Guerra abierta

Bastante atrás queda el tiempo, más de 37 años, en el que criticar a la Justicia, o poner en duda sus actuaciones, eran causa de cárcel o fuertes multas. Eso fue lo que le ocurrió al ex alcalde de Jerez y ex parlamentario andaluz, Pedro Pacheco, cuando se atrevió a decir que “la Justicia es un cachondeo”. Dicha frase, junto con la de con “complacencias y connivencias entre algunos magistrados y los abogados defensores” de Bertín Osborne, en relación con la demolición del chalet de este último; le valió una condena de dos meses de arresto mayor e inhabilitación absoluta de seis años y un día, impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Habiendo recurrido la sentencia, en 1.988 fue anulada por el Tribunal Supremo.

[Cuando Pipi Estrada Definió A Terelu Y Cuando No Existía El Pudor]

El paroxismo llega cuando los jueces se pasan a la política, que, para mi modo de ver, no debieran volver a la carrera judicial hasta pasados diez años después de haberla dejado; criticando o desprestigiando a la carrera o a sus propios compañeros y colegas. Así, el ex juez prevaricador, Baltasar Garzón, que ocupó cargo político en uno de los gobiernos de Felipe González, en relación con la causa de los ERE, instruida por la juez Alaya, cuestionó de forma severa su instrucción, recomendando consultar al Tribunal Supremo y avisando de los peligros de una posible nulidad de la causa.

Este malestar, dentro del poder judicial, se acentúa cuando son jueces en actividad política del rango de ministro, son los que critican a la institución a la que pertenecen por carrera; no es escribir por hacerlo, si no que son hechos constatados; es el caso de las críticas de la siempre ponderada Ministra de Defensa, que, en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el confinamiento debido al Cobi-19, lo critica con la frase “Son elucubraciones doctrinales”, añadiendo “Me duele que el Tribunal Constitucional haya entrado en ese debate”, y que “durante meses haya estado con filtraciones de los debates internos que tenía sobre esta materia”. También calificó la sentencia de “sembrar dudas” sobre la gestión de la pandemia y que no debiera entrar en estos debates cuando lo que debería anteponerse, cuando uno está en el TC, es el “sentido Estado y cual es la realidad”. Es decir; lo que Margarita Robles le viene a decir a dicho tribunal, es que las sentencias deben amoldarse a lo que apruebe el Consejo de ministros y no le contradiga. No sale mejor parado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al haber hecho pública la llamada privada que le hizo el Rey, acusándolo que lo hizo “con una finalidad clarísima, que es criticar y poner en cuestión al Gobierno de la nación”.

Otro que tal baila, y este se lleva la palma por sus marcados tintes políticos que nunca se esperaban de él, es Grande-Marlaska, que, ante la sentencia sobre Isabel Serra por haber agredido a la policía en una manifestación por un desahucio, y que Pablo Iglesias criticó como una injusticia, manifestó, alineándose con diferentes miembros del Gobierno, que no supone “una falta de respeto al poder judicial” y que “entran dentro de la posibilidad de una crítica a una resolución judicial”. Tampoco cabe señalar como que sea un ataque a la independencia judicial, si no “únicamente una valoración de una persona perteneciente a un partido político del cual es secretario general”. Todo ello en relación con las críticas de Pablo Iglesias.

Marlaska no solo ha tenido tiempo de minusvalorar las críticas a las sentencias judiciales, sino también por enfangarse en mítines políticos; es el caso cuando en uno de ellos, en Abril de 2.021, tildó al PP de “organización criminal”. Por ello, no solo dicho Partido exigió su cese, sino que también dos agrupaciones de jueces, la Asociación Judicial Francisco de Victoria y el Foro Judicial Independiente; señaló la primera que “hace un daño irreparable” a la Justicia en el caso de que decidiese retornar a la carrera judicial; la segunda de las mencionadas, consideró que dichos pronunciamientos deberían inhabilitarle para regresar a la judicatura, pues dañan su imparcialidad.

El portavoz de la Asociación antes mencionada, Jorge Fernández Vaquero, ha ido más allá en las críticas a Marlaska, al decir que el daño a la Justicia “ya está hecho” y que “le entristece ver a un compañero en este tipo de fango verbal”.

La portavoz del antedicho Foro, Concepción Rodríguez, no se ha quedado a la zaga en mostrar su malestar, cuando manifiesta que “Esperamos que no vuelva, porque este tipo de manifestaciones y, sobre todo, el ejercer como político, te inhabilita para determinados cargos”. Mas clara no pudo ser, aunque dudo que Marlaska le quede algo de dignidad y siga su consejo.

No se para aquí la crítica a los jueces, pues si así obran los que jueces son, más todavía se manifiestan los que no lo son y ejercen, aunque sea temporalmente, de políticos y de miembros del Gobierno. De este modo, la que fue vicepresidenta del mismo, aquella de “el dinero no es de nadie”, Carmen Calvo, en Diciembre de 2.020, acusó al CGPJ de “poner en solfa la democracia”, por no respetar al Congreso, revelando una conversación entre el presidente de dicha institución y el ministro de Justicia. Una señora que fue ministra en dos ocasiones y licenciada en Derecho Constitucional, dando a entender que no cree en la separación de poderes del Estado en España, y, por ende, en la ausencia de democracia. Tanto es así que llegó a decir que el nombramiento de jueces por el CGPJ era una “decisión insólita”, añadiendo entre otras: “Los demás poderes tienen que estar en obediencia del Parlamento, que es el órgano que bombea la sangre de la democracia”.

Ante esta y otras manifestaciones, no es de extrañar que el diario The Economist califique a la democracia española como una democracia defectuosa, en el Indice de Calidad Democrática, bajándola de la categoría de democracia plena, tras analizar la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces y concluir que este bloqueo pone en riesgo su independencia y aumenta las posibilidades de su politización.

En riesgo de su independencia y su politización ya lleva tiempo en ese estado.

Otra, pero peor que la anterior, es la ministra de Igualdad, o de Igual-da, como algunos la denominan, al tachar al CGPJ de “patriarcal”, “que se ha opuesto a todas las leyes que han supuesto avances significativos para los derechos de las mujeres”. Para Irene Montero lo que sería bueno es que hubiera barra libre para sus leyes.

Otra ministra de la misma coalición política, Ione Belarra, manifestó en Julio del año pasado, “En España la oposición al gobierno la están haciendo los jueces”, en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inconstitucionalidad del confinamiento decretado por el gobierno; añadiendo que se trata de una higiene democrática que se lleve a cabo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que no aclara es que tal higiene no se produce debido a la falta de acuerdo de su socio de gobierno y del PP, no solo de este último.

No es la única ocasión en la que Belarra critica a la Justicia, pues en Octubre del próximo pasado año lo hizo teniendo como diana al Tribunal Supremo en relación con la sentencia sobre el podemita Alberto Rodríguez, tachando a sus miembros poco menos de prevaricadores.

Siguiendo con el rosario de críticas al poder judicial, llegamos hasta el que fue vicepresidente del gobierno y el mayor demagogo del reino, aunque para este título hay varios candidatos; Pablo Iglesias, que en diversas ocasiones se manifestó en contra del mismo. Así, en Abril de 2.020, con motivo de la condena a la podemita Isabel Serra, se permitió escribir en Twitter: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Naturalmente, el CGPJ, contestó con dureza a estas manifestaciones.

Es inaudito que un individuo, cuya formación política fue subvencionada de forma indirecta     por Irán y Venezuela, en cuyos países las leyes son las de sus dictadores, y que en sus filas tenga

miembros que, con sus delitos, hayan agotado todo el articulado del Código Penal, venga a dar lecciones de democracia y justicia a los españoles y a uno de los poderes del Estado, cuando no a los tres.

Uno de los que nunca acierta en sus críticas, así lleva “palos” en Twitter”, medio que le apasiona y del que es muy aficionado, que da la impresión de que le mantiene en su puesto el Partido para que reciba las “tortas”; es Pablo Echenique. En relación con la condena a Isabel Serra, en su medio favorito lanzó: “Isa Serra ha sido condenada sin pruebas” … “Obviamente recurriremos, pero yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. Qué vergüenza”. En contestación a la queja del CGPJ, señaló que “Lo que deteriora la imagen de la Justicia son las sentencias dictadas sin pruebas materiales”.

Cabe señalar que tanto Pablo Iglesias como Echenique no leyeron la sentencia, dado el escaso tiempo habido entre el acceso a la misma y sus manifestaciones; es obvio que “tocaron de oído”, pues aún no tenían la “partitura” en sus manos.

No podía faltar en estas líneas, la opinión del comediante Gabriel Rufián, que ameniza las sesiones del Congreso de los Diputados con sus chorradas infumables. Ante la propuesta del PP y PS de designación del magistrado Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ antes de su elección por los vocales, señaló que supone “un premio hacia aquellos que han reprimido, golpeado y auspiciado la represión al pueblo de Cataluña”.

Sobre el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que presidiría el tribunal que se encargaría del juicio del proceso catalán, en sustitución de Marchena si este fuera nombrado presidente del CGPJ, dejó caer que su opinión sobre la mayoría de los jueces es “bastante negativa”, ya que entiende que acaban trabajando para el poder económico o para el poder político”. “Solo le falta en la toga el logo del PSOE, del PP o de los bancos”.

Recordando la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas, manifiesta que hay 13 jueces en el Tribunal Supremo que trabajan para la banca, lo que “es un problema para todos, votes a quien votes”.

Siguiendo al escritor y pedagogo latino Quintiliano “, diremos que “Condenan lo que no entienden”.

Los ataques verbales a los jueces y tribunales de justicia, no son exclusivos de la izquierda, dado que también el PP ha participado en ellos, como veremos.

En Mayo de 2.016, el que era portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que, en referencia al juicio del caso Bárcenas, y en referencia al juez José de la Mata, recuerda que dicho juez de la Audiencia Nacional, fue director general de Justicia con el gobierno de Zapatero; tilda la decisión de darle un plazo de diez días para depositar 1,2 millones de euros de fianza al PP, de “no muy justa”.

Añade Hernando: “Como nosotros le habíamos criticado tanto cuando era director general a

lo mejor puede que esté un poco afectado por estas críticas del PP y se le haya nublado el juicio. Creo que hubiera sido más deseable que se hubiera inhibido en este caso”.

A mi entender, con esta afirmación, no se puede decir que fuera una crítica al juez, y menos si tenemos en cuenta la participación activa del mismo en la política, y concretamente en el Partido adversario de cuyos miembros se juzgan. Puede apreciarse que salvo lo de “nublado el juicio”, no se observa una crítica o acritud en sus manifestaciones; es más, en sus frases pone palabras de duda no de afirmación, como “a lo mejor puede”, o de deseo, como “hubiera sido más deseable”.

Nada que yo no hubiera deseado de ser político y tuviera que ser enjuiciado por un juez que hubiera sido mi adversario político.  De ahí mi criterio de que aquellos jueces que entren en política, no puedan volver a la judicatura, al menos, hasta que pasen diez años.

No lo entendieron así los medios de comunicación afines al PS y tomaron las manifestaciones de Hernando como una crítica al juez y una intromisión en la Justicia.

En relación con el mismo caso, la, por entonces, vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos,  pide a los jueces más rapidez en los casos en que estén implicados los partidos políticos, y lamenta que “Para el PP no prescribe nada, para el PSOE prescribe todo”. Todos sabemos de la lentitud de la Justicia para unos casos y la celeridad para otros.

Por el mismo caso, la que era presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lamentó la “inusitada actividad de los jueces durante periodos electorales.

Considero que ambas no critican a los jueces; constatan hechos que todos observamos, por lo que yo, que no soy político ni juez, afirmo que se emiten sentencias que para la persona común se hacen difíciles de comprender, y que a todas luces vemos que ciertas estancias de la judicatura están politizadas, empezando por la Fiscalía general del Estado.

¡Que fácil y complacientemente, como la miel, se absorben las sentencias que nos son favorables y conque dificultad y amargura, como la hiel, las que nos son adversas!

3 Comentarios

  1. Los políticos critican a los jueces, con la misma mentalidad que el señorito del cortijo insulta a sus siervos. Donde pago, cago.
    Esos insultos, y miles más, se los han ganado los jueces por genuflexos y claudicantes.
    El día, espero no lejano, en que Españistán vuelva a ser España, y se pueda mencionar la palabra “justicia” sin enjuagarse luego la boca con desinfectante, tanto los políticos como esos jueces podrán insultarse, y hasta liarse a tortas, en el patio de la cárcel a la hora del recreo.

  2. Tanto la siniestra como la judascatura ejpañola dan mucho asco. La siniestra tiene por objetivo la destrucción de la racionalidad general y la racionalidad jurídica occidental. El sueño de la razón produce monstruos. En los 40, era la impostura y la dialéctica delirante de “física judía” frente a “física aria”. Hoy es “justicia faminista” o “fiscalidad con perspectiva de género” frente a un supuesto heteronormativismo o machismo.

    La judascatura ejpañola de mucho asco porque, como toda la profesión leguleya hoy, está constituída por niñatos y niñatas con escasas habilidades mentales. Los “letrados” ya ni saben hablar o escribir y el grado de ignorancia de su profesión sólo es superado por su cerrazón corporativista y la afirmación de sus intereses estamentales. La administraición de justicia ejpañola es lenta, burrocrática, indolente, imprevisible y la mayor lacra y rémora para la dignidad y el progreso nacional que los siglos conocieron.

  3. Cierto es que los jueces y magistrados nunca debieron, ni deben, asumir cargos políticos, a sabiendas que luego serán manipulados por el gobierno. Si los asumen, debieran dejar la judicatura.

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