El Tribunal Canario ratifica la suspensión del pasaporte COVID-19 acordada el 23 de  septiembre de 2021, pese a las alegaciones del Gobierno insular.

La asociación LIBERUM recurrió ante el el TSJ de Canarias el  Acuerdo del Gobierno canario del 16 de septiembre de 2021, y solicitó su suspensión  cautelar, ya que dicho acuerdo contenía medidas que podrían afectar a los derechos  fundamentales y fomentan un trato discriminatorio entre la población, además de generar  una falsa seguridad en parte de la ciudadanía.  

Resuelve el TSJ que “tenemos, por tanto, una norma de rango legal habilitante (el  Decreto ley 11/2021 de 2de septiembre) y una medida que se adopta en aplicación de la  mismay en consecuencia, “es plenamente justiciable ante este orden jurisdiccional” de  conformidad con el art. 106 de la Constitución y los arts. 1.1, 25 y 10.8 de la Ley  29/1998. Por tanto, el Gobierno canario no puede esquivar el control judicial ejercido por  el TSJ invocando el rango normativo como pretendía. 

Cabe destacar como contesta la Sala la alegación de que “el empresario puede acogerse  voluntariamente a la norma […] El Gobierno no impone directamente la exigencia” del  pasaporte COVID para acceder al ocio nocturno, ampliando el horario al empresario que  acoja la medida y manteniendo la restricción horaria a quien decida no aplicarla. Dice el  Tribunal: 

“A este respecto, debemos hacer notar ante todo que precisamente el ejercicio voluntario  es lo propio de todo derecho, también deambular por la vía pública durante la noche es  una actividad voluntaria y no por ello se ha aceptado que los toques de queda  nocturnos no afecten al derecho fundamental a la libertad”  

En efecto, va de suyo que todo derecho es de ejercicio voluntario, pues de lo contrario  hablaríamos de obligaciones o deberes, pero es precisamente la posible afección a  derechos fundamentales lo que determina la exigencia de intervención judicial”.  

A más abundamiento: 

“Más aún, también podríamos plantearnos si acaso esto no implica incluso una  discriminación dentro del propio empresariado, haciendo depender la hora de cierre de  sus locales de que los empresarios acepten implementar la medida de que tratamos”. 

Reprocha la Sala que el Gobierno canario no hubiera solicitado la ratificación preceptiva  de la medida. Dice: 

“Los citados preceptos exigen la previa autorización o ratificación, por parte de la Sala de Instancia para que tengan eficacia. La medida no podrá desplegar sus efectos antes de  que haya sido ratificada judicialmente. […] Se trata de medidas que no pueden ser  aplicadas durante el tiempo que medie entre su adopción por la Administración y el  pronunciamiento judicial sobre su autorización y ratificación […]apreciamos que todo  apunta a que la decisión controvertida nos tendría que haber sido sometida y que  mientras no lo sea no podrá ser eficaz”.  

Por todos estos motivos, el Auto dispone la ratificación de la suspensión de la medida de facultar a los empresarios exigir el denominado pasaporte COVID para acceder al ocio  nocturno.

 

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1 Comentario

  1. No sólo debe ser de este modo,sino que además si un empresario pidiese este tipo de pruebas médicas,estaría obligado a firmar contratos de responsabilidad civil,haciéndose cargo de los efectos secundarios de estas vacunaciones experimentales,teniendo que pagar grandes sumas de dinero a los empleados que las padeciesen,según marca la ley.
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