Tras el escándalo producido en los ayuntamientos de España, a causa de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en la que declara la inconstitucionalidad y la nulidad de varios artículos de la Ley de Haciendas Locales, ahora se agitan aun más las aguas municipales y estatales, a causa del informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que trata como ilegales y contrarios al Derecho de la Unión, los plazos de prescripción y las limitaciones que impone la ley española a los ciudadanos, para exigir indemnizaciones al Estado. Se abren nuevos caminos a los consumidores, para inicien las reclamaciones en defensa de sus derechos, por medio de los abogados expertos tributarios, entre los que se encuentra el bufete Quercus Jurídico, www.quercusjuridico.es.  Los afectados por el impuesto de la plusvalía, van a poder iniciar  las reclamaciones pertinentes ante la Administración Pública y los Tribunales de Justicia.

En esta sentencia publicada el día 3 de noviembre de 2021, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), relativos al método de cuantificación de la base imponible de la plusvalía municipal, como consecuencia de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla – sede en Málaga-, respecto de los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, por posible vulneración del art. 31.1 CE.

La traducción, para los lectores de este artículo, no es otra que con esta sentencia se anula el método de cálculo de la plusvalía, por obsoleto y abusivo, pero se limita por el Tribunal Constitucional a los afectados, su derecho a reclamar indemnizaciones por las cantidades sustraídas durante estos años, de forma ilegal, por los ayuntamientos,. 

Para cualquier consumidor, esto es incomprensible e inadmisible. Con esta resolución, los magistrados del Tribunal Constitucional, impiden que los ciudadanos que ya habían recibido una resolución administrativa firme, que puedan reclamar. Así, los miembros del Tribunal Constitucional, trataban de evitar que los ayuntamientos vieran peligrar sus presupuestos y sus economías, a cuenta de las reclamaciones de los afectados por el pago de la plusvalía. 

Para que nos hagamos una idea de la cuantía del agujero económico que se podría crear en los consistorios, y que los magistrados del Constitucional han intentado evitar con su sentencia, los municipios ingresaron en España, por cobros de plusvalías a los ciudadanos, desde 2017, la cantidad aproximada de 11.000 millones de euros. Hago referencia a 2017, ya que fue en este año cuando se dictó la primera sentencia sobre el impuesto en España, por parte del Tribunal Constitucional. 

Por lo tanto, y como he dicho en el primer párrafo de este artículo, al mencionar el informe del abogado del TJUE, este trae causa, de  una denuncia presentada por la Comisión Europea contra España el 24 de junio del 2020, en la que acusa al Estado Español de incumplir la Ley de la Unión y de evitar ser responsable de los daños causados a los ciudadanos españoles, violando el Derecho de la Unión.

El abogado general del TJUE, dictamina en su informe, que los plazos de prescripción y las limitaciones para exigir indemnizaciones en España, son ilegales a tenor del derecho de la UE. La utilización abusiva de este impuesto, por parte de los municipios, (como modo de financiarse al margen de los presupuestos municipales), se amparó en una ley promulgada por el Estado Español y en consecuencia, es el Estado Español garante y responsable. 

Además, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Sr. D. Maciej Szpunar (de nacionalidad polaca), en su informe, insta a los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a  declarar ilegal el régimen español de responsabilidad del Estado,  entre otros motivos, por violar la legislación española, el principio de efectividad, pero no el de equivalencia, denunciando las restricciones que el Estado Español pone a sus ciudadanos, para  reclamar indemnizaciones al Estado.. 

Entre los fundamentos de estas condiciones y requisitos abusivos que utiliza el Estado Español para impedir que sus ciudadanos reclamen la responsabilidad al estado, destaco del informe las siguientes:

  • Es necesaria la existencia previa del TJUE que considere incompatible la ley española con la legislación europea, que “puede imposibilitar o dificultar excesivamente en la práctica obtener la indemnización de un daño causado por el Estado legislador».
  • Haberse impugnado por parte del ciudadano, un acto administrativo con carácter previo a la sentencia —la liquidación del impuesto, en el caso de la plusvalía, aunque el perjuicio lo cause la propia la ley .”Tiene por efecto en realidad impedir el ejercicio de cualquier acción de responsabilidad patrimonial del Estado legislador”. El requisito de impugnación previa del acto administrativo, no es constitucional.
  • La legislación Española exige al perjudicado que solicita la responsabilidad patrimonial del estado, haber señalado en su recurso qué ley europea se violó, ya que según la opinión del  abogado general plasmada en su informe, “el hecho de que no se identifique la disposición infringida no puede impedir la indemnización”.

También, el abogado general también defiende acabar con sus plazos de prescripción de un año para reclamar al Estado y cinco años para calcular los daños totales a compensar. En el informe, el abogado general dice al respecto que: “Tanto el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad como la limitación de los daños indemnizables, que dependen de la existencia de una resolución del Tribunal de Justicia en tal sentido —pues esta constituye el punto de partida del cómputo de ambos plazos—, también son contrarios al principio de efectividad”.

Hemos de recalcar, que este informe y la opinión del abogado general del TJUE (que actúa a modo de fiscal), no es vinculante para los magistrados del TJUE, aunque por la experiencia de asuntos anteriores, los jueces del TJUE suelen dictar las sentencias en el mismo sentido que el informe del abogado general del TJUE.

Las consecuencias de una sentencia contraria a Estado Español por parte del TJUE son las siguientes, en mi opinión:

  • El Tribunal Constitucional quedaría en una situación muy comprometida por haber pretendido proteger las arcas de los ayuntamientos, llenas a causa de sus ansias recaudatorias.
  • Se abriría la puerta a innumerables demandas de los ciudadanos contra el Estado Español, los cuales pagaron el impuesto de plusvalía sin recurrir o vieron rechazadas sus reclamaciones. 
  • Los ciudadanos afectados por el impuesto de plusvalía, podrían recurrir todas las liquidaciones del impuesto de plusvalía al menos desde el 2017.
  • Y si fuera más extensivo el contenido de la argumentación y del fallo de la sentencia del TJUE al declarar ilegal la legislación española, se podría, incluso, llegar a exigir, por parte de los ciudadanos, la responsabilidad patrimonial al Estado desde el años 2008, ya que desde ese año, el valor de los inmuebles cayo de modo considerable por la crisis inmobiliaria, y esa bajada del valor real de mercado de los inmuebles, nunca se tuvo en cuenta por los ayuntamientos al calcular con su fórmula ilegal, la liquidación del impuesto de plusvalía.

Veremos cuál es la reacción del gobierno de España ante esta futura sentencia cuyo contenido se barrunta, pero tome la que tome, no será buena para el ciudadano y nuestros bolsillos.