El digital OK Diario ha publicado hoy una información que debería dar lugar a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, al objeto de determinar si se han comentido ilegalidades por parte de la asociación de consumidores FACUA.
[Convocatoria para cubrir plazas de asesores, archiveros y taquígrafos en las Cortes Generales]
En el titular de la noticia se dice lo siguiente: “La asociación podemita Facua admite en sus actas irregularidades contables y engaños a sus socios” y prosigue diciendo que “la organización de consumidores Facua reconoce en actas de las reuniones de su dirección, a las que ha accedido OKDIARIO, haber cometido irregularidades en la gestión de sus socios. Entre otras anomalías, la asociación admite haber cobrados cuotas indebidas, y haber contabilizado mal el número de sus asociados -uno de los factores determinantes a la hora de solicitar y recibir subvenciones públicas-“.
En la noticia, que puedes leer en este enlace, se explica que “el acta de la reunión mantenida por la Junta Directiva de Facua Andalucía del día 5 de octubre de 2018, a la que asistió Rubén Sánchez, expone que, tras haber recibido inspecciones de la Dirección General de Consumo, se identificaron «cuestiones en la gestión de los socios que son anómalas e irregulares y que deben subsanarse»”.
Entre esas irregularidades detectadas, según la noticia publicada por OkDiario, Facua menciona: «Dar de baja a los socios antes de finalizar el año cuando debe tener efectos a partir del siguiente»; «Cobro de cuotas de forma fraccionada como sistema»; «Cuotas diferentes a la que está estipulada sin motivación o criterio alguno»; «Libros de cajas incorrectos» [el control de entrada y salida de efectivo].
Esperamos que las distintas administraciones que subvencionan a FACUA tomen nota e investiguen a esta asociación antes de darle esas millonarias subvenciones que recibe cada año del dinero de todos los españoles.
Y felicitamos a OKDiario por esta interesante información.
¿ Algún abogado para legalizar una “ reserva fiscal” ?
Establecer demanda judicial contra el gobierno, que utiliza nuestros impuestos, para destruir la economía, que compite con las grandes corporaciones.
Dificultar la intencionada destrucción de la pequeña y mediana empresa, evitando el control de la economía por las grandes corporaciones que han comprado los gobiernos.
Dejar las autoliquidaciones trimestrales de IVA e IRPF de los autónomos y PYMES, en cuentas bancarias no disponibles para el Gobierno, a condición de ser fiscalizados por un tribunal.
Impedir que intervengan las cuentas bancarias privadas, con la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, con el pretexto de una futura emergencia, que crean intencionadamente.
( Vox no está, ni se le espera ya)