Como ya hicimos saber en un artículo anterior, desde el 1 de enero de 2022, el Gobierno de Sánchez, puso en marcha una subida del valor de referencia catastral de los inmuebles, que se ha denominado como “el catastrazo”. Esa subida camuflada de impuestos fue aprobada por  medio de la ley, aprobada en Julio de 2021, llamada Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude.

Con este catastrazo, se subieron  de echo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el de Actos Jurídicos Documentados, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

La base imponible de estos impuesto, tenían un denominador común, que no era otro que el valor del inmueble, que se calculaba mediante una fórmula de cálculo aprobada por el gobierno de la nación, que daba como resultado un presunto “valor real” del inmueble en caso de compra, donación y herencia de un inmueble.

En caso de que el sujeto pasivo no estuviera de acuerdo con el valor que se le aplicaba al inmueble a causa de la citada formula, el contribuyente, podía alegar a la administración que el valor resultante no era el de mercado, y ras un escrito en el que se aportaba hasta una tasación, fotografías del estado del inmuebles precios comparativos de inmuebles similares, se podía lograr bajar el valor del inmueble, antes de realizar el pago del impuesto y antes de realizarse la compraventa, donación o sucesión.

Pero ahora ya no es así. El cambio realizado por esa ley antes mencionada de medidas de prevención y lucha contra el fraude, sustituye el valor real, por el denominado valor de referencia catastral que calculará el catastro de manera individualizada a través del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas en el lugar donde este sita la finca.

El Estado, como en la época soviética, edita una guía catastral con el valor de los inmuebles de toda España, alejándose del valor real de mercado y de la voluntad contractual de las partes, quebrantando el libre mercado.

Se han sacado de la manda, nuestros sesudos gobernantes comunistas,  que para que el valor de referencia de los inmuebles, no supere el valor de mercado se fijará, mediante orden de la Ministerio de Hacienda, un factor de minoración al mercado para los bienes de una misma clase, este año 2022, dicho factor será de 0,9.

 Impidiendo al contribuyente,  tributar por el precio efectivo si se sitúa fuera de un valor de mercado del propietario.

En caso de que el contribuyente no considere acertado o correcto el valor de referencia y declare por un valor inferior Hacienda comprobará tal hecho e iniciará el correspondiente expediente sancionador, a esta circunstancia se le añade la inversión de la carga probatoria, corriendo a cargo del ciudadano.

Con este atentado contra la libertad del mercado, debemos de recurrir todas y cada una de las valoraciones resultante del nuevo valor catastral diseñado por el Gobierno. Recurriremos la liquidación, o solicitamos una rectificación del valor “gubernamental” aplicado por el “catastrazo” al inmueble.

Para ello necesitaremos pagar previamente el impuesto, conforme al precio catastral y o valor de referencia y después  solicitar la rectificación de la autoliquidación, la cual, en caso de ser estimada, conllevará la devolución de lo pagado en exceso.

Para ello necesitaremos unas fotografías por dentro y por fuera del inmueble. Una tasación firmada por un perito arquitecto, el documento del pago del impuesto y presentar ante la administración, un escrito de alegaciones fundamentado, después recurrir y terminar demandando a la administración ante los juzgado contencioso administrativo.

 

Parece muy lioso y engorroso, pero no es así. Es más sencillo de los que el lector cree. Además siempre se necesitará el apoyo de un despacho de abogados como el de Quercus Jurídico, que le asesorará gratuitamente para que pueda reclamar lo pagado de más a causa del “catastrazo”.

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