La conocida firma “Garrigues Abogados” sorteó los avatares de la reciente y grave crisis económica estafando a sus clientes, o ayudando a la Administración y las instituciones a defraudar a terceros. El caso de Lidia Reina es involuntario paradigma de uno de esos tristes y delictivos episodios. ACODAP denuncia públicamente estos graves hechos.

“El día 1 de noviembre del año 2012, pasé fulminantemente de ser una Enfermera a una enferma crónica, con una minusvalía del 41%, acosada por el dolor crónico, pérdida de fuerza y un largo etcétera”, afirma muy apesadumbrada Lidia Reina.

Prosigue relatando su amarga odisea: “Me dirigía a mi puesto de trabajo, la residencia hogar Parra Grossi de Ronda. Un paso de peatones en mal estado con socavones, grietas y sin señalizar me provocó una inevitable caída.”

En momento del accidente la residencia empleadora pertenecía a la “obra social Unicaja”, allí trabajaba Lidia como enfermera. Muy importante cuestión es que días antes de la terrible caída, Unicaja le obligó a firmar un contrato como “falsa autónoma”, que es de suponer redactaría alguien del despacho de Garrigues. La consecuencia inmediata de ese comportamiento fraudulento y delictivo por parte de la empresa empleadora es que las lesiones sufridas por la caída no serían consideradas como accidente laboral, al no existir ya “oficialmente” un contrato de trabajoPor esa razón, la trabajadora tampoco tenía ya derecho a solicitar la incapacidad laboral.

Cabe resaltar que las condiciones de trabajo recogidas en dicho contrato eran semejantes al anterior contrato laboral por cuenta ajena, si bien lo serían ya “por cuenta propia.” A la improvisada e involuntaria autónoma le imponía esa empresa todo: Horario, uniforme, material, normas y demás aspectos relacionados con su trabajo, características propias del trabajo como empleado por cuenta ajena.

Lógicamente, después de la caída, Lidia recurrió a la vía judicial contra Unicaja para exigir sus derechos. Sin embargo nunca pensó que su actuación generaría una cadena de tremendas represalias contra su persona. La entidad estuvo representada en todo momento por el despacho de abogados Garrigues.

En el juicio llegaron a un acuerdo económico, siguiendo el criterio del juez, que “recomendó” a Lidia que aceptase ese acuerdo, a pesar de que el impuesto contrato pudiera ser constitutivo de delito, pues según él sería difícil demostrar que el contrato era de “falso autónomo”. ¿Difícil?

Días después, durante una reunión mantenida en el despacho de su abogado con el letrado que representaba a la entidad por encargo de los Garrigues, le pusieron sobre la mesa unos documentos para su firma por los que renunciaría futuras reclamaciones, una renuncia a sus legítimos derechos“A partir de aquí, comienzan las represalias contra mi persona”, afirma Lidia. El abogado de los Garrigues que firmó el documento fraudulento fue Juan Sebastián Medina Serramitjana, y lo hizo para mayor inri por cuenta de Unicaja.

Así mismo Lidia denunció al Ayuntamiento de Ronda por mal estado de la vía pública. Aportaba un testigo, el parte médico, así como el examen del mal estado del paso de peatones y alrededores, elaborado por un perito judicial nombrado por la propia jueza. El técnico dejaba claro el mal estado del peligroso paso de peatones, además de la alcantarilla que hay junto a él, incapaz de tragar el agua acumulada que ocultaba los socavones. Se añade que a la hora de la caída, en torno a las 8 de la mañana, no había suficiente iluminación. Pues se trataba de un día oscuro y lluvioso. La jueza, inexplicablemente, no tomó en cuenta las adversas condiciones del momento y dictó sentencia en contra de Lidia. Alegó la señora jueza, que la víctima “iba con un deambular distraído y que el testigo la ve ya en el suelo.”

Por si fuera poco el despropósito, la jueza condenó en costas a Lidia, a pesar de haber ella aportado pruebas contundentes. La togada no tuvo si quiera en cuenta el magnífico informe del experto, el perito judicial de su confianza que ella misma había nombrado.

Las secuelas de la caída son una fractura vertebral y múltiples daños físicos que hoy en día le impiden llevar una vida normal. No puede realizar con normalidad las actividades cotidianas.

Además, Lidia tomó medidas legales contra el SAS por negligencia médica. Tras el ingreso hospitalario el mismo día de la caída, le dieron de alta casi a las 48 horas sin detectar la fractura vertebral, con un diagnóstico de ciatalgia. Pasados veintiún días Lidia comprueba horrorizada que no puede caminar. Entonces es cuando le confirman que el problema se debía a una fractura vertebral. En todos los documentos consta, fractura del día 1 de noviembre y vista el 22 de noviembre. A pesar de todo el juez dice en su sentencia, entre otras genialidades, que el tratamiento administrado fue el correcto! Argumenta la inexperta “doctora togada” que se proporciona el mismo tratamiento de una ciatalgia que para una fractura vertebral! Insólito es ver a un juez opinando cómo si fuese médico.

Continuando con su calvario, Lidia pide por vía judicial que se le reconozca una incapacidad por causa de los daños sufridos, físicos y psicológicos. La respuesta de la jueza Marta Romero Lafuente fue que: “Una enfermera no trabaja nada, está todo el día sentada, para que viene a solicitar una incapacidad?” Además amenazó a Lidia con desalojarla de la sala por el hecho de agachar la cabeza al escuchar cómo no tuvo en menor empacho en desprestigiarla tanto a ella como a su profesión de enfermera.

En base a todo esto, Lidia sospecha fundadamente estar sufriendo represalias por atreverse a denunciar a la Obra Social Unicaja, la entidad representada por el despacho de los influyentes Garrigues & Cia.

 

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