Los hechos penalmente relevantes, arrancan de las declaraciones  efectuadas por el señor Torres el pasado 23 de Julio de 2021, producidas tras el Acuerdo  de Gobierno de 22 de Julio de 2021, en el que se acordó la exigencia del certificado de  vacunación para acceder a establecimientos de hostelería y restauración, gimnasios y  espacios culturales. En dichas declaraciones, se criminaliza a los ciudadanos que,  haciendo uso de su libertad, han decidido no administrarse un medicamento aún en  revisión, y del que todavía se desconocen sus efectos adversos. Ignora el Presidente de la  CA de Canarias, que la vacunación en España es voluntaria, tal y como ha constatado el  Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 20 de Julio de 2021.  

Con clara voluntad discriminatoria, se ha querido utilizar el certificado de vacunación, no  como medida destinada a evitar los contagios, sino al margen de su legitima finalidad,  para imponer coactivamente la administración de estos medicamentos 

Tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la exigencia del certificado  Covid (Autos de 29 y 30 de Julio de 2021 de medidas provisionales, confirmadas por  Auto de 13 de Agosto de 2021), se ha verbalizado la intención de buscar la fórmula del  Decreto-Ley, con la exclusiva finalidad de eludir el preceptivo control judicial, al  tratarse de medidas limitativas de derechos fundamentales. 

Efectivamente, tras el levantamiento del estado de alarma, el Gobierno Central, por Real  Decreto 8/2021, de 4 de Mayo, vino a establecer la posibilidad de que las comunidades  autónomas adoptaran medidas excepcionales con motivo de la pandemia, y con  fundamento en la Ley Orgánica 3/1986, exigiendo, cuando se tratara de medidas  restrictivas de derechos fundamentales, la autorización o ratificación judicial

El Decreto-Ley 11/2011, pretende sortear dicha normativa, y adoptar medidas  limitativas de derechos fundamentales sin autorización judicial, dando forma de ley, a lo  que no son más que medidas restrictivas de derechos fundamentales.

Tal es el caso del artículo 14 del citado Decreto-Ley, con el que se pretende imponer la  obligatoriedad de la vacunación o de pruebas diagnósticas, por la vía del art. 22 de la Ley  de Prevención de Riesgos Laborales, con el objeto de eludir el preceptivo control judicial,  al tratarse de medidas limitativas de derechos fundamentales. 

No admite dudas el que la pretendida medida afecta a derechos fundamentales ( arts.  15 y art. 18 CE), y por tanto, resulta ineludible la previa autorización judicial. Así se  desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de Agosto de 2021, que  confirma la denegación de la autorización judicial acordada por Auto de 9 de Agosto del  TSJ de Castilla La Mancha, expediente judicial motivado por la Resolución de 5 de  Agosto de 2021 de la Consejería de Bienestar Social de dicha Comunidad Autónoma, en  la que precisamente, se acordada que para poder prevenir y controlar la enfermedad, se  realizará periódicamente, en función de la incidencia acumulada, pruebas diagnósticas de  infección Activa ( PDA) a todas las personas trabajadoras de la residencia, cada 7 o 14  días. 

El Tribunal Supremo confirma la denegación de la ratificación acordada por el  órgano a quo, y lo que es más importante, considera que este tipo de medidas implican  una clara incidencia en el derecho fundamental a la intimidad personal, medidas  que exigen la previa autorización judicial. 

El artículo 14 del Decreto 11/2021, es un mero ardid, constitutivo de un presunto ilícito  penal, con el que se utiliza indebidamente esta figura legislativa, para sortear la previa  autorización judicial, cuando de limitación de derechos fundamentales se trata. 

Asimismo, y de acuerdo con una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, no  cabe la regulación de derechos fundamentales a través de decretos leyes. Tampoco se  aprecia la urgencia para la adopción del Decreto Ley, dado que en la legislación vigente,  los Gobiernos autonómicos pueden ( tal y como lo han venido haciendo ), en base a la  Ley Orgánica 3/1986, de 14 de Abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública,  adoptar medidas sanitarias con autorización judicial. La urgencia parece ser dotarse de  una norma que permita a este Gobierno eludir el preceptivo control judicial para  adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales. 

La manifiesta ilegalidad del citado Decreto Ley a la hora de tratar de imponer el  certificado de vacunación (actuación encaminada a imponer coactivamente la  vacunación), se tiñe de irracional, al comprobar la absoluta ineficacia del certificado  Covid para prevenir el contagio, dado que no resulta discutible científicamente, que  las personas vacunadas contagian, al menos lo mismo que las no vacunadas ( y con  la misma carga viral, cuestión reconocida públicamente por el propio Consejero de  Sanidad, D. Blas Trujillo, en la comparecencia del propio Consejo de Gobierno de 23 de  Julio de 2021 en el que se imponía dicho certificado. 

Se aprecia indiciariamente la existencia, entre otros, de un ilícito de prevaricación, de  coacciones y de odio, motivo por el que esta Asociación, comprometida por el respetuoso  respeto a los derechos fundamentales, interpondrá en los próximos días, una querella  criminal contra el Presidente Canario, D. Ángel Víctor Torres.

 

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4 Comentarios

  1. Este tipo es un tirano impresentable… La justicia deberia pararle los pies e inhabilitarlo ya que esta prevaricando de manera obscena.

  2. pronto en la Esperanza junto a Zerolo, el tipo al que más veces le ha tocado la lotería en territorio Español….y no es coña.-

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