Mientras miembros destacados del Partido Socialista, hacían manifestaciones públicas contra la brutalidad policial en EEUU, en España están proliferando noticias sobre abusos policiales, sin que estos progres hayan dicho esta boca es mía.

Como hemos dicho, todos los partidos de izquierda, que controlan las Fuerzas de Seguridad del Estado a su capricho, han guardado silencio sobre las últimas deleznables actuaciones policiales en nuestras calles, como la brutal agresión de dos policías nacionales a un padre y a una menor en Linares, la paliza a una joven en Benidorm a manos de dos policías locales o la entrada ilegal  y antijurídica de la Policía Nacional en una vivienda en la Barrio de Salamanca de Madrid, por encontrase unos jóvenes reunidos en una casa particular, destrozando la puerta sin orden judicial y sin que se estuviera cometiendo delito alguno dentro de la citada vivienda. Podría hacer una interminable lista de actuaciones policiales abusivas, ilegales y brutales que se han ido sucediendo a los largo de este ilegal e inconstitucional Estado de Alarma que nos ha impuesto el dictador Sánchez y su socio Iglesias pero no es el objeto de este artículo, el cual va a estar centrado en el caso sucedido en Madrid, donde se ha entrado por la policía en un domicilio particular, pisoteando los derechos constitucionales de los españoles que se encontraban dentro del inmueble.

Todas las actuaciones abusivas e ilegales cometidas por las policías locales, Nacional y algunas aisladas de la Guardia Civil, se han realizado bajo el auspicio del Ministerio del Interior con el objetivo cercenar los derechos y libertades de nuestros conciudadanos, protegidos por la Constitución Española y en cumplimiento de oscuras e indeterminadas Órdenes que se imparten a la cadena de mando de la Policía Nacional.

Con la excusa de la presunta seguridad sanitaria, se impide que puedan reunirse más de seis personas en un domicilio privado, con el objetivo de sentir la libertad que el Gobierno les cercena con toques de queda y cierres de negocios a las 11 de la noche en Madrid y mucho antes en otras localidades españolas.

Como hemos comentado en otras ocasiones desde el comienzo del ilegal e inconstitucional Estado de Alarma, se producen increíbles contradicciones por las autoridades gubernamentales y autonómicas, que demuestran que estos (en teoría) servidores públicos y políticos carecen de pudor, ya que de otra manera sería increíble que pudieran mirar a sus semejantes a la cara después de la ilógica de sus decisiones.

Los mismos que dan orden de derribar la puerta de un domicilio privado porque oyen voces, risas y música en su interior, con la excusa de estar reunidas más personas de las permitidas por sus ilógicas e hilarantes normas, observan como todas las mañanas estas mismas personas que no pueden reunirse en privado en número mayor a seis, pueden sufrir desde el amanecer aglomeraciones brutales de personas en el metros y transporte público, sin alarmarse. Los mismos que dicen que se ha de cerrar la hostelería, se les fotografía en bares y restaurantes a últimas horas de la mañana o como sucedió en Mallorca, se encontraban de botellón “ilegal”.

Los políticos que dicen que el contagio de este virus chino se produce en 85% en domicilios y contactos familiares, quieren cerrar la hostelería. Estos políticos de desoyen a los científicos, excepto al presunto “doctor Simón” , nos ponen toque de queda, como si el virus durmiera de día y se despertará a las 11 de la noche de todos los días, para contaminarnos en plena noche recorriendo bares y restaurantes.

Mientras los políticos nos impiden y sacan decretos leyes para que se impida a los propietarios expulsar de sus inmuebles a los delincuentes ocupas, impidiendo a la policía derribar las puertas y sacar a los okupantes ilegales de las viviendas usurpadas ilegalmente, se permiten dar órdenes a la policía nacional para irrumpir en una vivienda privada en Madrid, romper la puerta con un ariete, sin orden judicial y detener a todos los ocupantes, sin que estos hayan cometido más delito que estar con unos amigos reunidos.

Sólo hay que ver el video que circula por redes sociales de esa ilegal intervención policial en una supuesta fiesta de jóvenes ocurrida en Madrid, el día 21 de marzo de 2021, en la que los uniformados derriban la puerta del inmueble a las 01:00 de la mañana, tras la negativa de aquellos a permitirles acceder al mismo al carecer de orden judicial.

Es evidente, que como abogado y tras visualizar la grabación, no estaba justificada la actuación policial, se ha vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio al carecer de orden judicial expresa para acceder a él y todo ello sin que se estuviese cometiendo dentro del domicilio un delito flagrante, ya que la denuncia del vecino era por ruidos y que había muchos jóvenes bebiendo. Los actuantes han podido incurrir en un delito de allanamiento de morada, de detención ilegal y de daños.

La policía, aun sabiendo que carece de orden judicial, como hemos repetido, amenaza a la mujer que tras la puerta del inmueble le pide que se identifique.

El policía amenaza del siguiente modo “… Pero bueno, lo va a ver ahora cuando abra y, si no lo hace, vamos a tirar la puerta”. 

La joven reiteraba al policía: “Consiga la orden judicial, por favor”. “Usted sabrá ya cuál es el estatuto de policía al que está sujeto, ¿no? Perfecto, pues no le tengo que recordar sus deberes y obligaciones”.

Sin más comentarios, la policía tiro la puerta con un ariete, accediendo al domicilio. Dentro del apartamento había catorce jóvenes, de los cuales ocho fueron detenidos y conducidos a la Comisaría del Distrito de Salamanca, donde fueron acusados de un delito de desobediencia grave. 

Los otros seis jóvenes únicamente fueron identificados.

¿Por qué esta actuación es ilegal?

El art. 18.2 de la Constitución Española no dice literalmente: “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

Los jóvenes no han cometido ningún delito, con lo que la entrada de la policía no puede justificarse alegando que se estaba cometiendo un delito flagrante porque no se estaba cometiendo delito. Estos ciudadanos tan sólo han podido cometer una infracción administrativa contemplada en el art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: “Son infracciones graves: (…) 6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

El apartado segundo del art. 15 de la mencionada Ley, conocida popularmente como la Ley Mordaza, sostiene que “será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad”. En cambio, en el presente caso, según expertos penalistas, no concurren ninguna de las aludidas circunstancias.

Por lo tanto, la actuación policial carece de cobertura legal que la ampare y fue desproporcionada, injustificada y sin cobertura legal que la ampare. 

La actuación de la policía podría llegar a ser constitutiva de un delito de allanamiento de morada cometido por funcionario público, previsto en el art. 204 del Código Penal, y de un delito de detención ilegal del art. 167 del mismo texto legal. También podría ser constitutiva de un delito cometido por un funcionario público contra la inviolabilidad domiciliaria del art. 534 del CP, e caso de considerar el juez que se podría cometer un delito en el inmueble, al carecer de orden judicial.

La conducta de los agentes puede encuadrarse además en un delito de daños del art. 263 del CP, que debería de resarcir el ministerio del interior.

Lo peor, además, es que los mandos policiales alegan que no se saltaron ninguna instrucción para entrar en pisos sin orden judicial y desmantelar fiestas ilegales. Cumplieron un oficio interno para actuar de esa manera en base a la desobediencia de los inquilinos de las casas que se niegan a identificarse. Todo ello, justificado por la situación de pandemia. 

Ante este dislate jurídico y el revuelo armado en plena precampaña electoral madrileña, el lunes por la tarde-noche llegó la comunicación urgente a los mandos policiales desde el Ministerio del Interior a la Policía de que cesasen este tipo de actuaciones, de inmediato.

 

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