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El Gobierno ha indultado a MARÍA SEVILLA, mujer condenada por el secuestro de su propio hijo durante más de dos años y medio, aislado en una comunidad extremista religiosa en la provincia de Cuenca, sin escolarizar, tras conocer que varias sentencias otorgaban la custodia del menor al padre, tras el divorcio de ambos, al que acusó de abusos sexuales al niño y por los que éste –hasta en seis ocasiones diferentes– quedó libre de toda sospecha.

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María Sevilla fue presidenta de la Asociación Infancia Libre, asociación sin ánimo de lucro que asesora y colabora con Podemos en la lucha, supuestamente, a favor de la protección integral de los derechos del menor.

Su expareja y padre del niño secuestrado declara públicamente que su hijo tenía miedo, falta de sociabilidad y escolarización: “Con once años, tenía un nivel académico de segundo de primaria, no sabía restar grandes cantidades”, y a falta de once vacunas sanitarias; en la actualidad tiene quince años y se encuentra estudiando segundo de la ESO, que le cuesta mucho ir sacando adelante porque tiene déficit de atención.

El indulto es una medida de gracia por la que se extingue la responsabilidad penal y se libera al autor de un delito de cumplir con todas o con alguna de las penas impuestas, está contemplado en la Constitución Española y recogido en la Ley del indulto de 1870, aún en vigor, que habilita al Ejecutivo a tomar esta decisión por “razones de interés general”.

¿Cuál es el interés general del indulto que nos ocupa? Ninguno. Es más, “es una nueva victoria de las feministas” como lo ha definido Irene Montero, quien ha añadido que “el indulto a María Sevilla es patrimonio del movimiento feminista de nuestro país”.

Estamos, en mi opinión, ante un “indulto ideológico”, digno de una dictadura con letras mayúsculas, en la que se convierten en intocables aquellos que pertenecen al partido gobernante, viciando los tribunales de justicia que, además, tienen que aguantar que la señora Montero les diga que “hay que impartir justicia con perspectiva de género”. Tírate estudiando leyes y aprobando duras oposiciones durante una treintena de años para que venga una psicóloga sin ninguna experiencia ni cotización a la Seguridad Social, que trabajó como cajera de supermercado durante menos de un año, para que corrija a todos los tribunales de justicia españoles e imponga su criterio con una desfachatez que ni Franco se hubiera atrevido a ello con uno de sus “camisas azules”, con el único mérito tangible de haber sido compañera sentimental de un comunista confeso llamado Pablo Iglesias Turrión. La que se hubiera armado si la princesa Corina hubiese sido nombrada Ministra de Entrepiernas del Ejecutivo español.

Deberían saltar las alarmas sobre este indulto infame y la sociedad que, bajo un falso planteamiento feminista, esta señora y sus conmilitones, unos por adhesión y otros por miedo, quieren imponernos, invirtiendo la carga de la prueba para que prevalezca la palabra de quien sea o diga sentirse mujer, dejando en papel mojado los artículos 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y artículo 24.2 de la Constitución Española: “Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia” que es, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo “un convencimiento subjetivo del órgano judicial”, es decir, alguien no podrá ser culpabilizado mientras no se demuestre que lo es.

Según “Juristas del Futuro”, el concepto de presunción de inocencia es tan antiguo como la humanidad y ha ido evolucionando de manera simultánea con la ciencia jurídica. Sus orígenes se remontan a la época del gran Imperio Romano (Derecho Romano); sin embargo, con la aparición de la Santa Inquisición se dejó a un lado, gracias a que el sistema jurídico de la Iglesia Católica estaba más relacionado en que la duda era considerada un sinónimo de culpabilidad.

Posteriormente, este derecho se retomaría por allá de 1789 cuando el Rey Luis XVI aceptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptado por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Cabe mencionar que este derecho vuelve a aparecer en el siglo XX en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).

Actualmente, la presunción de inocencia es un componente clave del Sistema de Justicia Penal, siendo un derecho primordial dentro de los procesos penales. Respetar el principio de presunción de inocencia es una obligación que debe de tener toda autoridad.

De Román Díez escribe en “El Derecho Fundamental de Presunción de Inocencia. Carga de la prueba” que el derecho de presunción de inocencia corresponde a todo imputado en un proceso penal a ser tratado como si fuese inocente, hasta que una sentencia firme establezca su condena. Dicho derecho constituye uno de los pilares básicos del sistema penal de los Estados democráticos, recogido en distintos instrumentos internacionales.

En nuestro derecho se encuentra expresamente recogido en la Constitución Española en el artículo 24.2. La presunción de inocencia está también reconocida en distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) cuando establece que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), cuyo artículo 14.2 dispone que: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”; en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) cuyo artículo 6.2 proclama que: ” toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida” en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), cuyo artículo 8.2 establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”; y por último, en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Banjul 1981), en cuyo artículo 7.b) se reconoce el derecho –de toda persona¬– a que se presuma su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad por una corte o tribunal competente”.

Según nuestro Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia tiene una doble dimensión cuando dice que “opera en el seno del proceso como una regla de juicio, pero constituye a la vez una regla de tratamiento, en virtud de la cual el imputado tiene derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo” (STC 128/1995 de 26 de julio, cuando se refiere a la prisión provisional).

Como regla de tratamiento, determina que el imputado ha de ser tratado como si fuese inocente, hasta que una condena definitiva no demuestre lo contrario está presente en el proceso penal a lo largo de todas sus instancias.

Como regla de juicio, la presunción de inocencia despliega sus efectos en el momento de la valoración de la prueba. Se encuentra ligada a la propia estructura del proceso, y en particular a la declaración del hecho probado. Mientras en el proceso civil el juez ha de considerar los hechos alegados por las partes enfrentadas como datos a probar por quien los afirma; en cambio, en el proceso penal el juez tiene como punto de partida la inocencia del imputado, de forma que si el acusador no acredita cumplidamente su acusación contra aquél, la inocencia interinamente afirmada se convertirá en verdad definitivamente después de que el juez o tribunal aprecie la prueba según el principio de libre valoración, en los términos referidos por el artículo 741.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en su apartado (V), el juez o tribunal tiene obligación de razonar la prueba, es decir, debe explicitar las razones por las cuales ha otorgado valor probatorio a determinada prueba, ello como derivación del derecho a tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 de la CE), pues dicha obligación no se encuentra expresamente prevista en la normativa legal, pues “la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración” como tiene dicho el TC en sentencia 34/1996.

Volvemos a Irene Montero y Podemos, ¿qué ases tendrá en la manga para someter al PSOE a conculcar la Constitución, la lógica y la democracia en España? Buscan acomodar la Justicia a su servicio y estar por encima del bien y del mal, sus ocurrencias son la ley.

Coincidiendo con este indulto, se conoce que un expolicía municipal de un pueblo de Sevilla ha sido condenado por un Juzgado de Granada a cuatro años y cuatro meses de prisión porque aprovechó un turno de visita a sus dos hijos para no devolvérselos a la madre en Armilla (Granada), manteniéndolos ocultos varios días. La Fiscalía pedía 17 años de prisión, misma pena que solicitaba la acusación particular, que ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Veremos si a este también lo indultan, porque estoy seguro de que este pobre hombre sigue en su pueblo reconcomiéndose su pena, no como una paisana mía que se fue a Madrid con una almeja y hoy tiene cuatro pescaderías. Ahí está la diferencia, entre “ser de pueblo” o “engañar al pueblo”.

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Antonio Campos
Antonio Campos nació en Ciudad Real, en la España del queso amarillo y la leche en polvo de los americanos. Licenciado en Económicas, Diplomado en Humanidades, PDG por el IESE. Ha trabajado durante muchos años en un importante grupo multinacional del sector financiero, al que reconoce estar agradecido por haberle dado la oportunidad de desarrollarse profesional, académica, personal y humanamente. Conseguida cierta estabilidad profesional y dineraria, volvió a su verdadera pasión de juventud, escribir; desde entonces, han sido cuatro libros y unos dos mil artículos de opinión, económica y política, publicados en diferentes medios de comunicación, pretendiendo conjugar la libertad individual o personal (el progresismo) con la libertad económica (el conservadurismo), elogiando las ideas y no las ideologías. Y lo hace, dice, pretendidamente independiente, ideológica y socialmente, con la libertad de quien tiene libre el tiempo, el pensamiento y la palabra.