Ataque a la tranquilidad ciudadana y paz social

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LA PREOCUPACIÓN Y EL DESCONCIERTO ES CRECIENTE Y PALPABLE EN LOS CIUDADANOS, SOBRE TODO, A RAÍZ DE LA SUPUESTA IMPLANTACIÓN DEL PASE-COVID, PUES COMO CLIENTES Y/O REGENTES Y PROPIETARIOS DE LOCALES O ESTABLECIMIENTOS ASISTEN INCRÉDULOS A UNA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS, MEDIANTE LA LIMITACIÓN DEL LIBRE ACCESO A LOCALES O ESTABLECIMIENTOS A UNOS, AL TIEMPO QUE A OTROS SE LES PIDE  LLEVAR A CABO LA PERVERSA TAREA DE FISCALIZAR A SUS CLIENTES COMO SI DE AGENTES DE CONTROL CIVIL SE TRATASE, SIN HABERLO PEDIDO NI SER CONSULTADOS Y SIN AMPARO QUE LOS RESGUARDE.

La RESOLUCIÓN SLT/3512/2021, de 25 de noviembre,(https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8552/1880164.pdf) por la que se establecen las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, resuelve respecto a las medidas de protección individual y colectiva que: 

“1. La ciudadanía tiene que adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la infección de la COVID-19, así como la propia exposición a estos riesgos, y debe adoptar las medidas de protección individual y colectiva fundamentadas en: la higiene frecuente de manos; la higiene de síntomas respiratorios (evitar toser directamente en el aire, taparse la boca con la cara interna del antebrazo en estos casos y evitar tocarse la cara, nariz y ojos); la distancia física interpersonal de seguridad; el uso de mascarilla en los términos establecidos en el apartado 7 de esta Resolución; la preferencia por los espacios al aire libre para la realización de actividades; la ventilación correcta de los espacios cerrados y la limpieza y desinfección de las superficies… El deber de protección establecido en el epígrafe 1 es igualmente exigible a las personas titulares de cualquier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o que se encuentre abierto al público“.

En modo alguno se hace referencia a que los titulares de las actividades económicas o sus trabajadores puedan o deban exigir la exhibición del certificado covid o DNI a los clientes/consumidores, ni existe ninguna norma que faculte a los mismos para llevarlo a cabo, por cuanto las labores de identificación en la vía pública son competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad solo en los supuestos concretos, pues  no se justifica genéricamente, sino que es precisa la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción o para prevenir la comisión de un delito y en cualquier caso en la práctica de esta diligencia, los agentes deben respetar escrupulosamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Así se regula en el Artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, referente a la identificación de personas, que establece:

“1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos:

1. 
   a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.
2. 
   b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”. 

La Ley Orgánica 4/2015 tiene por fines “la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico; la garantía del normal funcionamiento de las instituciones; la preservación no solo de la seguridad, sino también de la tranquilidad y la pacífica convivencia ciudadanas; el respeto a las Leyes en el ejercicio de los derechos y libertades; la garantía de la normal prestación de los servicios básicos para la comunidad “.

Se establece que las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas. Los principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana se deben regir  por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, debiendo garantizar al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana, evitando definiciones genéricas que justifiquen una intervención expansiva sobre los ciudadanos en virtud de peligros indefinidos, y evitando una discrecionalidad administrativa y una potestad sancionadora genéricas.

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo quinto establece los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, destacando en el ámbito de la adecuación al ordenamiento jurídico; deben ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; actuar con integridad y dignidad, sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. 

En ningún apartado de la RESOLUCIÓN SLT/3512/2021, se confiere facultad alguna a civiles (propietarios, trabajadores de los locales y establecimientos) para llevar a cabo las labores de identificación de ciudadanos, competencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ninguna otra disposición normativa confiere facultades ni prerrogativas a particulares para usurpar funciones que exclusivamente tienen asignadas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por cuanto difícilmente puede exigirse a los trabajadores y titulares de cualquier actividad económica, empresarial o establecimiento de uso público o que se encuentre abierto al público llevar a cabo dicha función, y en la misma medida tampoco gozan de derecho alguno para exigir la exhibición de documento de identificación, pues sería inconcebible que un simple particular pudiera llevar a cabo funciones de otra profesión sin tener capacidad ni competencias reconocidas y, además, vulnerando las limitaciones que vienen establecidas por ley para la profesión que si es competente para ello. Por otra parte, los ciudadanos solo deben identificarse cuando son requeridos por las fuerzas y cuerpos de seguridad en los supuestos expresamente previstos. Por lo que pudiera considerarse la posible vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad, no discriminación, que pondrían en grave peligro los fines establecidos en la Ley Orgánica 4/2015 de mantener y preservar la tranquilidad y la pacífica convivencia ciudadanas, ante los previsibles enfrentamientos entre clientes, titulares de las actividades económicas, empresariales y las fuerzas y cuerpos de seguridad, por intromisión en sus funciones y posibles vulneraciones de derechos fundamentales.