Poco después de las 9:30 horas del 7 de marzo de 1985, la banda terrorista ETA asesinaba al jefe máximo de la Policía Autónoma vasca, CARLOS DÍAZ ARCOCHA, al estallar una bomba colocada bajo su coche. Se acababa de subir al vehículo, después de desayunar en una cafetería próxima a Vitoria (Álava), e iba a dirigirse a la academia que la Ertzaintza tiene en Arcaute, en las afueras de la capital alavesa.

Era parte de su rutina habitual, pues acostumbraba a detenerse todas las mañanas en el bar de la gasolinera de Elorriaga, de cuyos dueños era amigo. La gasolinera estaba a medio camino entre la salida de Vitoria por la carretera de Irún y la sede de la academia del cuerpo que dirigía, situada a unos cuatro kilómetros de la capital. En los escasos diez minutos que estuvo desayunando, miembros de la banda terrorista ETA tuvieron tiempo de colocar una bomba-lapa con un sedal conectado a la rueda para que se activara en cuanto el coche comenzara a moverse.

Según el testimonio de algunas de las primeras personas que acudieron a socorrer a Díaz Arcocha, éste permanecía consciente e incluso hablaba. Los agentes que se encontraban en el interior del mismo bar donde Carlos acababa de desayunar lo sacaron del amasijo de hierros y trasladaron inmediatamente a su oficial al Hospital Provincial de Santiago, próximo al lugar del atentado. Ingresó a las 9:50 horas con politraumatismo torácico y abdominal, destrozos con heridas abiertas en glúteos y ambas piernas, y shock hipovolémico, así como respiración agónica. Durante más de media hora los médicos intentaron sin éxito reanimar al herido con respiración asistida y estimulación cardiaca. El parte de defunción fue firmado a las 10:30 horas.

El atentado causó enorme conmoción en el País Vasco. La víctima reunía la doble condición de teniente coronel del Ejército español y responsable máximo (superintendente) de una institución autonómica vasca, considerada uno de los símbolos más característicos del autogobierno vasco, lo que otorgó al atentado una particular significación política. Además, era el primer atentado mortal contra un miembro de la Ertzaintza. Desde ese día, y hasta el 23 de noviembre de 2001, cuando fueron asesinados los agentes Ana Arostegi y Javier Mijangos, quince miembros de la Ertzaintza han sido asesinados por la banda terrorista.

Los medios de comunicación resaltaron el hecho de que la bomba hubiese podido colocarse a pesar de que en la gasolinera había varios agentes de la policía autónoma vasca a pocos metros de donde Carlos aparcó su vehículo.

La totalidad de las fuerzas políticas vascas, con excepción de Herri Batasuna, condenó el asesinato que unánimemente consideraron como un “salto cualitativo” en la estrategia terrorista.

El delegado del Gobierno, Ramón Jáuregui, dijo en una primera valoración política que, “frente a lo que parece ser un salto en la estrategia terrorista, se impone una nueva fase en la colaboración y estrechamiento de relaciones entre las fuerzas democráticas a fin de hacer frente a esta lacra”. José Antonio Ardanza condenó “este grave ataque contra una institución genuinamente vasca como es la Ertzaintza”. Por su parte, Luis María Retolaza consejero de Interior del Gobierno vasco, calificó el atentado de “salto cualitativo en la estrategia terrorista, en cuanto que supone un desafío frontal a las instituciones autonómicas”. Kepa Aulestia, entonces secretario general de Euskadiko Ezkerra declaraba: “por encima de las siglas que reivindiquen y de las motivaciones que aleguen los autores, este atentado supone un golpe directo contra una institución cuya existencia ha estado siempre en el centro de la reivindicación de autogobierno del pueblo vasco”.

En contraste con estas condenas, Herri Batasuna difundió, siete horas después del atentado, el siguiente comunicado: “Ante la muerte del teniente coronel del Ejército español y superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz Arcocha, Herri Batasuna considera que el pueblo vasco, hoy más que nunca, desea una situación de paz y libertad para evitar cualquier tipo de muertes. En este sentido, la coalición Herri Batasuna muestra su preocupación ante la actual situación política y se ratifica en la necesidad del compromiso para buscar una solución inmediata que posibilite la normalización política y democrática en nuestro pueblo”.

La capilla ardiente con los restos del teniente coronel se instaló, a las 16:30 horas, en la academia de la Policía Autónoma. El féretro fue cubierto con una ikurriña, y sobre ella quedó la txapela que usaba el jefe asesinado. Y eso pese a que la viuda y la madre de Carlos pidieron que también se pusiese la bandera de España, como recuerda su hija Teresa Díaz Bada en 2007 en el documental Corazones de hielo de Jorge Martínez Reverte. Ella y su hermana Dolores promovieron en 1998 la creación del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.

En 2005, cuando se cumplían 20 años del asesinato de su padre, Teresa escribió una carta al lehendakari publicada en El País (08/04/2005):

Como familiar de una víctima del terrorismo, como hija de Carlos Díaz Arcocha, asesinado por la banda terrorista ETA hace exactamente veinte años, quisiera que quien vaya a liderar el nuevo Ejecutivo vasco se responsabilice de que en Euskadi se pongan en marcha los más elementales mecanismos de la justicia. Es decir, por ejemplo, que quienes asesinaron a mi padre vayan a la cárcel, que cumplan íntegramente sus condenas, y que quienes ejercieron de cómplices útiles de los criminales paguen por su colaboración. También le pediría al lehendakari recién salido de las urnas que en vez de negociar, pactar, dialogar y abrazar a los terroristas y a sus cómplices (tal y como ha hecho reiteradamente el presidente vasco saliente) se encargara de liderar el proceso social por el que los muchos vascos que han alentado, encubierto, aprobado y silenciado tantos atentados, incluido el de mi padre, sientan el desprecio de todos aquellos ciudadanos que solamente deseamos vivir en paz y en libertad.

(…) El hombre o la mujer que nos vaya a gobernar ha de saber que, después de más de treinta años de terrorismo, somos muchos los ciudadanos vascos, víctimas o no, que nos hemos ganado el derecho elemental a ver que en nuestras Administraciones no están presentes aquellos que forman parte del entramado de la banda terrorista ETA.

(…) Finalmente, me gustaría que el próximo lehendakari fuera capaz de vertebrar un gran pacto, un gran acuerdo entre todos los vascos simplemente decentes, entre partidos y formaciones demócratas, respetuosos con las leyes y comprometidos con los derechos de los ciudadanos. Un compromiso que sea capaz, definitivamente, de terminar con quienes ejercen la violencia y de arrinconar en las orillas de la historia a quienes, haciendo gala de la ignominia más cruel, no solamente han abandonado y despreciado a las víctimas sino que nada, con sus omisiones o con sus acciones, han hecho para que éstas no se produzcan.

El asesinato de Díaz Arcocha sigue sin estar resuelto judicialmente, pese a que en la Audiencia Nacional hay abiertos varios sumarios que no han permitido esclarecer quiénes fueron los asesinos.

Carlos Díaz Arcocha era de Bilbao, tenía 52 años y cinco hijos, dos de ellos también ertzainas. Se definía como vasco y español, pero no españolista. Procedía de una familia carlista. Teniente coronel de Infantería, estuvo destinado en el Sáhara como capitán de la Legión, entre otros destinos. Tras salir del Sáhara, fue destinado a San Sebastián como miembro del CESID. En 1981 se puso al frente de la naciente Policía Autonómica vasca, decisión no bien comprendida ni por los unos ni por los otros. Los nacionalistas recelaban de su condición de militar español, mientras que sus compañeros de armas no entendían que se pusiese al frente de la Ertzaintza.

 

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