Hansel y Gretel en busca del pájaro azul en Monterolandia

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Sonaría a cuento decir esto hace veinte años, pero, lamentablemente, no lo es. Nuestros hijos corren un peligro extremo porque son los elegidos para perpetuar el principio del adoctrinamiento en los infantes en la satánica Agenda 2030. Irene Montero se ha asegurado la vigencia de su fanatismo y delirio de grandeza gracias a varias leyes, entre las que destacaremos la Ley de protección del menor y el adolescente, la Ley Trans y las disposiciones de las Comunidades Autónomas en materia sanitaria. Este itinerario ha sido recorrido de manera lenta, pero con mucha seguridad, incluso antes de comenzar con la plandemia, la imposición de dicha diabólica agenda. ¿Lo tenían todo planificado?

El artículo 11 de la primera ley dice que “los poderes públicos garantizarán que las niñas, niños y adolescentes sean oídos y escuchados con todas las garantías y sin límite de edad, asegurando, en todo caso, que este proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las víctimas”. El articulo 26 incluye: “En particular, se promoverá la corresponsabilidad y el rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas, la educación con enfoque inclusivo…”.  Es decir que los padres están obligados a educar a sus hijos en el marco del respeto a la libertad sexual, promulgando los principios del feminismo y alertando sobre el riesgo de violencia machista, “todo ello en pro de lazos afectivos fuertes…”. Haciendo un análisis de esta norma, se anula el artículo 27 de la Constitución de un plumazo y se impone la ideología de género en la familia. ¿Qué ocurre si no se hace?

Dado que las administraciones públicas garantizarán la vigilancia en estos casos, “los servicios sociales y de protección de la infancia y adolescencia asegurarán: a) La detección y la respuesta específica a las situaciones de violencia de género. b) La derivación y la coordinación con los servicios de atención especializada a menores de edad víctimas de violencia de género.” (Art 29).  Las administraciones educativas elaborarán sus protocolos, contando con los menores, el personal de asuntos sociales será considerado autoridad incluso para dar notificación a las fuerzas de seguridad del Estado (art 41) y, “cuando la gravedad lo requiera, los y las profesionales de los servicios sociales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acompañar a la persona menor de edad a un centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando a sus progenitores o a quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento, salvo que se sospeche que la mencionada violencia haya sido ejercida por estos, en cuyo caso se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal”, (art 41.3). Los servicios sociales diseñan un plan de intervención en la familia. Y, finalmente, de existir razones de peso, se llevarán a los niños a centros de protección de menores. De esta forma el Estado incurre como un elefante en una chatarrería asegurándose que los padres no ejerzan sus derechos como deben y permite que sea verdadera la ley que dice que los menores pertenecen al Estado.

La ley trans, aprobada en diciembre de 2022, es otro cuento de Monterolandia. Diferencia entre la discriminación directa y la indirecta, consistiendo esta última en que “una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros puede ocasionar una desventaja particular”. Llama la atención la ambigüedad y generalidad de los términos. Si relacionamos esta norma con la anterior se verá mucha más clara la intención. El Consejo de Participación de Personas LGTBI, dependiente del ministerio de desigualdad, es el encargado de coordinar a las distintas administraciones. Por supuesto que el docente ha de estar bien aleccionado para hacer una detección precoz de algún signo de maltrato (un término tan impreciso como todos los que maneja esta nauseabunda ley). Los centros educativos introducirán estos principios dogmáticos en el currículo de manera longitudinal y se incluirá el cambio de nombre en el registro, que se puede hacer desde los 16 años sin permiso de los padres y desde los 12 con anuencia de ellos.

El protocolo incluye la actuación administrativa e incluso la indemnización económica de la persona afectada, sin tener en cuenta las responsabilidades penales que se deriven por delitos de odio, aunque sean sus padres los responsables. Por otra parte, se activa el protocolo del artículo 544 de la Ley de enjuiciamiento criminal de 1882, con orden de alejamiento, de ser necesaria. Además, para asegurarse de que las medidas tienen éxito, se establece una serie de sanciones económicas en función de comportamientos que no llegan ni a ser delitos, en forma de grados leves, graves y muy graves que pueden llegar a 150.000 euros. El acoso discriminatorio (grave) y la negativa a auxiliar (muy grave) son buenos ejemplos de ello. En la ley de protección del menor, por otra parte, se obliga a denunciar estos hechos si son observados.

Si a ello le sumamos sus declaraciones afirmando que los menores de edad tienen derecho a tener sexo con quiénes quieran, siempre que den su consentimiento y la ley del Sí sólo es sí está reduciendo y excarcelando pederastas y violadores, en Monterolandia no hay norte alguno, sino pura alucinación y delirios que entrarían en el diagnóstico de la esquizofrenia, de acuerdo con el DSM 5 R, elaborado por los mismos jefes de la psiquiatría y amos de la manipulación de masas de la Agenda 2030 a través del Instituto Tavistock.

El Estado, en su denostado esfuerzo por controlar la inocencia, la ingenuidad, la imaginación y la felicidad, engañan con la fantasía del género, creando una inseguridad en la sexualidad de los menores de edad que conduce a procesos judiciales y administrativos kafkianos en los que, por el mero hecho de ser un buen padre, te pueden quitar a tu hijo, incluso si los principios no se corresponden con los de la Agenda (si no los vacunas y tu esposa te denuncia por eso, sin ir más lejos).

Como colofón de este diabólico escenario, las Comunidades Autónomas, muchas gobernadas por el PP, tienen abiertos procesos legales de control hormonal y de la glándula hipofisiaria, cirugías para quitar el pene y crear una bulba o hacer lo contrario, según información de la Junta de Andalucía, con muy pocos riesgos. Teniendo en cuenta que los antecedentes en dicha Comunidad son la ley 2/2014 de 8 de julio y la ley 7/2018 de 28 de diciembre, la cual elimina requisitos como informes psicológicos, en la línea de la ley de Monterolandia y, sin que haya sido ni recurrida ni abolida por los miembros del PP, está claro quién está al lado de este sucio montaje satánico y quién está a favor de los derechos de la infancia.

Los cuentos de Hansel y Gretel, buscando el pájaro azul que le dibujan a los estudiantes como fuentes de la felicidad perdida porque se sienten de otro sexo, tras ser confundidos con teorías que psicológicamente son absurdas, lo cual no excluye que haya algún problema que otro en ese sentido, crean una política tan diabólica y escalofriante con los menores de edad que no se sabe si lo mejor es sacarlos de los centros educativos de manera inmediata, buscando apoyos externos para que estudien en casa y mirando un ordenador, antes que a un drack queen o un trans con ideas tan delirantes como sacadas de una película de Hollywood.

El futuro de España está siendo expoliado desde las mentes más ingenuas, que son las de los niños y de ti depende, padre, que los satánicos del poder se salgan con la suya para crear una sociedad de zombis y de psicópatas sin escrúpulos, los mejores defensores del mal, al estilo de los denunciantes soviéticos durante Stalin o de los que llamaban a la Gestapo para detener por judío.

Estamos en los comienzos de una pesadilla orwelliana. Si el autor de 1984 volviera a la vida, querría que lo matasen en el acto.