Los que sigan con atención el desarrollo del llamado Expediente Royuela sabrán que hace unas semanas Santiago Royuela recibió una denuncia, que no querella, por parte de uno de los implicados dentro de ese expediente, el médico forense Josep Arimany i Manso, quien habría sido, presuntamente, el encargado de manipular las investigaciones que el Instituto de Medicina Legal de Cataluña tendría que haber realizado sobre los cuerpos de los presuntos asesinados en toda esta trama delictiva que está denunciando la familia Royuela.

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Como también sabrán, la denuncia presentada por Arimany fue a caer, casualmente, en el juzgado número 33 de Barcelona. La titular de ese juzgado, también casualmente, era la juez Elisabet Castelló Fontova quien, también casualmente, aparece en los papeles del Expediente Royuela habiendo sido la encargada de, entre otras cosas, instruir la causa que provocó la entra en prisión de Santiago Royuela.

Y como este asunto está plagado de extrañas casualidades, poco después nos enteramos de que, también casualmente, la juez Elisabet Castllço Fontova había sido trasladada por parte del gobierno de Pedro Sánchez a Europa, con lo que solo ha instruido parte de la denuncia de Arimany, no siendo ahora la encargada de juzgarlo. Cuántas casualidades, ¿verdad?

¡Bombazo! ¡Primera gran victoria judicial del #ExpedienteRoyuela ya que logran doblegar incluso al gobierno!

El caso es que ahora Santiago Royuela ha anunciado que tiene que acudir a declarar al juzgado el próximo 23 de febrero sobre este asunto y ha anunciado sorpresas. Y es que parece que los “malos” andan un poco despistados y van como pollos sin cabeza en todo este asunto puesto que Santiago Royuela acaba de anunciar a través de un vídeo publicado en su canal de Youtube que, en los vídeos anteriores, no ha sacado toda la información de la que dispone sobre Arimany. Lógico, ¿no?

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1 Comentario

  1. Debería denunciar al médico forense ante el ministerio de justicia, y/o ante la Generalidad, pues los forenses dependen del ministerio de justicia, y si han sido transferidos, de la autonomía correspondiente.
    Son FUNCIONARIOS PÚBLICOS, y como tales, tienen una serie de deberes y obligaciones legales: actuar con objetividad, imparcialidad, etc.
    Y HAY UN AMPLIO LISTADO DE INFRACCIONES MUY GRAVES, GRAVES Y LEVES, QUE PUEDEN ACARREAR HASTA SU EXPULSIÓN DEL CUERPO AL QUE PERTENECE.
    (Dicho todo ello a título de comentario, por supuesto, y sin prejuzgar nada…).

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