El desencadenante parte de un simple rifirrafe que tuvo el policía Serrano con un mando borrachín y rencoroso, de nombre Benjamín Blanco Blanco. Pero la mala suerte quiso que el jefe de este elemento fuera amigo íntimo del entonces fiscal jefe de Cataluña, el presumible psicópata y asesino en serie José María Mena Álvarez, que colocó a Serrano en la lista de personas a escarmentar.

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La inexplicable persecución emprendida contra el funcionario se convirtió en lo que ha sido la mayor y más tremenda represalia pergeñada contra un policía en toda la historia de la democracia española, siendo condenado solo porque José Antonio Serrano Balaguer (nombre y apellidos) cumplió con su inexcusable deber como servidor de la ley y el orden.

Un asunto aparentemente trivial sirvió como excusa para cocinar una tragedia. Algo tan simple como que un policía de paisano se viera sorprendido por una escaramuza en la que al menos una quincena de jóvenes delincuentes le agredieran cuando se encontraba con su hermano tranquilamente en un bar de copas. El agente hizo lo que correspondía a su oficio, deteniendo a los que pudo con auxilio de otras dos personas. Inmediatamente pidió refuerzo a sus compañeros para que trasladaran a los detenidos a las dependencias policiales y levantaran las correspondientes diligencias y el posterior atestado.

La denuncia de los malhechores contra el policía fue archivada de plano por el titular del juzgado de instrucción nº 8 de Barcelona, Carlos Mir Puig, que pocos años después se convertiría en el catedrático de Derecho más joven de toda España.

Sin embargo, la sinrazón y el horror se adueñaron inexplicablemente del devenir procesal de los acontecimientos, sin que el policía José Antonio Serrano ni su hermano supieran de donde provenían esta vez los golpes y desatinos.

Por obra y “desgracia” de la Fiscalía manejada por Mena, recurrieron el auto de archivo del juez Mir Puig, y, llegado el juicio, ocultaron maliciosamente el atestado policial donde se pormenorizaban los hechos, como si nunca hubiera existido tal importante documento oficial. Los hechos que en realidad ocurrieron fueron una escaramuza con lluvia de golpes, amenazas y lesiones a manos y boca de una banda de delincuentes. Pero la mano maquinadora y sombría de una fiscal desaprensiva lo transformó en un fantaseado escenario donde un policía de paisano hacía gala de locura, pistola en mano, deteniendo a continuación “ilegalmente” a un grupo ciertamente numeroso de “honrados” ciudadanos macarrillas que simplemente le estarían “gastando una broma”, como esas que contaba Gila más o menos.

En el escrito de acusación la fiscal Concepción Talón Navarro pedía la monstruosidad de 39 años de prisión para el infortunado policía, que de esta forma quedaría etiquetado con el cartel de culpable para los restos. Enigmáticamente el disparate continuó durante el juicio y se adueñó también de la sentencia. Serrano Balaguer fue condenado a la friolera de 32 años de prisión, que posteriormente se redujeron a seis años por un indulto parcial. El mayor de toda la democracia. Su hermano fue condenado también a dos años de cárcel porque sí.

Ahora, años después de que saliera en libertad, José Antonio acaba de conocer toda la verdad. Han aparecido documentos que revelan que el juicio contra el agente y su hermano fueron un cruel “amaño” bajo soborno del ex fiscal Mena, que se prestó a agradar a un amiguete, jefe de ese mando borrachín que se la juró al desafortunado policía.

Los documentos forman parte de un archivo monumental del que resulta que, el entonces fiscal jefe Superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, sería sospechoso de haber organizado con cargo a los fondos reservados del Estado una supuesta trama mafiosa al margen de los GAL. La trama se habría dedicado en principio a la eliminación física de determinados adversarios políticos. La “eficiente” organización se transformaría posteriormente en una gran maquinaria lucrativa que asesinaba por encargo a cambio de precio (lo que se conoce como “sicarios”.)

En ese macro archivo quedan documentados asuntos gravísimos en una enorme montaña de manuscritos firmados por quienes serían los autores de la barbarie. Mena aparece reflejado en los documentos como un asesino despiadado y psicópata, inductor de la mayor matanza en tiempos de paz que se habría fraguado en España con cargo a los fondos reservados del Estado. Asimismo aparece su lugarteniente, el sargento Rafael García “Ruiz” de la Guardia Civil, que es dibujado en sus propias narraciones como un sicario vil y sanguinario, verdugo y ejecutor de las órdenes dadas directamente por Mena.

Los documentos referidos a José Antonio Serrano Balaguer que acaban de aparecer son, en concreto, dos manuscritos aparentemente firmados por un Mena manifiestamente psicópata, que dicen lo siguiente:

“Ruiz: Entrégale esta nota a Guillem Vidal. Es sobre tu colega, un tal Serrano Balaguer, no sé si lo conoces pero lo van a empapelar bien. Es urgente”.

El segundo es la nota que se entregó al entonces presidente del TSJ de Cataluña, ya fallecido, Guillem Vidal Andreu:

Vidal: En la Séptima está el tema del policía Serrano Balaguer. Me interesa que hables con Fernando Valle para que influya en el Tribunal (supongo que (él) será el ponente) para que la sentencia sea lo más dura posible. Que contemple el grado máximo para cada uno de los delitos juzgados y que la inhabilitación vaya también acorde al fallo. Es un tema personal de un alto mando de la Jefatura Superior. Ah! Y que el hermano se vaya también bien servido! Confío en tu gestión. Me he comprometido. P.D. Devuélvele la nota a Ruiz”.

El alto mando de la Jefatura Superior era José Irineo López Rodríguez.

ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, a la vista de la gravedad de los hechos descubiertos, ha tomado cartas en el asunto presentando denuncia contra los tres magistrados de la sección séptima de la Audiencia de Barcelona que dictaron la sentencia “amañada” contra José Antonio Serrano y su hermano. Se trata de Fernando Pérez Maiquez, ya jubilado, Fernando Valle Esqués, al que hace referencia la nota, también jubilado, y la que fuera ponente de la sentencia, Concepción Sotorra Campodarve, quien hace un par de años dejó la audiencia de Barcelona para trasladarse a un juzgado de primera instancia en Sevilla.

Antonio del Moral García fue el fiscal de Sala que pidió la confirmación de la sentencia de instancia, a sabiendas de su injusticia.

También se incluye en la denuncia a los magistrados del Supremo que dictaron la sentencia de casación, que confirmó la injustísima condena de instancia. El motivo es otro descubrimiento relacionado, ahora, con el ponente de esta segunda sentencia, Joaquín Giménez García.

Este magistrado es uno de los cuatro integrantes de la Sala Segunda del Supremo que ya denunció ACODAP porque habrían sido sobornados a través de sus esposas y luego chantajeados por el propio Mena. Sus votos fueron fundamentales para inclinar la balanza a favor de Emilio Botín en los procedimientos penales que le afectaban.

En concreto, la nota manuscrita dirigida a Joaquín Giménez, que se escribiría por Mena en el año 2006, decía lo siguiente:

“Compañero: iré directamente al grano. Sólo cuatro líneas para ponerte al corriente sobre aspectos concretos de la querella que Alberto Royuela Fernández ha presentado contra mi persona en esa Sala Segunda. 1- necesito apoyos frente al ponente (Delgado) y el presidente (Saavedra). 2- Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 m2 de terreno en Jaén el 4-9-2005 días antes de que resolvieses favorablemente un recurso presentado por el autor de una estafa, en la que robaron 8 millones de euros, sin que apareciera el dinero por ninguna parte”.

La querella contra Mena a la que hace referencia el manuscrito se archivó. Lógicamente, y por el mismo mecanismo, acabaría también amañándose la sentencia de casación en el caso del policía José Antonio Serrano, con la connivencia del ponente y la del resto de sus compañeros de Sala, que terminaron confirmando la horripilante y “amañada” sentencia de instancia. Se trata de Siro Francisco García PérezJulián Sánchez MelgarPerfecto Andrés Ibáñez y Luis-Román Puerta Luis.

ACODAP acusa a todos estos magistrados y fiscales denunciados de formar parte de la misma organización criminal. En el escrito ha solicitado la detención inmediata del ex fiscal José María Mena,  y del ex fiscal general del Estado Sánchez Melgar.

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3 Comentarios

  1. Que grandes los de ACODAP como los Royuela etc..

    En un país no gobernado o dominado por psicópatas criminales ladrones y narco mafiosos maleantes, SIEMPRRE son así sin cambio posible alguno, teatralizando, manipulando, mintiendo y fingiendo, deberían tener realmente los nombres de Avenidas y de plazas etc..

  2. ¿Y el rey dónde está que no se persona en la causa y demuestra que sirve para algo y es útil? y no otra garrapata gorda ladrona creadora de ruina crimen, miseria y estado del malestar, precariedad y del malvivir, por acción, omisión o inacción, ¿en la más que importante y principal labor para defender y proteger la Democracia y la Constitución y su “amado” mayoría de pueblo soberano?, como el increíble esfuerzo y loable acción de ¿entregando premios con dinero de otros?, saludando desde el balcón altanero y con aire insigne, y resto de cosas realmente importantes para una Patria como las anteriores para un “pseudo jefecillo” de Estado monigote, bueno dicen que es el jefe del Estado, yo no me lo creo, no lo aparenta lo más mínimo, un adorno, un florero inútil sin una desgraciada discapacidad reconocida real, eso sí, vamos lo que se conoce como parásito.

    Y las asociaciones en defensa delos integrantes de FFSS onde andarán….

  3. Me alegro que don Fernando PRESENCIA asuma la defensa de este pobre policía, tan maltratado por la “justicia” española…
    Espero que pidan la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, Y SU REINCORPORACIÓN AL CUERPO NACIONAL DE POLICIA, o el reconocimiento de los derechos pasivos correspondientes, CON TODOS LOS HONORES.
    ¡Y que los culpables paguen por sus delitos, por muy jueces o fiscales que sean, que ellos NO SON DUEÑOS DE LA LEY, SINO SUS SERVIDORES!

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