Sobre la Ley de Seguridad Nacional: El tirano Sánchez convierte a los españoles en súbditos

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Hace muchos años adquirí un libro de Stephane Courtois titulado “El libro Negro del Comunismo”. Su lectura me hizo estremecer ante los crímenes de esta ideología maldita y asesina que ha asolado el mundo durante el siglo XX, matando de modo programado, en muchos casos, a más de 120 millones de personas (cifra aproximada ya que de los países comunistas no se puede extraer información alguna sobre las personas represaliadas y desaparecidas). Curiosamente, a los pocos días, fui a comprar otro libro idéntico, para regalárselo a un amigo y ya no había. Desde entonces nunca lo he vuelto a encontrar, hasta la reedición efectuada en este año 2021. Recomiendo comprar el libro, antes de que sea secuestrado o censurado por el Gobierno de Sánchez y sus newtrolas. En este libro nos cuenta el gran autor Courtois, no sólo las atrocidades del comunismo-socialismo, sino de cómo se ha introducido esta peste ideológica y cultural, en las naciones, engañando a los pueblos, utilizando la piel de cordero a modo de camuflaje y creando una red de leyes excepcionales, tanto ante  situaciones especiales como  temporales, que darían poderes inauditos a los dirigentes del estado a fagocitar. Los futuros dictadores aprovechaban estas leyes “habilitantes” para derogar las constituciones de cada nación y de ese modo, se convertían en tiranos. Los estados  invadidos por esta lacra del socialismo, cuando se dieran cuenta de la treta, ya sería tarde y los comunistas ya habrían ocupado el poder.

Después de este libro excepcional, Federico Jiménez Losantos, ha escrito y se han editado, dos libros magníficos (“Memoria del Comunismo” y “La Vuelta del Comunismo”), que sin ser complementarios al de Stephane Courtois, podrían considerarse una ampliación y actualización cronológica de cómo el comunismo está invadiendo las naciones del mundo, a una velocidad vertiginosa, y especialmente en Hispanoamérica y España, la última de ellas, el Perú.

Una persona temerosa de Dios, de su libertad, de su hacienda y de su familia, es decir, amante de su patria, debe de llevarse estos libros para leer, ya que al ritmo que vamos, con el avance del comunismo en nuestra querida España y en Hispanoamérica, puede que sean de las últimas que se publiquen sobre los enemigos de los pueblos, en paz y en semilibertad.

El ejemplo de cómo llegó el comunismo al poder en Venezuela, la nación más prospera y rica de Hispanoamérica durante décadas, nos ha de servir de ejemplo a los españoles, para que meditemos sobre como Sánchez está preparando, al igual que lo hizo Hugo Chávez,  el asalto al poder perpetuo y la derogación de nuestra Constitución, la volición de la Monarquía y destruyendo nuestra patria, para convertirla en un estado federal asimétrico, de naciones independientes. Es decir, como por medio de un golpe de estado encubierto, Sánchez va a destruir España.

Hugo Chávez, con la excusa perfecta de que necesitaba poderes especiales para gestionar la emergencia causada por unas inundaciones que causaron la muerte a unas 40 personas y el desalojo de sus hogares a más de 140.000, en el año 2010, utilizó a la la asamblea venezolana para que le concediera poderes especiales durante 18 meses para gobernar por decreto, desoyendo las críticas de la oposición que afirmó, que la medida coinvertiría a Venezuela, en una dictadura.

Chávez, se defendió, alegando que esos  poderes especiales estaban contemplados en el artículo 236 de la Constitución venezolana y que eran esenciales para la gobernanza del país. Era la cuarta vez, desde que llegó al poder, en 1999, que al mandatario venezolano se le otorgaron poderes especiales. Desde ese momento, Hugo Chávez anunció que tenía previstos 20 nuevos decretos leyes para ser aprobados de modo inmediato, que entrarían en vigor, sin oposición parlamentaria

La Ley Habilitante de Hugo Chávez, fue aprobada con los votos de la mayoría oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el rechazo de la veintena de diputados opositores y permitió a Hugo Chávez, legislar por decreto en ámbitos tales como infraestructuras, transporte y servicios públicos, vivienda, ordenación territorial, desarrollo integral, expropiaciones y uso de tierras urbanas y rurales, así como en el campo financiero y tributario. Además, la ley le facultó, también, para promulgar decretos leyes en seguridad ciudadana y jurídica, defensa, cooperación internacional y sistema socioeconómico.

Como todos conocemos, Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, en el año 2010, era asesor de Hugo Chávez y jefe de Propaganda. Estaba instalado en Venezuela desde el año 2004 como asesor personal de Chávez en el Palacio de Miraflores, donde colaboró estrechamente con los asesores cubanos que han convertido al país en una sucursal de la dictadura castrista y se le encargó por Hugo Chávez, la creación del Centro Internacional Miranda (CIM), concebido como un «espacio institucional para coordinar los apoyos internacionales al proceso revolucionario venezolano» y para llevar a cabo el «entrenamiento, preparación y desarrollo de cuadros políticos, sociales y económicos» de Venezuela.

Es decir, que después de servir Venezuela de laboratorio de cómo llegar al poder, dando un golpe de estado taimado mediante el “truco” de las Leyes Habilitantes, en España, con la excusa del coronavirus Covid-19, se ha seguido por el mismo camino, otorgándose Sánchez, poderes especiales mediante los decretos inconstitucionales del 14 de marzo de 2020 y con sus ampliaciones inconstitucionales e ilegales, llegando incluso a evitar el control del parlamento durante seis meses, todo ello con la mirada puesta en otro lado, del Partido Popular. La sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales todos los decretos “Covid” de Sánchez, no ha tenido efecto alguno sobre este individuo y su intento de perpetuarse en el poder, continua.

Experimentado en Venezuela, se ha reproducido al milímetro la estrategia en España, pero algo nos diferencia de Venezuela: Ellos tardaron 10 años en que el golpe de estado se llevara a cabo y nosotros vamos a una velocidad vertiginosa.

Tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, declarándolo inconstitucional, Sánchez ha comprendido, que el camino del decreto ley, no es suficiente ni adecuado para ser omnipotente y dictador rn modo indefinido. Para dar el golpe de estado que necesita y perpetuarse en el poder, necesita convertir el estado en totalitario.  Sánchez necesita una ley habilitante para convertirse en tirano, pero sabe que no le queda mucho tiempo y la experiencia de las elecciones en Madrid y Castilla y León, le han puesto muy nervioso. Para ello, va a dictar la ley habilitante española, conocida como Ley de Seguridad Nacional. El texto prevé regular los deberes que el jefe del Gobierno puede imponer a los ciudadanos ante una «situación de emergencia» amparándose en el artículo 30.2 de la Constitución.

Entre los motivos que utiliza de coartada, para promulgar y aplicar esta ley,  está el de atender a las necesidades de la población, en caso de una pandemia, como fue la del Covid.

¿Les suena parecido a lo que sucedió en Venezuela?

Con esta ley se pretende que por orden del presidente Sánchez, los ciudadanos puedan ser obligados a realizar prestaciones personales, colaboraciones materiales, movilizar a la población civil y realizar expropiaciones. Esta norma que pretenden promulgar, está realizada con una técnica jurídica muy peligrosa, que es la de la indeterminación de sus preceptos, los cuales con una redacción muy imprecisa, pueden llevar a interpretar su contenido tal y como le apetezca al “dictator sine die”. 

Pero no sólo puede movilizar a la población civil, sino también destinarla a realizar actividades que el propio gobierno estime necesarias y en la zona que sea de mayor necesidad, es decir, que se está regulando el destierro de los molestos, los cuales estarán destinados a zonas y territorios donde sean menos incómodos al poder y dedicados a actividades de poca proyección social, con el objeto de silenciar a los insurrectos.

Esta ley va a suspender todos los derechos constitucionales de los ciudadanos, mediante una técnica legislativa curiosa, si se amplían obligatoriamente los deberes de los ciudadanos, evidentemente, se va a producir una suspensión de derechos.

El art.30.4 de la Constitución, ya deja abierto que el “sátrapa” pueda dictar leyes habilitantes como la “Ley de Seguridad Nacional”. Dice este precepto:  “…mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública…”  Esta indefinición del artículo constitucional, producida a conciencia por los “padres” de la Constitución de 1978, nos llevan a que Sánchez pueda hacer vericuetos jurídicos para tomar el poder indefinidamente y cuando a él le plazca.

Pero no sólo es eso, sino que al igual que hizo Hugo Chavez, Sánchez podrá expropiar la propiedad privada, según el borrador del anteproyecto de la Ley de Seguridad Nacional. El art. 28, punto 3 de esta ley dice literalmente que la participación del sector privado en la contribución de recursos a la Seguridad Nacional, llevará a que “cuando la naturaleza de la situación de interés para la Seguridad Nacional lo haga necesario, las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades”. 

Sánchez, con esta ley, cuando quiera, puede decretar una situación catastrófica justo antes de las elecciones, suspender los comicios, (si Tezanos le dice que no lo lleva bien en las encuestas) y expropiar a los españoles todo lo que le plazca, es decir, bienes de todo tipo. La norma prevé incluso expropiar dinero en efectivo y cuentas corrientes tanto abiertas en España como en el extranjero.

Cabe una pregunta para todos los que hemos estudiado Derecho Administrativo, ¿No estaban las expropiaciones y requisas reguladas en la Ley de Expropiación Forzosa?

Los arts. 101 y 102 de la Ley de Expropiación Forzosa, prevén que se puedan producir requisas en supuestos concretos de guerra o movilizaciones militares, pero sólo por ello. Con la Ley de Seguridad Nacional, el Gobierno no tiene que justificar porque realiza las requisas, solo alegar que ha considerado que la expropiación tiene “interés para la seguridad nacional”, sin que sea necesaria una situación de grave riesgo o urgencia, o utilidad pública, pero siempre dentro de un procedimiento de expropiación.

Pero a su vez, la Ley Orgánica 4/1981, también prevé que se pueda requisar y expropiar por parte del Gobierno, en una situación de emergencia nacional, estado de alarma, excepción o sitio.

Sánchez, se está fabricando una varita mágica para gobernar tiránicamente España, sin control parlamentario y esta varita se llama Ley de Seguridad Nacional. Según el art. 10 del borrador del proyecto de esta norma, con la excusa de “ … preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales…” puede expropiar todos los elementos privados que estén relacionados con ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente, sin que se regule, en esta ley, las indemnizaciones a pagar por el gobierno a los ciudadanos y empresas, si realiza la requisa o la expropiación.

Sin reparo alguno Sánchez, en este proyecto de norma, desarrolla el comunismo en toda su extensión, con la posibilidad de nacionalizar empresas, con el pretexto de organizar  “una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial” para asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales y el suministro de bienes y suministros considerados básicos.

Como vemos, esta Ley que se va a procurar Sánchez a sí mismo, para su mayor gloria, es inconstitucional, se mire por donde se mire. Nace como una Ley Ordinaria y una ley de este tipo, nunca puede  atentar contra la propiedad privada de los españoles, ya que es un derecho constitucional, y para ello necesitaría de una ley orgánica, al afectarse derechos fundamentales de los ciudadanos.