Las tropelías de los bancos con sus clientes, pasan ya de lo anecdótico, para convertirse en algo habitual.

La noticia no es otra, que un cliente de Iberia Card, la tarjeta affinity de la compañía aérea Iberia, ha sido demandado por esta empresa en un juzgado de Madrid, reclamándole una cantidad presuntamente debida por este, utilizando un contrato de tarjeta de crédito, que meses antes, otro juzgado de Madrid, había anulado por usura..

La sorpresa del cliente fue mayúscula, cuando después de haber visto cómo en una sentencia firme dictada por el juzgado de primera instancia nº 20 de Madrid, en la que se declaraba nulo por usura un contrato de tarjeta revolving emitido por Iberia Card, a causa de aplicar al cliente un tipo de interés del 25,34 TAE, recibió una demanda de juicio monitorio instada por  la misma empresa, reclamándole una cantidad.

Tras acudir al despacho de abogados Quercus&Superbia Jurídico, que había sido quienes habían conseguido la sentencia firme declarando nulo el contrato de tarjeta revolving, estos pudieron comprobar que el contrato que se utilizaba por Iberia Card para demandar a su cliente, era el mismo que este despacho de abogados, había conseguido anular por usura, mediante una sentencia firme, favorable para su cliente.

La defensa del cliente, tras oponer a la demanda la excepción de cosa juzgada, es decir, que no puede haber dos resoluciones judiciales sobre el mismo asunto, el juzgado de primera instancia nº 11 de Madrid, ha dictado un auto, archivando la reclamación dineraria contra el cliente y condenando en costas al banco, por su mala fe procesal.

En los últimos tiempos, estamos asistiendo, a tropelías procedimentales que se están cometiendo desde los servicios jurídicos de las entidades financieras, las cuales son muy difíciles de definir, dado que unas rozan el suicidio procesal desde el comienzo del procedimiento y otras, el empecinamiento de unas entidades que sostienen lo insostenible en los juzgados, aun a sabiendas que la Ley, las doctrina y la jurisprudencia nacional y europea, chocan con sus argumentos.

Ignoramos si esto se debe a la impericia de unos servicios jurídicos externos contratados a bajos precios o al ánimo dilatorio, perfectamente calibrado, de jugar con el tiempo para conocer si se cansa antes el cliente que ellos mismos, en el ejercicio del derecho de reclamación como consumidor.

 

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