El periódico 20minutos publica el 30 de agosto del presente año la noticia de que Pere Aragonès, presidente a la sazón de la Generalitat de Cataluña, durante su intervención en la Rencontre des Entrepeneurs de France de la patronal Medef, que se celebra en París, ha propuesto celebrar un referéndum acordado con el Gobierno Central de España sobre la independencia de Cataluña en el que “las dos partes se comprometan a aceptar el resultado” de la consulta, añadiendo que “Una sociedad que se considere a sí misma madura, que tiene voluntad de autogobernarse, debe poder decidir libremente su futuro”.
Esta intervención fue preparada por una de esas embajadas catalanas repartidas por todo el mundo, financiadas con el dinero de todos los españoles, cuyo único objetivo es acabar con la unidad de España.
Este tipo de referéndum no está contemplado en el Ordenamiento Jurídico Español. A mí me parecería hasta bien siempre que el colectivo de la votación sea el censo poblacional con derecho a voto de toda España y no únicamente una parte de ella. Porque yo pretendo independizarme de los pagos a la Hacienda Pública Española, para lo que voy a hacer un referéndum en mi casa, en el que votaremos mis hijos, mi mujer y yo, y no por eso tengo derecho a hacer extensivo el resultado, que evidentemente va a ser favorable a mis intereses personales, a todo mi barrio, mucho menos a mi ciudad, ni a mi autonomía y, por supuesto, nunca a España en su totalidad.
Para poder llevarse a efecto esa consulta que propone Pere Aragonès, se necesita un colaborador necesario, que es aquella persona que ayuda en la ejecución de un hecho delictivo con un acto sin el cual no se hubiera llevado a cabo, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Pero mucho cuidado, el legislador no previó penas de gran calado y ejemplaridad para este supuesto de referéndum independentista, porque la Transición se hizo por parte de buenas personas, de buena fe, olvidando para siempre el pasado y no pensando en volver a repetirlo nunca. Por ello, si se diera el caso, que espero no sea así, habría que acogerse a la Constitución Española, que en su artículo 2 dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Y al artículo 8, cuyo texto es: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
Sin que signifique que estoy de acuerdo con ellos, hay que citar lo publicado hace unos días por el diario líder francés Le Figaro y las declaraciones de los historiadores Stanley Payne y Pío Moa, entre otros, justificando al alzamiento nacional de Franco, hasta entonces soldado republicano fiel al poder civil, como reacción a la conculcación de la legalidad vigente como autores y como colaboradores necesarios de socialistas, comunistas, independentistas, milicianos y chequistas que ostentaban el Gobierno de derecho y el poder de hecho.
En mi opinión, la República, aunque manifiestamente imperfecta, era legítima. Y quien se subleva contra un régimen legítimo, se llame Mola, Tejero -pobre cabeza de turco de más altas instancias de aquel momento-, Franco, Companys, Largo Caballero, Indalecio Prieto o Puigdemont, carece de legitimidad y es un golpista, o un sedicioso.
Pío Moa en concreto mantiene que la izquierda en general y el PSOE en concreto son los principales responsables de la guerra civil; para los republicanos y los socialistas, la república era de su propiedad y cualquier violencia la consideraban legítima para impedir a la derecha su acceso al gobierno mediante elecciones pacíficas; la huelga general de 1934 fue planeada como un golpe de Estado; Franco fue el último personaje de esos años en sublevarse; los figurones del Frente Popular huyeron de España con un inmenso botín y abandonaron a sus sicarios implicados en asesinatos, violaciones y robos; etcétera. Libertad Digital del 29-08-2022.
Claro que una nueva contienda bélica civil es impensable ahora, primero porque el espíritu democrático (si la democracia es solo votar una vez cada cuatro años) está muy arraigada en la sociedad española; segundo porque nuestra pertenencia a la Unión Europea no da opción a pensar por sí solos; tercero porque sanchistas, comunistas e independentistas no discuten ni dialogan con nadie que no tenga sus ideas, lo único que quieren es alguien que les reafirme en que están en la dirección correcta; cuarto porque situaciones de ese tipo, en tiempos de guerra y crisis económica-financiera mundial, solo traen piojos, hambre y miseria; y quinto, porque los fajines en activo son todos afines a la causa, habiendo enviado a su casa a los que con tres mantecados en la bocamanga no eran adictos del todo que, ya jubilados, hablan de hipnosis colectiva o estado de inconsciencia al ciudadano provocado por los gobernantes y de que su juramento a la Constitución y al Rey no es manipulable.
Mi amigo Antonio Bravo Fernández, con la sabiduría de haber sido cartero durante muchos años, de aquellos que llevaban una gran cartera de cuero al hombro y sabía quién y qué día recibían cartas todos y cada uno de los vecinos, ha iniciado una serie que titula HEREDEROS, dirigida especialmente a todos los políticos, politiquillos, mequetrefes, embaucadores y mindundis de la política, falsos demócratas que se permiten insultar de forma reiterada a cualquiera que no sea de su cuerda política.
Lo que ha escrito sobre el actual presidente catalán Pere Aragonés, es lo siguiente: “Su abuelo fue JOSEP ARAGONÉS I MONTSANT. Empresario franquista nacido en Pineda de Mar y alcalde de este mismo municipio desde 1966 hasta 1987. Hizo su fortuna al abrigo del régimen franquista en diversos sectores, entre otros el hostelero. Propietario de varios hoteles, entre otros, Bahía Tossa, Mar Menuda en la Costa Brava, y su hotel estrella el Taurus Park, con lo que el total de plazas hoteleras asciende a 1930.
Cabe recordar, que durante la construcción de su hotel estrella Taurus Park en 1962, parte del edificio se derrumbó provocando la muerte de 18 trabajadores (al parecer todos eran andaluces charnegos)
Curiosamente, l’avi (el abuelo) quedó exonerado de cualquier responsabilidad, responsabilidad que se le exigió en su día a Jesús Gil por el mismo delito cuando se derrumbó el edificio que construía en Los Ángeles de San Rafael, por lo que fue condenado a varios años de cárcel.
Fundador de AP (Alianza Popular) en su pueblo de Pineda de Mar y avalado por Manuel Fraga y firmante como alcalde de la esquela mortuoria del Almirante Carrero Blanco.
Como podemos ver, el abuelo Aragonés formó parte de esos grandes terratenientes que durante la dictadura franquista hicieron grandes negocios que les proporcionaron pingües beneficios, esa misma dictadura de la que sus “HEREDEROS” reniegan.
En fin, que el nacionalismo separatista está lleno de familias ex franquistas que viven de lloriquear contra Franco.
Queramos o no, todos somos herederos o descendientes del antiguo régimen de alguna manera, directa o indirectamente, e incluso también del régimen republicano. Cuando acuséis a alguien de ser “HEREDERO” del franquismo, repasad vuestro árbol genealógico”.
Confío en que la PRUDENCIA, definida como la capacidad de pensar, ante ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios, se imponga en todas las personas y ante todos los acontecimientos.
Que no se vuelva a repetir la historia del guerrillero y mariscal de campo Juan Martín Díez “el Empecinado”, ajusticiado por oponerse a Fernando VII, que dejó una frase para la historia: “Diga usted al rey que, si no quería la constitución, que no la hubiera jurado; que el Empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos”. Y de manera especial, a nuestro presidente Pedro Sánchez, al que le recuerdo la canción que escribió el fallecido Luis Aguilé, prohibida en su día en los países sudamericanos filocomunistas, como Cuba, Nicaragua y similares.
Yo soy un ciudadano, común y corriente, sólo tengo un voto
Que usted me ha pedido, como a tanta gente, a la que ha convencido.
Y yo se lo he otorgado, esperando confiado, a que llegue ese día
En que vea cumplido, al pie de la letra, lo que ha prometido.
Sé muy bien que no es fácil, gobernar todo un pueblo, sin tener problemas
Repartir la riqueza, llevándole a todos, el pan a sus mesas.
Y vamos a esperar, que usted pueda lograr, sin hacer excepciones
Que a la cárcel irán, los que deben pagar, todas sus corrupciones.
Que se imponga la Ley, no queremos perder nuestra forma de ser
Somos gente de paz, que no tenga ocasión, de ganar el ladrón
Porque usted nos juró ¡Proteger la Nación!
Me han venido a encuestar, porque quieren saber, qué esperamos de usted
Que la inseguridad, con la que hay que acabar, sea una prioridad.
No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón
Esto debe cambiar, venga usted a gobernar, con firmeza y acción.
Usted irá protegido, entre luces y motos, por la policía
Y nosotros estamos, expuestos al crimen, de noche y de día.
No se puede salir, no se puede vivir, de una forma decente
Ya no somos nación, ahora somos el Reino de los Delincuentes.
Que se imponga la Ley, no queremos perder nuestra forma de ser
Somos gente de paz, que no tenga ocasión, de ganar el ladrón
Porque usted nos juró ¡Proteger la Nación!
Cuando llegue a mandar, no sólo ha de ayudar, a los de su partido
No se quiera quedar, para toda la vida, como un elegido.
No se deje llevar, por esa tentación, de cambiar la Nación
Y arreglar a su hechura y a su conveniencia, la Constitución.
Y ahora sólo le pido, que mi humilde voto, no caiga en su olvido
Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria, y entrar en la historia.
No nos mienta jamás, no use la demagogia, engañando a la gente
Cumpla usted con honor, va con todo respeto, señor presidente.
En la localidad catalana de Sitges, hace unos años se hizo una consulta popular para cambiarle el nombre a una calle. Obviamente, la calle se llamaba España y llevaba con ese nombre muchos años (aún sale en algún plano callejero despistado). El nombre que se proponía era Calle de la bassa rodona (balsa redonda, gran e ilustre nombre, ya ves).
En la consulta participó un 3% de la población sitgetana; repito, un 3% (no me he equivocado).
El sí, como no, gano con un 89%.
La cuestión es que NO pueden aceptarse consultas en las que participen menos de la mitad de la población (¡un 3%!). Eso es algo antidemocrático. Una participación así significa que dicha cuestión no tenía ningún interés para la ciudadanía y lo lógico habría sido, además de anular el resultado de la consulta, que todos los políticos que la alentaron, dimitieran y pagaran de su bolsillo los gastos de la misma. Amén de quedar inhabilitados para cargo público de por vida.
Eso habría sido lo lógico en un sistema sano y democrático. Pero en Cataluña y en España, hace mucho tiempo que eso no existe.
Resistencia.