Los hechos conocidos apuntan a la existencia de una trama criminal dedicada a encubrir delitos y hacer desaparecer pruebas comprometedoras. La Fiscalía y el Catastro de las islas protagonizarían el papel fundamental. ACODAP denuncia que algunos fiscales situados en puestos relevantes estarían directamente involucrados en el escándalo.

El caso de “La Bufona” es un monumental escándalo con una inusual instrucción penal que ya supera los 20 años!

Este desvergonzado caso ha sido denunciado por la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública, ACODAP, liderada por el juez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia. Señala el escrito que el SEPRONA denunció en 1999 movimientos irregulares de tierras en el plan parcial a las afueras de Arrecife que afectaban a suelo rústico de protección de Jable.

La entonces alcaldesa, Manuela Armas, ordenó el precinto de las obras. Sin embargo María Isabel Déniz, la sucesora en el cargo, levantó alegremente y por su exclusivo capricho el precinto. Finalmente se levantaron las casas con su único consentimiento.

A raíz de la denuncia por la monumental cacicada comenzó la primera instrucción penal del caso de “La Bufona”, una urbanización que fue levantada en la isla de Lanzarote donde se construyeron ilegalmente varios chalets que ocupan parcialmente suelo rústico de protección ecológica.

Sorprendentemente, uno de los propietarios era nada más ni menos el entonces fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, casual y curiosamente el portavoz nacional de la asociación de fiscales APIF.

Señala el escrito de ACODAP que las primeras diligencias iniciadas a raíz de la denuncia del SEPRONA en 1999 “misteriosamente” se perdieron, extraviaron, volatilizaron o “cajonearon.” Por esa inexplicable causa de fuerza mayor, la propia Guardia Civil tuvo que repetir desde el comienzo las actuaciones que dieron origen a las diligencias previas 975/2000.

En 2008 el caso pasó a ser un procedimiento abreviado. El escrito de acusación de Fiscalía tiene fecha del año 2011. En 2016 se celebró la vista oral ¡Diecisiete años después de iniciada la primera instrucción penal!

El Juzgado de lo Penal, primero, y la Audiencia Provincial, después, condenaron a los promotores de la urbanización, Antonio Caro y Federico Echevarría, a dos meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio.

En la sentencia se incluía la obligación del derribo de lo construido “sin título habilitante”, algo que afectaba a una porción de 14 casas que se construyeron en suelo rústico de protección ecológica.

Pero los propietarios de esas casas se defendieron como gato panza arriba, presentando un incidente de nulidad donde alegaban “indefensión”, pues afirmaban que no se les había citado al juicio como responsables civiles, aunque lo fueron como testigos.

Pasmosamente, la misma Audiencia Provincial que condenó penalmente a los autores del delito urbanístico anuló después la sentencia para dar la razón a los propietarios de los chalets ilegales (entre ellos también al fiscal Pallarés) porque, según el Auto de fecha 3 de julio de 2018, lesionaba su derecho a no ser condenados sin ser oídos.

En la misma resolución se acordaba la nulidad de las actuaciones hasta el momento en que se incorporó a las actuaciones el escrito del ministerio fiscal, de fecha 21 de diciembre de 2011, firmado por Carlos Seijo, por el que se pedía la citación de los propietarios de los chalets como responsables civiles.

Sin embargo -según ACODAP- el error que se ha cometido en el procedimiento a lo largo de estos veinte años habría sido inducido por la actitud vacilante de la fiscalía, que después de que Seijo “olvidara” mencionar a los propietarios de los chalets ilegales en su escrito de acusación, intentó subsanarlo después en su último escrito del año 2011, donde en principio se refería a esos propietarios como perjudicados para después – de manera absolutamente contradictoria- calificarlos como responsables civiles, sin especificar si se trataba de la responsabilidad civil subsidiaria del artículo 120 o de la responsabilidad civil directa –como partícipes a título lucrativo- del artículo 122 del código penal”.

“En ese sentido -indica la asociación experta en delitos de corrupción urbanística- podría decirse que la actuación manifiestamente prevaricadora del fiscal jefe de Canaria, Vicente Garrido, al tratar de encubrir la responsabilidad civil directa de su compañero, el ex fiscal coordinador de Arrecife Miguel Pallarés, enmascarándola bajo la fórmula de la responsabilidad civil subsidiaria, que es inservible, para dar cumplimiento a la sentencia que ordena la demolición, habría sido la causante del embrollo judicial de ‘La Bufona’ que lleva sin resolverse la friolera de 20 años”.

Poco tiempo después, Garrido fue apartado de la jefatura de la fiscalía de Canarias como consecuencia directa de este inconmensurable escándalo. La orden partió de Carmen Segarra, que en ese momento era la Fiscal General del Estado.

Los tramposos no descansan. Se acaba de conocer otra inadmisible trapisonda: El Catastro Inmobiliario refleja en su cartografía oficial un planeamiento de La Bufona de 1998 que ya no existe. Una sentencia del Tribunal Supremo lo eliminó, no es el vigente en el imperante PGOU-ADAPTACIÓN BÁSICA de 2004 de Arrecife de Lanzarote.

 

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1 Comentario

  1. INFORMACION DEL FORO NAVAL….. Foro Naval
    15S hoonnesoroas ·
    Con el volcán de La Palma, nuestro amigo Luis Mollá nos cuenta que durante la Guerra Fría, los EE.UU. instalaron una estación “sísmica” en Cumbre Vieja que más tarde ser supo que en realidad servía para buscar submarinos de la URSS en el Atlántico. Aquí nos cuenta su origen e historia.
    Luis Mollá
    16S hoonnesoroas ·
    Isla de la Palma. Volcán de Cumbre Vieja
    “La Casita”
    Los llamados Pactos de Madrid de 1953 fueron tres «acuerdos ejecutivos» firmados en Madrid el 23 de septiembre de 1953 entre Estados Unidos y España, en virtud de los cuales se instalarían en territorio español un conjunto de bases y estaciones militares estadounidenses a cambio de ayuda económica y militar. Para el régimen franquista supusieron, junto con el concordato con la Iglesia católica firmado un mes antes, la integración definitiva en el bloque occidental tras el aislamiento que había padecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial por su vinculación con las potencias del Eje.
    Las cuatro bases fueron ampliamente conocidas: Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón. Las estaciones, más de una veintena, quedaron repartidas a lo largo y ancho de nuestra geografía cada cual con un objetivo diferente dentro de la Guerra Fría que daba sus primeros pasos por aquellas fechas.
    La mayoría de estas estaciones o bases menores eran de comunicaciones, como la establecida en Guardamar (Alicante), quizás la más indiscreta por su torre de comunicaciones LF de 370 metros de altura para apoyo a submarinos. También fue muy conocida la Base de Seguimiento Aerospacial de Robledo de Chavela, relacionada con el programa espacial de la NASA.
    Hubo otras muchas, incluida una pequeña estación en Puerto Naos, en la parte occidental de la Isla de la Palma, que se relacionó inicialmente con estudios sísmicos vinculados al volcán de Cumbre Vieja, y a la que con el tiempo, quizás tratando de justificar los cuatro grandes emisarios acústicos submarinos que penetraban en la mar desde la estación, se le añadieron objetivos relacionados con la escucha de cetáceos. Esta estación era conocida en la zona como “La Casita”.
    En La Casita trabajaban una docena de norteamericanos que se mimetizaron perfectamente con su entorno. Pepe el panadero de Puerto Naos o los hermanos Artigas que aprovisionaban la pequeña estación de alimentos se contaban entre los privilegiados que salían cada día de la estación con un paquete de tabaco rubio americano, leche y un puñado de pequeñas monedas, fruto de sus ganancias en las “slot machines”, las tragaperras entonces desconocidas en nuestro país.
    En mayo de 1968, en plena Guerra Fría, el submarino nuclear norteamericano USSN Scorpion desapareció en algún punto del Atlántico en tránsito entre Rota y Norfolk (Virginia). A su desaparición siguieron días de actividad frenética en La Casita. Fue así como supimos que la pretendida estación sísmica era en realidad un centro de inteligencia acústica integrado en la entonces red SOSUS (Sound Surveillance System), un sistema secreto de vigilancia acústica que se dedicaba principalmente a escuchar el paso de unidades soviéticas, con idea de registrar los ruidos de sus unidades principales para integrarlos en una biblioteca acústica que iba a parar, a su vez, a las unidades de la US Navy más importantes, principalmente submarinos.
    Revisando los registros de escucha de La Casita se encontró una potente explosión en medio del Atlántico en la tarde del 22 de mayo seguida por 15 implosiones menores. La explosión había hundido al submarino y su origen sigue siendo un misterio. Las implosiones se debían a la presión ejercida sobre el casco del submarino en su descenso al fondo del mar. En cualquier caso la explosión contaba con una demora gonio que cruzada con el rumbo previsto del submarino llevó a la US Navy a encontrarlo a más de tres mil metros de profundidad.
    En 1971 la estación prestó un gran servicio a las autoridades de La Palma con ocasión de los primeros temblores que anunciaron la explosión del volcán Teneguía, 38 kilómetros al sur de Cumbre Vieja. Pero su principal misión seguía siendo otra, y cada viernes despegaba un avión con destino a Torrejón cargado de grandes tambores precintados que contenían los oscilogramas de las escuchas.
    En los años setenta comenzaron a escucharse en la isla unos potentes sonidos en forma de rugidos. Llamado a consultas, el jefe de la estación dijo a la Guardia Civil que se debían a los cartuchos de dinamita que utilizaban algunos pescadores desaprensivos para aumentar sus capturas. Tenía órdenes de silenciar la verdad, que no era otra que en aquella época se probaban en la zona nuevos modelos de aviones supersónicos y La Casita era responsable de registrar los atronadores ruidos que se producían en el aire al romper los aviones la barrera del sonido.
    La Casita también tuvo una responsabilidad notable en los proyectos de investigación acústica subacuática “Hartwell”, “Jezabel” y “Michael” a través de los cuales se estructuró la defensa antisubmarina de la US Navy basada en la detección de submarinos enemigos por sonidos de baja frecuencia mediante un sistema de hidrófonos y de sonares pasivos.
    La Casita pasó a prestar servicios mínimos en 1974 y dos años después fue abandonada definitivamente, pasando a ser propiedad de la Armada. Hoy suele estar habitada por diferentes grupos de ocupas.
    Puerto Naos se encuentra muy próximo a la pedanía de Todoque hoy desafortunadamente conocida por todos los españoles. Al haberse ralentizado el avance de la colada La Casita permanece fuera de peligro, pero de incrementarse su avance hacia el mar podría quedar sepultada por la lava. Nada que ver, desde luego, con la tragedia de tantos palmeros que se están viendo sometidos a la terrible impotencia de ver desaparecer sus hogares bajo el manto de la lava. Sin embargo, en el caso de que La Casita terminara desapareciendo también bajo la colada, uno no puede dejar de preguntarse cuántos secretos de la Guerra Fría desaparecerán con ella.

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