Continúan las represalias contra el presidente de ACODAP por denunciar la corrupción. Mañana, lunes 4 de abril a las 12:30 horas, está previsto que se celebre otro juicio-teatro que ha desatado gran expectativa. El colmo del recochineo es que al juez Presencia le cuelgan de rondón, para su supuesta “defensa”, a un abogado que actuó como testigo contra él en otro juicio que fue un escándalo. No cabe mayor despropósito ni amaño.
El letrado de marras nunca se ha entrevistado con su cliente, como es lo mandado entre cliente y representante legal. El referido “profesional” del Derecho torcido es el mismo que participó como letrado en el amaño del juicio contra Lugones, el recaudador de tributos de manos ligeras que estafó a varios ayuntamientos. Recordemos que Lugones es el padre de la empleada del Caixabank que llegó a un inconcebible acuerdo con el fiscal del chalet ilegal, de modo que el mangante no ingresase en prisión al tiempo que se simulaba una hipoteca imaginaria que cubriría las espaldas del fiscal ante terceros.
Ese irregular acuerdo también ha sido denunciado por ACODAP. El fiscal sin pelo se defiende como gato panza arriba para intentar no pagar por sus felonías. Por supuesto, el abogado tan “espabilao” y servicial ha sido denunciado donde corresponde. Lo correcto hubiera sido que hubiese renunciado de motu propio a la “defensa” ese inquieto abogado que se ofreció para ser testigo de cargo contra el juez Presencia.
Un fiscal corrupto junto con una empleada de Caixabank urden una burda venganza personal contra el juez Presencia
La insólita parejita amañó todo lo amañable para salirse con la suya, creyéndose impunes. Pero el juez Presencia tuvo conocimiento de todo siendo Decano y actuó como manda la Ley, denunciando las sucias maquinaciones. Ambos han sido denunciados por ACODAP junto con un abogado que ha unido para formar el trío.
La empleada del Caixabank estaba dispuesta a todo con tal de no ver a su padre ingresar en prisión. Su deseo coincidió con la necesidad del fiscal Demetrio de simular la compra de un chalet recibido como soborno. Llegaron a un acuerdo que satisfacía las aspiraciones de ambos.
Demetrio maniobró burlándose de los resortes de la ley para ventilar con una exigua condena de solo dos años al recaudador de tributos que estafó a los ayuntamientos de Cazalegas, Velada, Calera y Chozas, Navalcán (cuyo alcalde Manuel Arroyo Domínguez era también el abogado de la acusación particular), Las Ventas de San Julián, Alberche, Aldeanueva de Barbarroya, Rielves y Las Herencias.
Tras el acuerdo, la Audiencia Provincial de Toledo condenó a José Luis Lugones, el recaudador que estafó a diez municipios de la comarca de Talavera de la Reina, a una pena que le libraba de la prisión por un delito de malversación de caudales públicos. La condena llevaba asociado el pago de las indemnizaciones a los ayuntamientos por importe de 1.420.431,05 euros. Al tratarse de una pena de dos años, el penado no debió cumplirla con cárcel por carecer de antecedentes penales. Demetrio y Arroyo alcanzaron un acuerdo, por lo que se hizo innecesaria la celebración del juicio.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Talavera de la Reina instruyó la causa. Como acusadores actuaron el fiscal coleguita de la empleada de banca, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y los ayuntamientos estafados.
No es casualidad que esa conformidad tan favorecedora para el recaudador Lugones se alcanzara en la fiscalía de la adscripción territorial de Talavera de la Reina, cuyo fiscal decano, el mencionado Demetrio, había sido denunciado por corrupción y blanqueo de capitales, por la presunta simulación de las operaciones jurídicas que él y su esposa llevaron a cabo para la “adquisición” de su chalet.
Escasa es la condena pactada a la que llegaron ambas partes, teniendo en cuenta que se trataba de un delito de corrupción administrativa con una cantidad defraudada superando con mucho los 250.000 €. Sorprendente y benigno acuerdo porque el Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo establecía en junio de ese mismo año la pena aplicable de hasta los 12 años para los casos de falta de conformidad, como sería el caso de no llegarse a un acuerdo.
Una de las operaciones jurídicas “presuntamente” simuladas por el fiscal Demetrio, le habría servido que sirvió para constituir una hipoteca ficticia que enmascararía la adquisición de su chalet. La operación se fraguó en la oficina de CaixaBank donde la directora era la mismísima hija de Lugones, de nombre Tania María Lugones Álvarez. Así aparece reflejado en la escritura de constitución del curioso préstamo hipotecario.
Esta hipoteca, por importe de 400.000 €, fue constituida por Demetrio y su mujer, María García García, según explicaron en un escrito dirigido a la fiscalía, para novar las dos hipotecas que supuestamente servirían para financiar la construcción de su chalet. Pero el dinero se destinó realmente a extinguir la hipoteca de un segundo chalet.
El tejemaneje hipotecario se produce un año después de que la Confederación Hidrográfica del Tajo sancionara a la pareja con la demolición de la vivienda, por haberse construido dentro del dominio público hidráulico, en la zona de policía del arroyo de la Fuente o Berrenchín.
El valor de tasación del chalet que figura en la escritura de hipoteca es de 551.300 €, cuando según el art. 44 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, los edificios en demolición se tasarán solo por el valor del terreno, que en el caso del chalet del fiscal ni siquiera llegó a los 100.000 €.
El perito Emilio Barroso González subrayó en un informe pericial aportado a la fiscalía que, esos “hechos y operaciones […] pudieran estar relacionados con el blanqueo de capitales y suponen indicios de simulación de actividades lícitas aparentes”. El valor económico del inmueble había reducido drásticamente su al haberse ordenado su demolición un año antes. Esto permite concluir que Demetrio y su mujer habrían podido cometer un presunto delito de estafa del artículo 251.2 del Código Penal, en el caso de que hubieran omitido comunicar a la entidad financiera que había sido ordenada la demolición del inmueble hipotecado un año antes.
Si no omitieron esa circunstancia, y a pesar de ello el Banco consintió en constituir una hipoteca por un importe seis veces superior al valor del bien hipotecado, entonces los delitos cometidos por ambas partes contratantes habrían sido el de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Ahora, el Caixabank pretende expulsar de su domicilio al Juez Presencia y su familia, valiéndose de trampas y amaños persiguiendo represaliar al juez denunciante de corrupción como venganza por ponerles entre la espada y la pared.
