Concursos

Cuando un deudor no tiene capacidad para pagar la totalidad de sus deudas, existe la posibilidad de acogerse a un concurso de acreedores, pudiendo continuar con la actividad económica a través de otras alternativas de pagos. Pueden declarar el concurso, el propio empresario en un plazo de 2 meses desde que conozca su insolvencia, llamándose así concurso voluntario; si quien solicita el concurso son los acreedores que hayan intentado cobrar un crédito sin conseguirlo o los socios de la propia empresa, nos encontramos ante un concurso necesario.

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Todo ello se recoge en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, ley del año 2003 que derogó leyes vigentes de los años 1869, 1904, 1912, 1917, entre otras muchas, modificada varias veces desde su publicación, clara señal que no cumple con los objetivos inicialmente previstos porque la falta de liquidez en las empresas que se acogen a Concurso tiende a aparecer en una fase final, próxima a la suspensión de sus compromisos de pago, y se origina en empresas que, si bien históricamente han tenido una evolución comercial positiva, sus estructuras de pasivo, fuertemente endeudadas, les hace más vulnerables a situaciones de recesión o crisis económica; esa tardanza en acogerse a situación concursal hace que el deterioro económico sea muy importante y muy pocas consiguen volver a posiciones de viabilidad y, estadísticamente, aproximadamente el 90% de ellas terminan en liquidación.

El concurso es la situación jurídica más desfavorable para los acreedores. La Ley de Segunda Oportunidad concluye en exoneración de deudas concursales una vez liquidado el patrimonio del deudor, y uno de los que se queda sin cobrar es la Hacienda Española, o sea, todos los ciudadanos de este país. Como decía Forges “Cuando un fundrio se escabondra, algo tuyo se escabondra”.

La estadística empezó a realizarse en 2005, sustituyendo a la Estadística de suspensiones de pago y declaraciones de quiebra, que dejó de realizarse con la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004 de la Ley Orgánica 8/2003, para la Reforma Concursal, y de la Ley 22/2003, Concursal. Según lo dispuesto en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024, el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España elaborará esta estadística a partir del primer trimestre de 2021.

En página anexa a la presente, datos refundidos por el autor en función de las fuentes que se citan, se recogen los concursos de acreedores desde los años 2005 al 2021, ambos inclusive, por Comunidades Autónomas, número de deudores mercantiles y particulares sin actividad comercial, y referencias a la morosidad bancaria, inflación, paro, Deuda Pública Española, tipos anuales medios del Euribor e índice IBEX de la bolsa.

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Si bien el estudio completo de los datos que se apuntan nos llevaría a una reflexión que trasciende la de este artículo, destacamos:

  • Los concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial se han incrementado de forma exponencial a partir del año 2018, habiendo alcanzado el máximo en el año 2021 hasta el 58,91% de los presentados por personas físicas y jurídicas que desarrollan actividad empresarial, representado el 37,00% del total de concursos en el año. El moroso ha encontrado la fórmula perfecta para que el banco se dé por pagado con la entrega del bien hipotecado por liquidación del concursado.

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  • La morosidad bancaria corre pareja al paro existente en el país. Si nos centramos en los años 2020 y 2021, las cifras no reflejan la realidad de una forma fidedigna, pues los ERE, ERTE, ayudas del Ejecutivo, refinanciaciones y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en su artículo 43, procedió a suspender temporalmente el deber de solicitar la declaración de concurso por el deudor insolvente (mientras estuviere vigente el estado de alarma), a la vez que, también de forma temporal (durante el estado de alarma, hasta transcurrir dos meses a contar desde la finalización de este), se preveía la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario. “La norma fue derogada por otra posterior, Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, que extendía sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente por medio de la Disposición Final Décima (tercer punto) del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, esta extensión se prorrogó hasta el 14 de marzo de 2021. En 2021, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, en su apartado cuarto de la Disposición final séptima, habilitó una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021. Y con posterioridad, el Real Decreto-ley 27/2021, de 3 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, se habilita una nueva moratoria hasta el próximo 30 de junio de 2022”. Fuente: Informe Registradores de España, cuarto trimestre 2021.

Si a ello unimos los problemas derivados de la guerra Rusia-Ucrania, la inflación de dos dígitos esperada para el presente año 2022, la subida de tipos de interés que antes o después tiene que llegar -yo creo que para finales de este año- pues no es de recibo que los particulares paguen unos tipos superiores al 6% en créditos de financiación del circulante y los países se financien a tipo cero mediante la puesta en funcionamiento de la fotocopiadora de deuda europea, el despilfarro en chorradas ideológicas que se están haciendo de los fondos europeos en vez de hacer viviendas sociales, pantanos, centrales nucleares, salvar a las empresas viables por sí mismas a futuro e invertir en nuevas tecnologías, es previsible que estos dos factores -paro y morosidad- se incrementen de forma importante a partir de ahora.

Porque, además, el presidente Pedro Sánchez no admite sus errores, sigue echándole la culpa a Franco, al coronavirus, a la “pertinaz sequía” y ahora a la guerra ruso-ucraniana de los males de la economía española, y dota al ministerio de chochobobadas el triple de dinero que a los de Sanidad, Industria o Investigación, el cuádruple que al de Educación y diez veces más que a los de Justicia o Cultura. Así, la inversión huye de España y las empresas seguirán presentando concurso.

Y eso que los datos actuales están blanqueados por el cambio realizado por el Banco de España en la contabilización de las operaciones bancarias morosas que, si bien han reforzado la solvencia de las entidades, ha enmascarado la tasa de morosidad bancaria.

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  • La tasa de inflación histórica del periodo analizado ha sido:

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  • Siempre son tres las Comunidades Autónomas que presentan mayor número de concursos, Cataluña, Madrid y Valencia, por ese orden. En conjunto, en el año 2020 fue del 60,00% y en 2021 el 61,47% del total. Cataluña tiene el 29,81% y el 32,66% respectivamente.

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  • De los datos aportados se observa claramente que la Bolsa española no ha tenido revalorización ni ha superado la crisis de las hipotecas subprime, en la que el IBEX acabó el año 2007 en 15.182,30 puntos, en el que la economía española acumulaba catorce años de crecimiento económico ininterrumpido. Fueron años en los que nuestro país alcanzó el objetivo de incorporarse a la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde su inicio, en 1999, tras cumplir con los criterios exigidos de estabilidad de precios, tipos de interés, tipos de cambio y sostenibilidad de las finanzas públicas. Han pasado quince años y estamos prácticamente en algo más de la mitad de esos precios. Y seguimos sin aprender, pues hay bancos que vuelven a conceder el cien por cien de las forzadas tasaciones que se les presentan, en una economía en la que los únicos que tienen seguro el puesto de trabajo son los funcionarios y los curas.
  • Lo peor de todo es que si analizamos en profundidad el conjunto de datos aportados, lo mismo da quién gobierne, todos lo han hecho muy mal. Se ha antepuesto la ideología y la política a la recuperación económica verdadera, manteniendo de forma artificial sectores anquilosados, deficiente formación académica y profesional que lo único que produce es aumento de personas subvencionadas por diferentes sitios y niveles, se mantienen empresas zombis e imposibles de recuperación futura, salvo en Madrid, las comunidades con más concursos son aquellas que tienen un marcado acento separatista, a las que se les facilita más dinero que a las otras, pero que no destinan a economía productiva, grandes mentes económicas han dirigido el ministerio de Economía, pero han sido rápidamente absorbidos por teóricos mequetrefes económicos, se han diluido como azucarillo en agua, y con ellos, el bienestar de los primeros años de la Transición.
  • Quisiera ser optimista, pero no veo capacitación en el actual gobierno para solucionar la situación de emergencia económica nacional a la que estamos abocados, para cambiar palabras huecas y mentiras flagrantes por realidades tangibles, para devolver la confianza y motivar a los ciudadanos, para ser humildes y convocar a los mejores profesionales en economía, del sexo, del color y del partido que sean, para reconstruir la Pirámide de Maslow por la base, las necesidades básicas para la supervivencia, dejando las de reconocimiento y autorrealización -que es en lo que anda nuestro presidente- para cuando el cuerpo esté saciado y resguardado en una vivienda, pues mirarse en un espejo y autoproclamarse guapo de verbena no sirve para nada si uno no come ni duerme bajo techo.

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Antonio Campos
Antonio Campos nació en Ciudad Real, en la España del queso amarillo y la leche en polvo de los americanos. Licenciado en Económicas, Diplomado en Humanidades, PDG por el IESE. Ha trabajado durante muchos años en un importante grupo multinacional del sector financiero, al que reconoce estar agradecido por haberle dado la oportunidad de desarrollarse profesional, académica, personal y humanamente. Conseguida cierta estabilidad profesional y dineraria, volvió a su verdadera pasión de juventud, escribir; desde entonces, han sido cuatro libros y unos dos mil artículos de opinión, económica y política, publicados en diferentes medios de comunicación, pretendiendo conjugar la libertad individual o personal (el progresismo) con la libertad económica (el conservadurismo), elogiando las ideas y no las ideologías. Y lo hace, dice, pretendidamente independiente, ideológica y socialmente, con la libertad de quien tiene libre el tiempo, el pensamiento y la palabra.