Desde Liberum, junto con varias asociaciones más se han enviado 38561 emails, a todos los centros educativos de toda España, una carta informativa, a los directores de los centros, informándoles que deben cumplir la ley. Esa ley que se han saltado en muchas ocasiones, a lo largo del curso recién terminado. Así mismo les recordamos, quien debe dar el consentimiento para seguir con las pretensiones que pretenden llevar a cabo en los centros educativos, por orden de la consejería de educación.
¡¡¡¡¡¡LOS PADRES!!!!!! Son quienes deben dar consentimiento.

A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con D.N.I. nº XXXXXXXXXX, presidente de la asociación “LIBERUM”, con C.I.F. nº G-XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad, con N.I.E. nº XXXXXXXXXXXX, presidente de la asociación “UNITS PER LA VERITAT”, con C.I.F. nº G-XXXXXXXXXX; , mayor de edad, con D.N.I. nº XXXXXXXXXXXX, presidente de la asociación “GUADALAJARA  

DESPIERTA”, con C.I.F. nº G- XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  mayor de edad, con D.N.I. nºXXXXXXXXXXXXXX, presidente de la asociación  “ACU EXTREMADURA LIBRE”, con C.I.F. nº G-XXXXXXXXXXX, comparecen  y DICEN: 

PRIMERO.- Que, el Art.6.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su redacción modificada por el Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, dispone lo siguiente: 

“Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas. 

(…) 

  1. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible en los siguientes supuestos:
  2. a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para

quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.(…)”. 

SEGUNDO.- Que, resulta una constante que centros educativos como el suyo no permitan, tanto a los docentes como a los alumnos que están exentos del uso de la mascarilla obligatoria del Covid-19, ejercer su derecho a no portar la citada mascarilla. 

Está práctica resulta contrario a lo dispuesto en el precepto legal mencionado anteriormente. Lo cual, supone una vulneración de la ley que, a partir de la presente, supondría un acto expreso de mala fe por su centro, ya que, desde este momento se les comunica expresamente la legalidad vigente. Y ello, a efectos de las posibles responsabilidades administrativas que pudieran derivarse. 

TERCERO.- Que, por otra parte, no permitir ejercer un derecho de un alumno por un docente supone un abuso que no puede ser tolerado. Los docentes tienen condición de autoridad en las aulas para el ejercicio de sus funciones. Por tanto, las instrucciones a los mismos en el sentido de no permitir a los alumnos exentos del uso de la mascarilla, supone que su centro utiliza las condiciones de autoridad de sus docentes para valerse de una superioridad que se plasma en impedir y coaccionar a otros ciudadanos ejercer sus derechos con libertad. 

Por tanto, por medio de la presente, les comunicamos que, de continuar esta práctica, nos reservamos nuestro derecho a interponer las acciones judiciales que correspondan, y ello, en aras exclusivamente de hacer valer los derechos de los alumnos. 

CUARTO.- Que, el ejercicio de su derecho a no portar mascarillas por parte de docentes y alumnos, no es un acto de libre albedrío y de puro capricho. Las personas exentas del uso de la mascarilla lo son por prescripción médica, es decir, porque la medida preventiva que supuestamente supone el uso de mascarilla es más lesiva para el caso concreto de una persona que el beneficio que le pueda reportar al mismo y al sistema sanitario.

Por tanto, compeler a cualquier persona exenta al uso de la mascarilla en su centro educativo al uso de estas mascarillas, supone poner en riesgo la salud de esa persona que concretamente se le ha pautado médicamente no portarla. Esto puede suponer un desencadenante fatal en su estado de salud, lo cual, ya les anunciamos que, de producirse, ejerceremos las acciones pertinentes para reparar el daño causado, así como, para que se deriven las correspondientes responsabilidades. 

QUINTO.- Que, las medidas alternativas propuestas, tales como clases online, uso de mascaras de plástico, etc,…; suponen una discriminación negativa frente a quienes ejercen sus derechos con libertad. 

Además, estas medidas consideramos que conllevan una coacción tácita para impedir a otros ciudadanos ejercer sus derechos. Siendo que, las referidas medidas no garantizan la seguridad ni del docente o alumno exento, ni tampoco del resto de alumnos y personal docente. Por tanto, consideramos que es un método soterrado de impedir el desarrollo laboral y educativo con normalidad de estas personas. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha indicado que es necesario un juicio de proporcionalidad como medio necesario para limitar los derechos fundamentales, los cuales gozan de un refuerzo garantizado por el encuadre constitucional en el que se encuentran recogidos, esto es el Título I, Capítulo II, Sección 1ª de la Constitución Española. Por todas las SSTC 66/1995, 55/1996 y 2017/1996. Concretamente, las SSTC 22/1981 y 34/1981 han indicado al respecto la exigencia de una “relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida”. 

SEXTO.- Que, debemos destacar que, la educación de un alumno no solo supone la adquisición de conocimientos, sino también de habilidades sociales y de convivencia. Privar a un alumno de la presencialidad en el aula a causa de imponerle la docencia online con motivo de ejercer sus derechos supone impedir la escolarización del mismo, lo cual, es contrario al Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, sobre los derechos, deberes y normas de convivencia de los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, así como contrario al

Art.27 de la Constitución Española, y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948. 

SÉPTIMO.- La vacunación en España es un acto voluntario, y tiene la consideración equivalente a la administración de un medicamento. La Ley 41/2002 reguladora de la Autonomía del Paciente establece que el paciente (o sus progenitores, si el paciente fuera menor de edad) tienen derecho a decidir si acceden a que se le administre un medicamento a un menor, previo consentimiento informado. Y tienen derecho a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad, y a revocar su consentimiento en cualquier momento. 

Así mismo, el paciente menor de edad y sus padres tienen derecho a obtener toda la información posible sobre el fármaco previamente a que éste le sea administrado, así como sus potenciales efectos, tanto beneficiosos como adversos. 

Por todo ello, bajo ningún concepto puede desprenderse de la interpretación de las leyes vigentes en España que la asistencia a los centros por parte de los menores de edad para que ejerzan su derecho a ser escolarizados, implica el consentimiento tácito de sus padres a que sean objeto de un acto sanitario. Por el contrario, al tratarse de un acto médico, es necesario previo consentimiento expreso. 

Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pone a disposición de los ciudadanos en su página web la información sobre el proceso excepcional de evaluación de las vacunas anti-Covid (en realidad, fármacos de expresión génica, diseñados para interferir en los mecanismos genéticos celulares naturales) que el gobierno de España pretende que sean administrados también a los menores de edad. Dicha evaluación consiste en un proceso de revisión continua (rolling review) en el cual los datos sobre la eficacia, seguridad y calidad de estas “vacunas” no están disponibles al comienzo de la evaluación, sino que se analizan los datos conforme se van generando. Se trata de fármacos con autorización de comercialización condicional, por tanto, que todavía no han obtenido la autorización definitiva por encontrarse en fase III-IV de experimentación. De los datos disponibles

se desprende, por ejemplo, que la finalización de la fase III se prevé para el 31 de octubre de 2022 (Moderna) y 27 de abril de 2023 (Pfizer). 

Llama poderosamente la atención que se trata de ensayos cuyos criterios de exclusión, en las fases I y II de experimentación, han sido, entre otros, los menores de edad. Y es más que probable que el motivo sea debido a que la incidencia del síndrome Covid-19 en niños y adolescentes es casi nula. Por tanto, ya desde el inicio, los fabricantes de productos farmacéuticos no previeron incluirles en los ensayos por ser absolutamente innecesario administrarles este tipo de fármacos de expresión génica. Esto implica que se desconocen en la fecha actual los efectos que pueden llegar a provocar en la fisiología de nuestros hijos, ni a medio ni a largo plazo. Por tanto, no existe beneficio para los menores de edad derivado del tratamiento por medio de la vacunación en este caso. 

Por ello, concluimos que los menores de edad escolarizados en los centros educativos tienen derecho a no vacunarse, que sus padres tienen derechoa no otorgar su consentimiento para dicha vacunación de sus hijos, o  bien, a revocar el otorgado en su día en cualquier momento. 

Por otra parte, instamos a que por su parte se haga valer esos derechos y a que se promueva la información necesaria a los padres del alumnado sobre estas cuestiones, debiendo tenerse en consideración que los alumnos no recibirán ningún beneficio de la vacunación, tal y como hemos referido anteriormente. 

Por lo expuesto, 

SOLICITAMOS que, se tenga por presentado este escrito, y se acuerde por parte de su centro educativo permitir a los docentes y alumnos exentos del uso de la mascarilla, ejercer sus derechos con libertad y plenitud, cesando así en cualquier medida de presión frente a los mismos o discriminatoria, no imponiéndoles métodos alternativos de educación ni medidas diferenciadoras

con el resto del personal docente o el alumnado. Así como, instamos a que por su parte se haga valer el derecho de los menores de edad escolarizados en el centro a no vacunarse, el derecho de sus padres a no otorgar su consentimiento para la vacunación de sus hijos, o bien, el derecho de los padres a revocar el otorgado en su día en cualquier momento. Debiendo promoverse por su centro la información necesaria a los padres del alumnado sobre sus derechos en relación a la vacunación. 

CARTA CENTROS EDUCATIVOS EDITADA PDF

 

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3 Comentarios

  1. Es la hora de la Insumision ,combate al Poder Masonico y Concentraciones Permanentes en Plazas hasta la erradicacion de vacunas y Derogacion de la Pandemia.

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