ACODAP, la “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública” liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, formuló denuncia ante el juzgado de guardia para prevenir la causa contra el intocable presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes Serrano, de estricta conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el escrito de denuncia se pedía igualmente  su detención inmediata.

Esta denuncia, contra todo pronóstico, acaba de ser admitida a trámite por el juzgado de instrucción nº 1 de Talavera de la Reina, que ha acordado en sus Diligencias Previas 31/2021 la inhibición de las actuaciones a los juzgados de instrucción de Madrid, por ser los competentes.

La denuncia vino motivada por que unas semanas antes se había hecho público un expediente administrativo del CGPJ donde se revelaba lo que a todas luces parecían ser inconfundibles instrucciones directas de Lesmes destinadas a “amañar” el juicio-teatro contra el magistrado Fernando Presencia, ese que ha terminado condenado a la pena de 34 meses de prisión por denunciar la corrupción togada en evidente contradicción y desobediencia con lo que ordena la UE en su Directiva UE 2019/1937.

El citado tremendo expediente administrativo fue aprobado sorprendentemente por la Comisión del CGPJ. Se trata del “Anexo del acuerdo de la Permanente de 19 de agosto”, firmado por Álvaro Lorenzo Sedano, letrado de la Sección de Personal Judicial del CGPJ, por el que se proponía que las denuncias del juez Presencia en su lucha contra la corrupción “no son consecuencia del legítimo desempeño de funciones judiciales, ni jurisdiccionales ni gubernativas; lo que resulta del todo punto de vista inaudito, incomprensible, inadmisible e incompatible. Pues bien, ACODAP afirma todo lo contrario con la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción en la mano. En cualquier caso la obligación de denunciar presuntos delitos afecta a todo el mundo sin excepciones, una obligación que se convierte en importante Derecho Fundamental a raíz de la entrada en vigor de la Directiva europea el 17 de diciembre de 2020.

La directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión establece por primera vez en nuestro Derecho que quien denuncia la corrupción está ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información y que por tanto no puede estar actuando ilegítimamente quien hace uso de un derecho fundamental.

Ese comportamiento “pendenciero, barriobajero, mafioso y absolutamente corrupto del CGPJ” es, como afirma ACODAP, lo que ha propiciado que la Cortes Generales hayan decidido aprobar por Ley Orgánica la eliminación de aquella de sus competencias en las que más se ponía de manifiesto la corrupción: El nombramiento caprichoso de los altos cargos judiciales por parte de los Lesmes de turno.

Sostiene la asociación contra la corrupción presidida por el juez Fernando Presencia que: “A pesar de que en la exposición de motivos de la Ley se justifica la reforma no solo por garantizar la independencia de quienes ejercen la potestad jurisdiccional, sino también por aportar legitimidad democrática al tercer poder del Estado, sin embargo resulta evidente que lo que hay detrás de esa reforma ha sido la tremenda alarma social que ha provocado la arbitrariedad y el abuso con el que, de forma continua y descarada, se han ido despachando uno tras otro los nombramientos de centenares de altos cargos judiciales, en favor y beneficio fundamentalmente de amiguetes”.

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3 Comentarios

  1. Vemos que se nos ha colado una pequeña errata en la fecha de entrada en pleno vigor de la Directiva UE 2019/1937 (arts. 28 y 29 de la misma).
    Donde dice “17 de diciembre de 2020”, debe decir “17 de diciembre de 2019”. Es decir, un año antes.

  2. Por lo menos está admitida a trámite. Es un paso.
    Estos fariseos corruptos que trabajan para los satánicos deberían de saber -pues parece que no lo saben- que los satánicos de muy arriba si tienen que sacrificar piezas menores no tienen reparo.
    Lo normal es ayudarse entre estos corruptos, pero si se presenta alguna dificultad o hay que fingir comportamiento democrático, no dudan en sacrificar piezas menores. En el EXPEDIENTE ROYUELA vemos como incluso entre ellos -los corruptos de baja estofa- cuando hay divergencias se recurre a lo que sea incluido el asesinato -por ejemplo Gutiérrez Mellado-.
    Lo de Barrionuevo, Corcuera, Vera,… por lo del GAL y teniendo que achuchar estos a Felipe (pues pasaba de ellos), Lo de Bárcenas y la caja B. Ya lo dijo la Cospedal: que cada uno aguante el palo de su vela.

  3. Muy de acuerdo Eugenio, como también el mena “mandaba” luego a asesinar a los sicarios de las ffss o no. Los que aún viven según parece están intentando asesinarlos y encunetarlos y limpiar pruebas. Mejor delataran a sus “jefes” y la trama y tendrían reducción de condena y salvarían la vida.

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