El Decanato de Guadalajara ha informado al Juez Fernando Presencia, líder de la Asociación contra la Corrupción, que acaba de remitir la denuncia “al Juzgado de Instrucción nº 3 al encontrarse este en funciones de guardia.”

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Tres de las juezas ya fueron denunciadas por ACODAP. La cuarta es la magistrada Aranzazu Moreno Santamaria, quien se encargó de darles protección archivando inexplicablemente con inusitada celeridad, por las buenas, la denuncia sin siquiera investigarla como ordenan los artículos 12 y 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su obligación era realizar las primeras diligencias para determinar si existen responsabilidades de las “aforadas” y, después sugerir la querella, pero nunca al revés.

En esta nueva denuncia se incluye a Luis Padrino Martínez, el polémico alcalde de Almoguera (Guadalajara), organizador y cabecilla de la macroestafa, quien arrasó el monte consorciado GU 3149 para dar un pelotazo urbanístico. En este enlace de “ACODAP noticias en Youtube”, se explica brevemente la situación:

ACODAP pidió en aquella ocasión la orden de detención contra una magistrada al tiempo que denunciaba una trama de corrupción inmobiliaria en el seno de los juzgados de Guadalajara. La denuncia manifestaba que se estaría camuflando un fraude inmobiliario a través de estafas procesales que tratarían como “okupas” a sus originales propietarios, buscando lanzarlos ilegalmente de sus domicilios mediante procedimientos “amañados” de desahucio por precario.

Vender parcelas en un monte es una estafa. Si bien el suelo público dispone de un sistema para su posible privatización. Un Ayuntamiento no puede privatizarlo por ser el monte y bien comunal. Luis Padrino Martínez lo ha hecho. Arrasó, deforestó y parceló un monte que está consorciado hasta 2068. Lo acometió impunemente con la anuencia de BonoBarreda y Page. Después levantó allí mismo varias urbanizaciones de adosados VPO y una inmensa plaza de toros que ocupa suelo rústico no urbanizable, cometiendo un delito medioambiental de consecuencias devastadoras y perjuicios incalculables. Uno de los estafados fue el periodista Alex Diges, socio de ACODAP y colaborador habitual del gabinete de prensa.

La “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública” formuló denuncia ante el juzgado de guardia, para prevenir la causa, contra tres magistradas de Guadalajara: Susana Fuertes EscribanoNoemi Mañueco Boto y Cristina Vicenta Guerra Pérez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el escrito de denuncia se ha pedido además orden de detención contra la primera de ellas.

Tras años de investigación, el periodista Alex Diges, que había comprado uno de esos adosados promocionados por el ayuntamiento de Almoguera, puso los tremendos hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Asimismo denunció ante los juzgados de Guadalajara, insistiendo en la estafa que se estaba cometiendo unida a los graves delitos medioambientales que llevaba aparejados.

Como todo el mundo sabe, los montes son “demanios públicos” y por tanto no pueden ser traspasados a sociedades o personas (ni a fondos buitre). Sin embargo el mencionado y controvertido Luis Padrino, alcalde de Almoguera, amparado por el silencio cómplice de sus amiguetes de la Junta de Castilla La Mancha, parceló y vendió el monte consorciado GU-3149 adjudicando parcelas y VPOs (verdaderas carcasas sin cimientos) a dedo, graciosamente, a capricho suyo.

Las licencias de obra y primera ocupación son ilegales al estar firmadas por una arquitecta “honorífica” que usurpó funciones de autoridad reservadas exclusivamente a los funcionarios de carrera. Los contratos hipotecarios fueron impuestos tal cual por la extinta Caja de Guadalajara, siendo nulos por “vicio de consentimiento”, pues nunca dijeron a los compradores que se trataba de VPOs ilegales levantadas en monte público. El vendedor nunca mencionó los Derechos Reales previos existentes a favor de la Junta de Castilla La Mancha. Tampoco los han hecho figurar en el registro de la propiedad como es su obligación. Claro queda esta primera parte del gran fraude.

Tras pasar la entidad financiera pública alcarreña de mano en mano por motivo de su sospechosa quiebra, la Caja de Guadalajara fue finalmente regalada a Caixabank junto con sus activos y la valiosa cartera de clientes. Esta turbia entidad “vendió” rápidamente las hipotecas titulizadas a fondos buitre afines, como Servihabitat, Building Center y Coral Homes.

Por otro lado, la entonces titular del juzgado de instrucción nº 1 de Guadalajara, Noemi Mañueco, en un exceso de chulería amenazó al periodista denunciante (“se le apercibe personalmente”, escribió) con acusarle de desobediencia si presentaba nuevos escritos en el juzgado. Envió al domicilio del periodista al juez de paz de Mondejar junto con su ayudante para amenazarle y coaccionarle exhibiendo el escrito de esa jueza, a la que se debe acusar y recusar. Tan cierto como increíble. La actual titular de ese juzgado, Cristina Vicenta Guerra Pérez, continúa en la misma línea y tampoco le permite personarse a pesar de ser víctima de la estafa.

Por su parte, la titular del juzgado de primera instancia nº 3, Susana Fuertes, cooperó con la organización de esa gran estafa inmobiliaria represaliando también a Diges. Para ello, dice ACODAP que “le quitó la propiedad, y luego sometió al periodista a un juicio amañado por precario como si se tratara de un okupa, pasando por alto que existía un contrato hipotecario, un asiento registral, una licencia de primera ocupación, y un certificado de empadronamiento en ese domicilio desde hace 17 años”.

Corren la voz de que se pretende llevar a cabo el lanzamiento fraudulento en plena pandemia, pasándose por el forro el Decreto Ley que lo prohíbe, a pesar de que la esposa del periodista, que también está empadronada en el mismo domicilio, no ha sido parte en ese juicio amañado, ni por supuesto ha sido condenada a ningún desalojo. El contrato fraudulento es solo un escrito de adhesión cuyas cláusulas son todas nulas y se trata de “cosa no juzgada”.

“En tal supuesta sentencia mienten. Nunca asistí a la vista como afirma tendenciosamente la jueza de primera instancia del nº3. Tampoco autoricé a nadie para que en mi nombre dirigiera escrito alguno al juzgado. Han falseado el contenido, ni siquiera se menciona quién fue mi supuesto abogado, si es que lo hubo”, afirma indignado Alex Diges“Es una enorme estafa procesal e inmobiliaria plagada de simulaciones, connivencias, embustes y prevaricaciones.”

La denuncia termina pidiendo que se requiera a los juzgados los respectivos expedientes, así como que se ordene la detención de la jueza Susana Fuertes Escribano al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Lecrim y cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 398 de la LOPJ. De la misma manera se solicita la suspensión de cualquier medida de ejecución de la sentencia “amañada” de desahucio, paralizando el lanzamiento que en su caso se hubiera acordado.

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