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Ignorando deliberadamente la legislación nacional y europea, notifican a un abogado socio de ACODAP una resolución cuya parte dispositiva dice literalmente lo siguiente:
“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN. AUTO 15/2/21
1º.- Declarar la competencia de esta Sala para el conocimiento de la querella presentada por la representación procesal y los escritos de ampliación.
2º.- Inadmitir la querella formulada por dicha representación, así como los escritos ampliatorios, con archivo de las actuaciones.
3º.- Imponer las costas a la parte querellante.
4º.- Incoar pieza separada sobre la posible imposición de sanción de multa a la parte querellante, en los términos expuestos en el fundamento de derecho octavo del presente auto.”
Tras la lectura, resulta inmediato deducir que se trata de represalias directas de la Sala presidida por Fernando Zubiri de Salinas, presidente del TSJ de Aragón y ponente de esa resolución, más cuando una de las juezas denunciadas (en concreto la del Penal 9 de Zaragoza) reconoció que en este caso efectivamente se había producido indefensión.
El abogado presentó querella criminal contra una presunta amplia trama criminal existente en los juzgados de Zaragoza. En la querella iban incluidos miembros de la judicatura, fiscalía, LAJ, abogados, entre otros. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ no sólo no ha llevado a cabo ni una sola diligencia de investigación, sino que bajo el argumento de que la querella era “infundada e injustificada” ordenaba la incoación de una pieza separada para la imposición de una sanción a la parte querellante.
ACODAP recuerda y notifica al presidente del TSJ de Aragón que denunciar vulneraciones del Derecho de la Unión es ahora un Derecho Fundamental, protegido por la Directiva UE 2019/1937 que protege a los denunciantes de corrupción desde el 17/12/2019, y que la amenaza de sancionar al denunciante sin investigar sus denuncias es una represalia que está prohibida por la legislación actualmente vigente, pudiendo incluso ser constitutiva de delito. La asociación señala que “solo se puede proceder contra los denunciantes de corrupción cuando la información denunciada sea falsa, no cuando se considere infundada”.
“Si el Sr. Zubiri se empeña en represaliar a los denunciantes de corrupción, y finalmente lleva a cabo su amenaza de sancionar a nuestro asociado sin investigar sus querellas, formularemos denuncia contra todos los magistrados firmantes de una resolución que consideramos en cualquier caso que es constitutiva de delito”, ha dicho en su comunicado la asociación liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia.
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Si algo llama la atención del EXPEDIENTE ROYUELA es la gran cantidad de personajes de la judicatura que salen a relucir (evidentemente no para bueno). Tal es el nivel de los delitos y actores descritos en los papeles manuscritos de Mena, que solo alguien que sin salir en ellos (por lo menos de momento) echaría un cable sino estuviese pringado de alguna otra manera. Está claro que aquellos que no tengan que ver con Mena y sus colaboradores criminales, estarán estupefactos del tipo que compañeros que tienen alrededor. Lo bueno que tiene todo ello es que empiezan a autorretratarse los que pertenecen a esta banda criminal.
CREO QUE EN CADA AUTONOMÍA ,EN ESPAÑA, HAY UN EXPEDIENTE ROYUELA OPERATIVO..PASADO ´PRESENTE, HAY QUE DESMANTELAR TODO EL TINGLAO”, LOS POLITICOS ESTÁN DESACREDITADOS ANTE LA GENTE Y AHORA LOS JUECES TAMBIEN…..ESPERO QUE LOS MAGISTRADOS HONRADOS NO CEDAN UN PALMO EN SU INDEPENDENCIA DE OTROS PODERES ..POR LA CUENTA QUE LES TRAE.
GRACIAS A LA ASOCIACION ACCODAP Y A VOSOTROS DEL DIESTRO QUE ESTAIS PONIENDO EN CIMA DE LA MESA ESTA CORRUPCIÓN QUE CONTINÚA .