Colaborar con un miserable, iguala en esa condición

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Reza un viejo dicho que “no hay dos sin tres”, válido hasta que el nuevo “director” de gabinete del presimiente Pinocho Sánchez, Óscar López, no fuera capaz de dar “el tercer argumento de peso para votar…” –al PSOE, por supuesto–, aquel 20-N-11 que llenó de esperanza a casi once millones de españoles, tres de los cuales seguían en el desencanto en las elecciones repetidas en Junio de 2016 y más de cinco en las segundas de 2019, por la que no fue precisamente una brillante gestión política global de Mariano Rajoy –en lo que no toca volver a entrar hoy–.

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Y como me toca escribir el día en que se recuerda el segundo aniversario de aquel infausto 10N en el que llegó Pedro I el “Trilero”, recuperando la esencia del conocido dicho anterior me parece oportuno dedicar una tercera reflexión a lo que compartía en dos artículos anteriores –serie que podría ser interminable– que corté la semana pasada para atender a la actualidad de ese “principal” problema que para los medios amigos del sistema, o sea, todos, aunque un par de ellos por diferentes razones, pero con el mismo fin, nos quieren presentar como “único” en España –volcán de Cumbre Vieja y COVID recurrente (cuando conviene) aparte–, el cisma innecesario en el seno del PP.

En esta ocasión voy a comentar algunas muestras de miseria moral que, como no podía ser de otra manera, se ha hecho norma también en el día a día de los colaboradores más cercanos del guionista y que, como decía hace unos días, pese a haber tenido una trayectoria profesional más o menos destacada en la función pública, el hecho de prestarse a seguir acompañando a semejante jefe, los pone en el mismo nivel de miserabilidad que el susodicho.

Por “respetar” la jerarquía, empiezo por la vicepresidente primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, dicen algunos que reputada funcionaria en ese área, en Bruselas, que se presta al juego del trile y nos hablaba de “paz” en el consejo de ministros, en la disputa que la segunda, Yolanda Díaz, ha querido mantener sobre la derogación de la Reforma Laboral de 2012, finalmente “resuelta” con la “imposibilidad técnica” de llevar a cabo lo que tres de los socios Frankestein –PSOE, Podemos y BILDU– firmaron en Mayo de 2020, durante uno de esos estados de alarma, hoy anticonstitucionales, que el guionista aprovechó para colarnos sus primeras fechorías vía reales decretos. Y por ahí sigue.

¿Qué decir de lo que ha rodeado a la sentencia del TS que obligó a retirar el acta al podemita canario Alberto Rodríguez que comentaba en el artículo de final de Octubre? Sigue coleando la cosa y se ha sabido que el interfecto recibirá una indemnización de 18.000 € por su tiempo de “trabajo” en el Congreso, entre el que se encuentran periodos fallidos entre las tres legislaturas, una de tránsito hacia elecciones “lo antes posible para estabilizar España”, que argumentó el candidato para ganar su moción de censura de 2018 y otra que ni se puso en marcha entre Abril y Noviembre de 2019, salvo para que sus señorías cobraran sueldos, prebendas y sobresueldos por comisiones que no se llegaron a iniciar. Además, si perdió su escaño por un delito, habría que entender que el “cese” equivaldría a un “despido procedente”, que en ninguna empresa privada devengaría indemnización alguna, pero como en política vale todo y “ellos se lo guisan y ellos se lo comen”, a disfrutar del despido con el bolsillo lleno, gracias a esa generosa “política” indemnizatoria que sus señorías se aprueban a sí mismos, mientras España sigue cayendo, la inflación crece y son más pobres los que pueden seguir produciendo, pagando impuestos y cotizando por ello, jubilados incluidos.

Qué decir de la ministra de Defensa, Margarita Robles, otra “buena” funcionaria y magistrada, que dice que lo expresado por su compañera Ione Belarra acusando de prevaricación al TS, “es una opinión personal”. Por cierto, que esos mismos medios que repiten la disputa interna del PP, no escriben sobre la remisión al TS por la Fiscalía Especial contra la Corrupción de la documentación presentada por ACODAP (Asociación contra Corrupción y Defensa de la Acción Pública, que preside Fernando Presencia, exjuez decano de Talavera de la Reina), en denuncia por presuntas cuentas en paraísos fiscales a las que, “presuntamente” también, la ministra desvió “más de 6 millones €” cuando era Secretaria de Estado de Interior con Juan Alberto Belloch y Felipe González “X”.

Otro de los “buenos”, hasta que llegó al ministerio, que empezó a malearse desde el conocido Caso Faisán, es Fernando Grande –cada vez más pequeño– Marlaska, que demostró de nuevo su inquina personal con los coroneles Diego Pérez de los Cobos y Manuel Sánchez Corbí, saltándose otra vez el escalafón y negándoles el ascenso a general pese a que ocupaban los dos primeros puestos de la propuesta del Consejo General de la Guardia Civil. Y por si quedaba alguna duda de su miseria moral se publica en prensa que su ministerio pretende primar a los directores de centros penitenciarios que hagan más excarcelaciones de presos. Una de ellas, la del presunto autor del asesinato de un niño en Lardero, excarcelado pese a informes negativos de la Junta de Tratamiento, y al que la sin par Elisa Beni defiende diciendo que “no es un depredador” sino “un ser humano” (sic).

Otro ejemplar digno del top ten de la miseria moral es el inconmensurable e inconsumible ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha tenido su segundo día de “trabajo” desde que llegó al desdoblado ministerio. El otro fue cuando se alegró de la suspensión por el COVID de competiciones deportivas y aguzó su ingenio: “Percibimos en los datos que, al no haber competiciones deportivas, las apuestas vinculadas a este tipo de eventos se han reducido de manera extraordinaria”. Ahora la emprende contra la propaganda de dulces y zumos mientras su partido lleva al Congreso la legalización del cannabis y del consumo de droga en la calle, que tuvo como siempre la rápida y acertada respuesta de Isabel Díaz Ayuso: “Drogas, sí; dulces, no”. Entre medias, pedía comer menos carne para proteger la salud, mientras aparecía en un lujoso restaurante dando buena cuenta de un suculento entrecot. Digna pareja de su cónyuge, Anna Ruíz, con la que compartió su modesta luna de miel en las antípodas, que no le va a la zaga y tras definirse como “madre salvaje”, al parecer, se prodiga en sus redes sociales a 16.000 “followers” como se dice ahora, con mensajes discretos como “Reivindiquemos el c_ñ_ como arma de pasión masiva” y “Follemos hasta que nos enamoremos”.

No menos “digna” de formar parte de este selecto grupo de miserables es la que se define a sí misma como MuMeMa –que nadie piense que es un insulto-, acrónimo de Mujer, Médico y Madre, las tres condiciones con las que se presentaba en campaña la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, “comunista” de Retiro, que por si no lo había hecho de sobra, ha vuelto a “excretar” y, lejos de demostrar cualquiera de esas tres condiciones respecto al desgraciado accidente en el que murió una pequeña de cinco años en la puerta del colegio Montealto de Madrid, se ha explayado, cómo no en Twiter: “Las familias llevan meses reivindicando la necesidad de que los entornos escolares sean seguros y sanos. Esta noticia es lamentable y evitable. El Ayuntamiento tiene que hacer algo ya”.

Colaborador indirecto pero fundamental del número uno y merecedor por tanto de engrosar este “ranking”, es el lehendakari Íñigo Urkullu, que evidenciando la conocida cita evangélica de “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, acusa a Madrid de “dumping fiscal”, mientras él y sus paisanos conservan los privilegios del famoso e injusto “cupo vasco” que tira por tierra el Art. 14 de la Constitución. El que nace en Vascongadas trae un pan debajo del brazo mucho más sustancioso que muchísimos españoles. Como de costumbre, tuvo réplica inmediata de la Presidente madrileña: “Es una comunidad con un régimen a la carta” que “Cuando empiezan a irles las cosas peor, porque con políticas autoritarias no se crece, nos miran con envidia y nos critican con agravio”, y “eso ya está inventado, se llama nacionalismo y allá donde se aplica empobrece a la gente”.

Mención especial merece el congreso del PSOE andaluz en Torremolinos del pasado fin de semana, en el que la concurrencia de especímenes de miseria moral fue amplia. Por un lado, terminado el ciclo de la descabalgada “Sultana andaluza” Susana Díaz –a la que dejo fuera hoy–, se “entronizaba” a Juan Espadas, alcalde de Sevilla y nuevo líder socialista andaluz, que se la envainó –la espada, no  piensen mal, o sí- ante el carismático líder digital. Y allí tuvo una actuación estelar la incomparable ministra de hacienda Marisú Montero, que entusiasmó a la tropa que aplaudió a rabiar su intervención en una nueva edición del “¡Vivan las caenas!”. La que cuando se estrenaba en el cargo soltara aquella “gracieta” en el pasillo del Congreso “¿Qué son 1.200 millones, chiqui?”, que ahora se traduciría en “¿Qué es una sentencia del TC p’a nosotros, chicos? Pues lo mismo, ná”, anunciaba el cambio legislativo para saltarse la inconstitucional forma de calcular el impuesto de plusvalía municipal: “Mañana lo llevo al consejo de ministros, dicho y hecho”, que en España “NO PASA NÁ”, le faltó, y consumó su chulería el lunes –se adelantó el consejo porque el martes era festivo en Madrid y estos socialcomunistas no perdonan una fiesta, aunque sea religiosa– y ayer entraba en vigor el nuevo decreto ley porque, “El PSOE respeta siempre las sentencias” pero se las pasa por donde haga falta para contentar a sus huestes, aunque huela también a anticonstitucional, recordando aquella frase del fundador Pablo Iglesias Posse: “Nuestro partido respetará la legalidad, siempre que nos permita alcanzar nuestros objetivos, si no actuará fuera de la legalidad”. Pues eso.

Y otra más del innombrable Falconeti, que según publica ABC “Transparencia” asegura que “Pedro Sánchez no tenía información para aprobar los indultos” a sus socios del procés, sino que su anterior ministro de injusticia, Pedro Campos “de Merirxell”, que como todo el mundo puede suponer iba por libre.

No menos miseria moral puede considerarse el “putiferio”–en su 3ª acepción el DRAE lo define como “situación de desmadre”– de José Luis Ábalos, se dice que denunciado a su jefe por el nuevo director de gabinete en Moncloa –el antes citado Óscar López–, del que ahora se entiende su cometido como presidente de Paradores nacionales y se justifican los 200.000 € de sueldo.

Y qué es sino miseria moral el silencio cómplice de la mayoría de los medios ante el 85º aniversario el pasado día 7 del comienzo de las matanzas de Paracuellos del Jarama ordenadas por Santiago Carrillo o sobre que organizaciones afines al PSOE e IU tendrán que pagar las costas de la defensa del PP en el juicio de Bárcenas por la “mala fe” que les reprocha la Audiencia Nacional al haber reclamado como acusación popular condenas indemnizatorias por delitos inexistentes y sin tener legitimación.

Y la última, la derogación –ésta sí se puede, parece– de la Ley de Seguridad que bautizó la izquierda como “ley mordaza”, para dar mayor cobertura al delincuente y limitar las posibilidades de actuación de la Policía, en lo que algunos ven un marco preparatorio para cuando dejen el poder tener más libertad de actuación si, como de costumbre, el PP cuando llegue se limita a lo económico y laboral.