El anteproyecto de ley contra la corrupción elaborado por el ejecutivo de Pedro Sánchez elimina las menciones que hace la Directiva UE 2019/1937 a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, y propone que denunciar la corrupción deje de ser un derecho en clara desobediencia a las exigencias del Parlamento Europeo y del Consejo, dejando en papel mojado los esperados buzones de denuncia.
La Directiva UE 2019/1937 de protección de los denunciantes de corrupción lo deja muy claro en su punto nº (31): “Las personas que comunican información sobre amenazas o perjuicios para el interés público obtenida en el marco de sus actividades laborales hacen uso de su derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión y de información, consagrado en el artículo 11 de la Carta y en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, incluye el derecho a recibir y comunicar informaciones, así como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. En consecuencia, la presente Directiva se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el derecho a la libertad de expresión y en los principios desarrollados por el Consejo de Europa en su Recomendación sobre protección de los denunciantes adoptada por su Comité de ministros el 30 de abril de 2014.”
Sin embargo la Ministra de Justicia, Pilar LLop, ha redactado tan atropelladamente su anteproyecto de Ley contra la corrupción que se ha olvidado de incluir en su texto la mención de los derechos a la libertad de expresión y de información, dejando vacía de contenido la protección a los denunciantes y además en clara desobediencia a las exigencias del Parlamento Europeo y del Consejo.
La razón de este desaguisado parece encontrarse en las prisas del ejecutivo español para evitar las sanciones de la Unión Europea por el retraso en la transposición de la Directiva que regula los buzones de denuncias.
El establecimiento de estos buzones era la condición sine qua non para el reparto de los fondos NextGenerationEU, un instrumento temporal de recuperación dotado con más de 800 000 millones de euros que debe contribuir a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. Estos fondos europeos suponen una inyección para España de 140.000 millones de euros para pymes y empresas.
El problema según ACODAP es que “el anteproyecto de ley que ha aprobado el consejo de ministros de Pedro Sánchez es tan deficiente técnicamente que ha dejado en papel mojado la eficacia de los buzones de denuncia, que ya no serán capaces de brindar ninguna protección a los denunciantes frente a las represalias, al no existir la cobertura jurídica de ningún derecho fundamental que los legitime”.
