tonto

Me lleva a escribir este artículo el hecho de que, en una tertulia de una determinada cadena de televisión, en la que, entre otros temas, se debatía el asunto de la derogación del delito de sedición y la rebaja de las penas por el de corrupción, con los que Sánchez pretendía rebajar las mayorías del CGPJ y del Tribunal Constitucional; uno de los tertulianos, moderado él, pero de tendencia inequívoca socialista; aun admitiendo que lo que pretendía Sánchez no era lo correcto, lo achacaba a “un error, a la ignorancia”. 

Debe de disculparme dicho periodista, conocido de sobra si menciono su nombre, pero debo decir que, o bien tomó por desorientados a sus compañeros de tertulia, bien toma por idiotas a los telespectadores, o bien a ambos.

No se puede hacer comulgar a nadie con ruedas de molino, a la vista de que el Gobierno ha obrado como lo ha hecho; por ignorancia, cuando su mala fe lo demuestran sus hechos anteriores y posteriores a la resolución del TC. Ignorancia no cabe admitirla, por dos motivos; uno, teniendo en cuenta los más de 1.300 asesores con los que cuenta el Ejecutivo, los letrados del Congreso de los Diputados, y que, formando parte del Gobierno, se encuentran tres jueces, entre ellos la de Justicia; y dos, si se hubiera tratado de un error, o “metedura de pata”, como suponía el moderado y muy benévolo periodista, cuando se trata de esas dos circunstancias, lo que procede es la disculpa y la rectificación.

Por el contrario, el Gobierno, parlamentarios socialistas, comunistas y todos aquellos que dependen de un sueldo, sea local, autonómico o estatal, salieron en tromba con toda clase de improperios e insultos a los miembros del TC y a desprestigiarlos más de lo que ya están. Los insultos al PP ya se dan por descontados.

Así tenemos al coordinador de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, que calificó a los miembros del TC de golpistas con toga, al Portavoz de Compromiso, Juan Baldoví, que comparó a los magistrados del Constitucional con Antonio Tejero, que asaltó el Congreso de los Diputados el 23 de Febrero de 1.981 con un grupo de guardias civiles armados. Este mismo diputado soltó otra guida al decir: “Tejero intenta volver a entrar en el Congreso. Esta vez sin tricornio. Con toga. Y con los diputados del PP franqueándole las puertas”.

La dicharachera María Jesús Montero, ministra de Hacienda, por más señas, ante la posibilidad de que el TC suspendiera cautelarmente la votación del Congreso, dijo que sería “un atropello a la democracia sin precedentes”. Aseguró que “no existe la posibilidad de recurso previo a la constitucionalidad de las leyes. Con estas declaraciones, siempre a mi entender, que soy lego en la materia, la ministra trata de posibles prevaricadores a los magistrados que votaran en contra de los intereses del Gobierno, y por otra parte, quizá por ignorancia o malicia, obvia que el recurso de amparo interpuesto por el PP, no es contra la constitucionalidad o no de la norma que aún no ha sido aprobada y por tanto no ha entrado en vigor, si no que se ha interpuesto contra el procedimiento legalmente establecido para su tramitación y que el Gobierno no observó. En el procedimiento administrativo, sería una de las causas de acto nulo de pleno derecho.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morat, otra que no quiso dejar pasar la ocasión para demostrar sus conocimientos, afirmó que, si el TC aceptaba el recurso del PP y suspendía la votación, estaría “Cruzando una línea absolutamente antidemocrática, que no se había atravesado en nuestro país en los últimos 40 años”. Esta señora ignora, o quiere ignorar, que el TC ha emitido sentencias 23/1984, de 20de Febrero, 86/2004, de 10 de Mayo y 130/2022, en relación con otros tantos recursos de amparo. Es más, el PP ha recorrido al mismo procedimiento que el Partido Socialista de Cataluña; es decir, al recurso de amparo, que dicho Partido empleó en Octubre de 2.017 para lograr que el TC suspendiera el pleno que Junts y ERC habían convocado en el Parlamento para aprobar su declaración de independencia, tras referéndum ilegal del uno de Octubre. En ese mismo año interpuso uno más y otro en 2.018 con petición de medidas cautelares para evitar que los derechos de la oposición parlamentaria fueran conculcados en el Parlamento catalán.

No es, por tanto, un procedimiento “inédito” como sostienen el PS y sus socios.

Parece, la ministra anteriormente citada, que las competencias que tiene el TC no le son de todo conocidas, dado que el recurso de amparo es una de las principales con las que cuenta el Tribunal de garantías constitucionales, siendo el objeto de este proceso la protección frente a los derechos y libertades reconocidas en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución Española.

Ante esta competencia, y teniendo en cuenta los citados de la CE, cabe preguntarse el por qué el PP recurrió a este derecho constitucional. El recurso del PP se fundamenta en que el Gobierno tramitó la proposición de ley para derogar la sedición y rebajar el delito de malversación, como queda dicho anteriormente, mediante lo que pretende reformar dos leyes orgánicas; una, la del Tribunal Constitucional y otra, la del Consejo General del Poder Judicial, mediante su suma a los anteriormente señalados, a través de sendas enmiendas, que habían sido informadas desfavorablemente por los letrados del Congreso, en los que indican que no tienen una conexión material y no guardar relación de homogeneidad mínima con la proposición de ley. Dicho informe no fue tenido en cuenta en la Comisión correspondiente.

En su recurso de amparo, el PP también alega, y por ello pide la suspensión de la tramitación en el Senado, ya que el Congreso ya la había tramitado, de la proposición de ley, no de la derogación y rebaja de las penas de los delitos mentados, si no a lo que respecta a las enmiendas antedichas, por fraude de ley para obviar lo que señala el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y evitar así los informes pertinentes de dicho poder, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado.

Tampoco se justifica la tramitación urgente, pues no es comprensible que una norma de esta envergadura, para salvaguardar la Constitución, no sea llevada a cabo con los plazos ordinarios legalmente establecidos para ello.

Ante este comportamiento, el TC admite el recurso porque “concurre en el mismo una transcendencia constitucional (Art. 50.1 de la LOTC) y la cuestión planteada es relevante y de general repercusión social, que, además, tiene unas consecuencias políticas generales” (STC 155/2009, de 25 de Junio, FJ, letra g).

A la vista de las alegaciones presentadas en el recurso, el TC emite una Resolución por la que aprecia que lo que pretendía el Gobierno, vulnera los derechos fundamentales atendiendo a la doctrina constitucional sobre el ejercicio del derecho de enmienda y la relación de homogeneidad que ha de existir entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que se pretende modificar (Sentencias del TC 119/2011, de 5 de Julio, 136/2011, de 13 de Septiembre, y 172/2020, de 19 de Noviembre).

El Tribunal, asimismo, estimó la solicitud de medidas cautelarísimas y acordó suspender cautelarmente, conforme al artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la tramitación parlamentaria de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducidas mediante enmiendas, en la modificación del Código Penal, que con el rimbombante y ampuloso título, posiblemente para crear confusión, de “Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”. Para nada se usan los términos corrupción y sedición.

Cabe decir que la Unión Europea no tiene un Código Penal único para todo su territorio y las naciones que la componen, si no que los que lo tienen son los países que la conforman y cada uno tiene el que se ha dado.

Ante la tramposa actitud del Gobierno, entiéndase Sánchez, hago mía la cita de Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder controle al poder”.

Sánchez no esperaba la reacción tan rápida del PP, por lo que las críticas arreciaron ante la presentación de su recurso¸ no así el sentido de la resolución del TC, que, al contar con ello, miembros del Gobierno y parlamentarios socialistas intentaron coaccionarlo, como vimos anteriormente.

Si las coacciones al TC fueron primero, las críticas de los “demócratas” que expiden carnets de tales, no se hicieron esperar, como se expondrán seguidamente.

Así se expresaba Sánchez ante la resolución del mencionado tribunal: “El Ejecutivo tomará cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del Tribunal Constitucional”; acusándolo de forma explícita de prevaricación. Añade que su decisión “no tiene precedentes y se trata de un hecho grave porque por primera vez se impide a los representantes legítimos con su voto que realicen su voluntad popular”; lo cual no es cierto que se trate de la primera vez, como queda reflejado anteriormente.

El PNV considera que “la decisión del Tribunal Constitucional es una injerencia intolerable”.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, considera “ilegítima” la decisión del TC y que el Senado no debiera aceptarla, llamando a la “unidad de las fuerzas democráticas”, definiendo la decisión del alto tribunal como un “gravísimo golpe blando judicial”.

Reacciones de la izquierda y ultra hay más, tanto contra el Tribunal de garantías constitucionales como contra el PP, no obstante, me limito a las expuestas.

Ante todo, lo narrado, no seré yo quien disculpe, de forma consciente o inconsciente, el retraso de la renovación del CGPJ, que lleva cuatro años sin ser llevado a cabo por objeciones varias realizadas por el PP; ello implica que la renovación del TC tampoco, cuyos miembros son designados por un período de nueve años y serán renovados por terceras partes cada tres años; son, por tanto, cuatro magistrados los que tenían caducado su mandato, desde Junio del pasado año, se llevara a cabo.

No obstante lo anterior, está claro que dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere o ninguno, o los dos no ceden en parte de sus pretensiones. Sánchez, basándose en que, junto con sus socios en el Parlamento y Senado, tiene mayoría absoluta, nunca, en este y otros asuntos, quiso pactar con el PP; si no que deseó y quiere imponer su voluntad. “Es excelente tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico usarla como un gigante” (Julio César).

Así, el 12 de Noviembre de 2.018, el PP y el PS anuncian un acuerdo para renovar el CGPJ, cuyo pacto incluía la entrada, a propuesta del PP, de Manuel Marchena como presidente del órgano de gobierno de los jueces. Este acuerdo se rompe el 19 del mismo mes y año, al publicar el diario El Español unos mensajes en donde, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Coisido, reconoce que han llegado a un reparto “esperanzador” de los vocales del CGPJ y “controlando la Sala de lo Penal desde atrás”. Estos mensajes provocaron que Marchena renunciara a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ.

La segunda vez que se intentó y falló, fue el 2de Septiembre de 2.019, cuando el Rey Emérito, abandonó España y el PP no fuera informado previamente y a causa de las críticas de Julio Iglesias, a la sazón vicepresidente del Gobierno, a la Corona. El PP exigió que Podemos quedase fuera de la negociación. En otoño, Casado, líder del PP por entonces, exigió una reforma legal para que los jueces eligieran de forma directa a los 12 vocales del turno de los jueces.

En Febrero de 2.021 hubo el tercer intento para el pacto. El 26 de ese mes, el pacto se rompió por el veto del PP a los vocales que, propuestos por Podemos, la actual delegada para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y el juez José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que juzgó Gürtel.

Llegado el mes de Octubre del mismo año, Casado ofreció renovar las instituciones constitucionales pendientes, a excepción del CGPJ. Llegaron al acuerdo, entre Bolaños y García Egea, para renovar, entre otras instituciones, a cuatro magistrados del TC. Se conoció un pacto, en este caso secreto, para garantizar la siguiente renovación del TC con una reforma del CGPJ, si éste seguía bloqueado.

Cuando el documento se hizo público, en Agosto de 2.022, el PP ya tenía un nuevo líder; el pacto no llegó a concretarse.

El PP lo intentó de nuevo el 7 de Abril, cuando Feijóo y Sánchez acordaron retomar las conversaciones, siendo el interlocutor de los populares Esteban González Pons. El PP paró las negociaciones por las elecciones del 19 de Junio en Andalucía; rompiéndose el diálogo en Junio al presentar el PS una proposición de ley para permitir que el CGPJ nombrase a dos magistrados del TC, aprobando la reforma exprés ante las protestas del PP.

No obstante, en Julio, el PP se puso en comunicación con Moncloa para volver a negociar. Exigía un compromiso para reformar el sistema de elección del CGPJ con la propuesta que hiciesen los nuevos vocales. También pedía acabar con las puertas giratorias de los jueces que se pasan a la política y luego regresan a la judicatura. Rechazaba que la nueva ley pusiese plazo a los vocales del Consejo para elegir a dos vocales del TC. Fue un intento fallido, pues no se llegó a acuerdo alguno.

En Octubre de 2.022, ante la renuncia de Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, el PP y PS se dan una “última oportunidad”, Aseguró Esteban González Pons, negociador del primero y Félix Bolaños negociador del segundo, los cuales pretendieron llegar a un acuerdo “de manera rápida”. Pero ante la propuesta del Gobierno para reformar el delito de sedición da al traste con las negociaciones.

Retrotrayéndome a la votación de los miembros del TC, seis magistrados lo hicieron a favor de impedir la votación de las enmiendas de la derogación del delito de sedición y de modificar y reducir las penas de corrupción, y cinco votaron en contra. Cabe preguntarse si ante un mismo asunto puede un tribunal de once miembros, votar unos y otros en el sentido que desean los partidos políticos que les han elegido. Conclusión: el Tribunal Constitucional está altamente politizado, por no decir completamente. Si antes lo sabíamos, ahora ellos mismos lo han confirmado.

 

7 Comentarios

  1. Este actor psicópata tiene el perfil ideal para que el globalismo instaure aquí la dictadura comunista tipo China que se esconde bajo la agenda 2030. El sionismo masónico también controla a los líderes de la oposición de la engañabobos farsa parlamentaria y a los del resto de las estructuras jerárquicas de poder españolas

  2. Algunos dicen que gran parte de la Elite de segundo nivel ha sufrido Programacion MK ULTRA,, Jefes de Gobierno, CEOs de Corporaciones, Ptes de Bancos e instituciones internacionales, ,,,,,,ya que los del Primer Nivel, los del Ojo de la Piramide no son conocidos por la Poblacion, estos ultimos nunca “dan la cara” se mueven en las sombras.

    Esta Programacion se basa en que el sujeto tenga que sufrir todo tipo de experiencias traumaticas para desterrar en ella la Humanidad y la Empatia y converirlo en un Psicopata sin alma a manos de su Handler,

    Fritz Springmayer, entre otros, nos explica este proceso de como funciona el MK Ultrismo, asi como las familias que ostentan el Poder Real en el Mundo.

    ¿Es PS MK Ultra o Programado Mental tambien dicho? vete a saber, lo que si parece claro es que cumple el perfil para ser marioneta del Poder Real, es tontorron, obediente, chantajeable, malo, ambicioso, inmisericorde,,,,,perfecto para trabajar para los Iluminatis o similares,

  3. El Hijo Perra, ha declarado la guerra a los españoles pero algunos aún le siguen lamiendo el culo a este chulo de putas, algunos le llaman el guapo y a mi se me parece a un sapo, no se de ninguna nación que tenga alguien más dictador que este cabrón el que disfruta viajando en Falcón mientras a los españoles nos quiere encerrar en una habitación.

  4. …..y bla, bla, bla. Estoy harto de rollos, díganme donde se va a hacer la hoguera, para llevar un soplete.

  5. Es las dos cosas a la vez, muy ignorante y mala persona, amoral y especialmente mentiroso, abusador y lacayo.
    Pero el hilo del artículo empezaba hablando del periodista que se negaba a ver lo evidente.
    Anoche escuché yo a otra colega que, aunque se le explicaba una y otra vez, no quería entender que la Junta de Castilla y León no pretendía obligar a nada a las mujeres, sino que sería obligatorio para los médicos ofrecerles la posibilidad de unas pruebas. La señora tenía capacidad para entenderlo, pero seguía haciendo estafa intelectual en la tertulia. Entonces comprendí que detrás de la negativa de los medios a reconocer la inmensidad de las mentiras del covid y de la inoculación, en realidad no hay ingenuidad ni falta de capacidad, sino la voluntaria y consciente decisión de permanecer en la narrativa oficial, y con ello convertirse en cómplices de una atrocidad. Es una opción, pero debemos tener claro que no se trata de despistados, sino cooperadores dolosos en los peores delitos que se han cometido en la humanidad.

  6. No hay que darle tantas vueltas:
    -el robo de la colección de Arte del Duque de Hernani
    -los GAL
    -los,ERES de Andalucia
    -el expediente Royuela
    -el 11M
    -los miles y miles de abortos
    -los pactos de Estado on ritos de sangre
    -los chemtrails,las vacunas,el 5G y el vaciado de Embalses.

    Sólo con eso el PSOE debería ser ilegal y sus miembros encarcelados al menos los tres Presidentes:González Zapatero y Sánchez y los Ministros y Ministras,y exministros y exministras.Lo de los jueces ya daría para otro artículo.

    Se trata de que en el mundo han matado a millones de personas con las vacunas ARNm,y que contra todo pronóstico siguen inoculado,a pesar del rechazo mundial,de las manifestaciones,de las declaraciones de miles de médicos en todo el mundo,de los juicios,de las pruebas…son delitos de Lesa humanidad.

    Debemos de frenar está locura cuanto antes,ya llevamos tres años y siguen igual,y por desgracia en todos los partidos politicos hay gente que insisten en seguir asesinando.

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