en cuanto a la disciplina, la inversión de roles, si le tiende a gritar o no (hablarle en voz alta), si aquélla es inconsistente o si hay desacuerdo entre los padres. 

Llega al extremo de incluir el grado en el que existen relaciones conflictivas dentro de la familia, lo problemática resulta la relación de pareja (y aquí entra la llamada violencia machista, bastando con un capricho de la mujer para que el marido quede tocado ante las autoridades, incluso la fiscalía; el hecho de que haya un sujeto supuestamente provocador queda en el archivo sin ningún tipo de prueba). Lo más absurdo es que llega incluso a averiguar si los padres tienen muchas relaciones con amigos o vecinos, un dato irrelevante que a Asuntos Sociales le parece primordial, dado que nos habla del grado de inclusión de la familia en el marco de la nueva normalidad que la izquierda quisiera imponer para hablar de valores acordes con su pensamiento único.  

No digamos ya de la situación económica, del grado de preocupación de los padres, totalmente lógica ante un futuro incierto, de las deudas que no se pagan. Además, se meten en tu casa para el grado de higiene que tienes y el orden o en la zona en la que vives, considerando si es peligrosa o no.  

En cuanto al maltrato, la perla de la corona, nos habla del daño leve, que no deja secuela (aquí cabe todo, incluso la denuncia del menor de que el padre le pega o le agrede ante el centro educativo), el maltrato emocional que queda sometido a la valoración de especialista (es decir, es completamente subjetivo y carente de objetividad). Esto significa que, si se denuncia esta situación, Asuntos Sociales, mediante su personal, dictaminará si se ha producido o no, sin que haya pruebas concluyentes, bastando con que el padre se oponga al adoctrinamiento LGTBIQ+ y que esto, según los expertos, afecte al menor. En cuanto a la negligencia, se considera que es “(…) sin consecuencias a nivel físico o cognitivo o en sus relaciones sociales”, es decir, cualquier conducta que ellos consideren lesiva es tenida en cuenta. Finalmente, como no podía ser de otra forma, se analiza el grado en el que el niño asimila la doctrina 2030 y su marca estrella LGHTBIQ+, considerando que, si existe algún problema, Asuntos Sociales ha de actuar ipso facto por el bien del menor (manda (…), la cosa).

Si ponemos todo esto en una coctelera no sólo resulta una política negligente con los menores de edad, sino completamente destructiva. Para el sionismo la familia es un auténtico peligro ya que representa la consistencia de los valores en los que los niños se desarrollan estableciendo los necesarios vínculos afectivos. ¿Desde cuando el estado se ha preocupado por amar a los menores como si fuesen sus propios padres o si los conociesen hasta el extremo de saber cuidarlos y conocer sus necesidades? Ahora resulta, señores, que los Servicios Sociales de Ione Belarra los conoce mejor que sus propios padres y que puede retirar la patria potestad si le viene en gana, de manera ilegal y fraudulenta, bajo informaciones falsas que no se demuestran, actuando estos organismos como actuaría la Gestapo al entrar en una casa en la Alemania nazi o la KGB en la Rusia de Stalin, sin excusas, por que les sale de sus partes y punto.

Los principios de la nauseabunda agendita asesina se han introducido en todas las partes de la vida privada de las personas gracias a estos organismos, esparcidos por todas las administraciones públicas y en contacto con los centros educativos, intoxicados con sucia ideología que defiende la pederastia y, cuyas prácticas, parecen expandir. 

¿Qué ocurre con aquellos menores que han sido alejados de sus padres, a dónde los llevan, cómo los cuidan, cómo garantizan esos derechos que tanto protegen en un protocolo sin supervisión y lleno de errores administrativos? ¿Cuál es el rol de la clase político en este escenario tan desquiciante y carente de la más mínima moral?

Una razón más para que los ciudadanos desobedezcan todas las normas del estado si no las cambian por el propio bien y por el de sus hijos, los grandes afectados y las víctimas en el plan de demonizar a la sociedad e imponerles la religión que adora al demonio. ¿Y sabiéndolo vamos a permitirlo?