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Lo acaecido esta semana en Melilla desgraciadamente otra vez es histórico. El ministro Marlaska de nuevo se ha encontrado en esa posición equidistante en la que se mueve como pez en el agua, entre la defensa a ultranza de los derechos humanos posicionándose de manera hipócrita desde el cargo que ostenta como defensor del cometido de las FFCCSE y el estricto cumplimiento de la Ley.

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A primera vista parece obvio por las quejas de los sindicatos policiales, que el Gobierno siempre coloca primero encima de la mesa el bienestar de los delincuentes que asaltan la frontera, considerándolos las víctimas del conflicto. Es rigurosamente cierto que los asaltantes de la valla son los parias del mundo y que desde el principio de los tiempos han sido manipulados por intereses espurios, pero eso no es óbice para que nuestros corazones se derritan ante los discursos compasivos del Gobierno, que siempre dictaminan la defensa de la injusticia como parte de su ideario adueñándose de la defensa de la misma.

La frontera de un país es sagrada pues delimita nuestra soberanía como país y pueblo. Es inconcebible que no se invierta lo que sea necesario para corregir de una vez esta flagrante y continua vulneración. Estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de la población vería con buenos ojos que no pasara ni uno si se dispusiera de los medios adecuados. No puede ser que los sindicatos policiales sean ninguneados continuamente mientras los de masas (UGT y CCOO), son hinchados e inflados anormalmente a mansalva con fondos públicos para que se dediquen entre otras cosas a blanquear a los terroristas de la ETA, a los golpistas catalanes y por supuesto: a robar a los parados, como así ha sido sentenciado en Andalucía, y actualmente está siendo investigado en Madrid y Asturias.

Los policías y guardias civiles están pidiendo ayuda de forma incesante a los políticos y a la sociedad en general de manera desesperada. Son quienes salvaguardan nuestra seguridad y aunque en lo peor de la pandemia fueron cuestionados por algunas extralimitaciones, y por formar parte del aparato político, hay que diferenciar entre las bases y sus altos mandos elegidos políticamente. No hablamos del control de las calles buscando a personas sin mascarillas o paseantes de mascotas; hablamos de profesionales sin los medios adecuados para parar la avalancha de parias, que desde África nos entran sin permiso usados como medida de presión para extorsionar a nuestro Gobierno y desestabilizar el país.

Es público que el pasado día 01 de marzo la zona del vallado por el que han entrado los subsaharianos, fue avistado un alto mando militar marroquí -–seguramente supervisando el terreno–, pues en esa zona la valla está en obras ya que está siendo reformada ya que desde su última reforma en 1994 se encontraba en una situación muy vulnerable estratégicamente. Casualmente al día siguiente las hordas africanas perpetraron su ataque por lo que se confirma con total seguridad que con esta acción, el Gobierno marroquí vuelve a dar públicamente otra muestra de la debilidad del actual Gobierno español, mostrándole al mundo quien controla la situación en el estrecho, mas aun después de haber cerrado a España el oleoducto que llega desde Argelia.

Se avecina otro nuevo chantaje al que el Gobierno de Sánchez y el indigno Marlaska cederán otra vez –probablemente con la bendición de la administración Biden–, para que sea España quien financie los nuevos tramos de la valla del lado marroquí pendientes de acometer –supuestamente en previsión a los incumplimientos o retraso de lo acordado y pactado el pasado verano entre ambos países para parar la crisis–.  Marruecos no acostumbra a tragarse las mentiras de España y en este caso solo ha otorgado seis meses desde la invasión de los 10.000 en Ceuta –con la excusa de ver jugar a Cristiano Ronaldo y que acabó, con la necesaria intervención de los regulares–, para volver a dar otro zarpazo al maltrecho orgullo español en el concierto internacional.

Nuestros funcionarios trabajan sin los necesarios y más modernos medios –disponibles en la península–, para este tipo de crisis política y humanitaria. Carecen del material antidisturbios adecuado, disponen de vehículos que no podrían circular por Madrid central, por lo viejos y obsoletos que están y por supuesto: no son los efectivos suficientes.

En definitiva: están olvidados de la mano de Dios por la parte del Gobierno responsable de la Seguridad Nacional y de ellos mismos es decir, el Ministerio del Interior. Además son crucificados continuamente por la parte comunista del Gobierno y sus socios Frankenstein de carácter antisistema, quienes los califican como asesinos en la tribuna del Congreso, o en cualquier otra institución política que se precie sin que haya ninguna repercusión política o legal. Se trata de un atropello sin precedentes que debe ser denunciado al menos desde esta humilde tribuna.

Sirva la presente como muestra de agradecimiento infinito a quienes arriesgan su vida para defender la nuestra. A quienes protegen nuestras fronteras a riesgo de condicionar la suya, simplemente por aplicar el reglamento. A quienes anteponen en definitiva el bienestar del colectivo que los maltrata sistemáticamente, al suyo y al de sus propias familias por unos salarios y unas condiciones de vida en ocasiones, tercermundistas.