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Este año -que aunque parezca increíble ya está llegando a su fin- ha destacado por el paupérrimo estado en que ha sumido el virus chino COVID-19 a todo Occidente; acrecentado, por supuesto, por la mala gestión de muchos gobiernos, entre ellos el del inepto Pedro Sánchez. Pero las cosas podrían haber ido mucho mejor si desde el primer momento las medidas llevadas a cabo hubiesen sido las adecuadas: si no hubiese habido tanta confusión inicial con las mascarillas, si hubiéramos prescindido -porque prescindible era; todo sea dicho- del confinamiento coactivo de largos meses durante los cuales la economía voló a ras de suelo, si no hubiese habido restricciones absurdas en horarios concretos que solo servían para menoscabar la estabilidad de las empresas que abordaban las necesidades en aquellas franjas; y un larguísimo etcétera que será mejor obviar en aras de llegar a buen puerto.

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El centro de la cuestión es que España -y muchas otras economías; también las de ultramar- ha sufrido el doble los golpes de la pandemia por la pésima reacción de sus gobernantes. Voy a analizar la situación en términos macroeconómicos básicos. Es evidente que la Oferta Agregada se ha desplazado mucho hacia la izquierda, esto es, ha decrecido. Por esta razón, el punto de equilibrio, que refleja el nivel de precios del mercado, así como el de renta, ha descendido en la misma proporción. ¿Cómo solventar este dilema? No es tan controversial como aparenta; aunque en la praxis los modelos económicos tienden a errar levemente. Si la Demanda Agregada, al crecer, provoca un desplazamiento sobre su curva del punto de equilibrio (el crecimiento del punto de equilibrio supone un aumento tanto de los precios como del nivel de renta nacional), y esto, a su vez, suscita un crecimiento indirecto de las ofertas particulares que acaba concluyendo en un incremento general de las ofertas y, por ende, de la Oferta Agregada, se puede concluir que una buena solución sería influir positivamente en susodicha demanda. Está bien. ¿Pero cómo? Por supuesto, no de la manera en que ha sido probada por los políticos españoles.

La curva de la Demanda Agregada depende positivamente del consumo, de la inversión privada y el gasto público (es decir, de la inversión pública); además de las exportaciones netas, si fuese el caso de una economía abierta. Cualquier cambio en una de estas variables supondría un incremento o decremento de la Demanda Agregada. Se ha comprobado que las mejores medidas para salir de una situación de crisis son las que tienen que ver con el sistema impositivo. Cuando un gobierno reduce los impuestos sobre las sociedades y la renta, la cantidad de dinero del que disponen los hogares (las familias) y las empresas se ve nutrida en la misma proporción: puesto que la renta disponible es la sustracción del pago de impuestos a la renta total, al disminuir la cifra de impuestos, aumenta la renta disponible. Al aumentar la renta disponible, aumenta la propensión marginal al consumo que, a su vez, conlleva grandes cambios en la variable del consumo (C), pues C= Ca + c*(T-Y), es decir, el consumo total -que afecta a la ecuación de la Demanda Agregada- es la suma del consumo autónomo y del resultado de multiplicar la propensión marginal al consumo por la renta disponible. Total, que al aumentar el consumo (C), la Demanda Agregada (C+I+G+NX) también se verá aumentada; y al aumentar la Demanda Agregada, la Oferta Agregada aumentará a medio plazo. Así, además de incentivar el consumo, se crearán multitud de puestos de trabajo nuevos que resarcirán la grave pérdida que supone para la tasa de empleo lidiar con una crisis.

Si he sido técnico en demasía hasta el momento, no se preocupe el lector. Lo subsecuente será facilitar un par de ejemplos que esclarezcan lo explicado y demuestren la practicidad de la teoría. Cuando J.F. Kennedy llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 1961, convenció a un grupo de economistas jóvenes considerados los más brillantes para que fuesen miembros del Council of Economic Advisers. Éstos decidieron que la mejor solución para estimular la economía nacional era reducir drásticamente los impuestos. Y así ocurrió. Tal como lo predijeron sus asesores, el país gobernado por Kennedy vivió un crecimiento del PIB (que para el caso es lo mismo que la DA) del 5,3 por ciento (1964) y la tasa de paro (recuérdese: población desocupada entre población activa) descendió también del 5,7 por ciento en 1963 al 4,5 en 1965. En otra ocasión, bastantes años más tarde, el presidente George Bush aprobó una gran reducción de impuestos en 2001 y en 2003 que supusieron un aumento del PIB real dl 4,4 por ciento y una disminución de la tasa de paro del 6,3 al 5,4 en 2004.

Pero eso no es todo. Además de la reducción de impuestos, que incentiva el consumo (la C de la ecuación), se puede aumentar el gasto público (G). Esto alimentaría aún más el fuego del crecimiento, provocando que la Demanda Agregada subiese todavía en mayor medida.

¡Pero atención, que esto tiene truco! ¿Qué sucede? Que el gasto público no puede ser aleatorio, sino que debe ser estudiado y concretizado en los ámbitos donde mayor efecto y bien pueda hacer el Estado. Y esto es, de hecho, lo que peor ha hecho el gobierno de Sánchez: entre paguitas, aumentos de sueldos y de plantilla, de ministerios y de comisiones, gastos en minucias como organizaciones que fomentan absurdeces ideológicas (véanse ideología de género, memoria “democrática”, etc.), el gasto público real -que debe enfocarse en infraestructuras, escuelas, etc.- viene siendo nulo. Lo que al final quedaría es un despilfarro que lo único que provoca es que empeore la situación: que haya mayor deuda pública cada año que pasa, que no nos tomen enserio en el extranjero, que cada vez menos gente quiera emprender y más gente busque chupar del bote, etc. ¡En fin! Cuando quienes gobiernan piensan más con el corazón que con la cabeza, sucede lo que sucede. ¡Así nos va! (Y así nos irá…).

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