Nos hacemos eco de una noticia que se publicaba hace unos días, en la que se informa que tres altos cargos del Ministerio de Sanidad han sido imputados por un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraudes.
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Así lo informa el digital 20 Minutos en un artículo que puedes leer en este enlace, y en el que se dice que los tres imputados son: Alfonso María Jiménez, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, y Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
Y se explica que las compras investigadas no se reducen a la compra de mascarillas, sino que otro material sanitario está siendo objeto de las pesquisas. De los 56 contratos que están siendo escudriñados, la querella afirma que al menos 12 se concedieron a empresas “dudosas”.
Pero pocos medios hablan de esta imputación que afecta al Gobierno de Pedro (Antonio) Sánchez, pocos medios se hacen eco de esta investigación judicial tras una querella de Vox por irregularidades en la compra de mascarillas y otro material sanitario.
Eso sí, de Isabel Díaz Ayuso, de José Luis Martínez Almeida y demás no dejan de hablar. Cuanto menos curioso, ¿no?
¿Y por la falsemia no se les imputa?
Estos delincuentes deberían pasar por la guillotina o aparecer colgados en cualquier esquina ya que jamás los delincuentes van a pagar por nada ya que ellos son los que tienen la justicia comprada.