La bomba estalla a partir de unos vídeos publicados el año pasado en un canal de la plataforma Youtube. Josep Arimany Manso aparecía en ellos acusado públicamente de haber “amañado”, percibiendo sobornos, centenares de informes de autopsias de fallecimientos con causa violenta que hacía pasar por muertes naturales.

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Arimany fue el creador y director del Instituto de Medicina Legal de Cataluña a partir de 2002 y ocupó el cargo hasta su cese como funcionario público el 1 de diciembre 2006, fecha en la que entraba en política.

Los documentos inculpatorios que detallan los sobornos estarían relacionados con un expediente judicial identificado como Indeterminadas/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ese procedimiento, que había sido incoado en virtud de una denuncia anónima, figuraba como imputado el entonces fiscal jefe Superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, acusado de organizar con cargo a los fondos reservados del Estado una supuesta trama mafiosa al margen de los GAL. La trama se habría dedicado en principio a la eliminación física de determinados adversarios políticos. La “eficiente” organización se transformaría posteriormente en una gran maquinaria lucrativa para generar asesinatos por encargo a cambio de precio (lo que se conoce como “sicarios”.)

En esas “indeterminadas” del TSJC habrían quedado documentados asuntos gravísimos recogidos en una montaña de manuscritos firmados por quienes serían los autores de la barbarie. Mena aparece reflejado en los documentos como un asesino despiadado y psicópata, inductor de la mayor matanza en tiempos de paz que se habría fraguado en España con cargo a los fondos reservados del Estado. Asimismo aparece su lugarteniente, el sargento “Ruiz” de la Guardia Civil, que es dibujado en sus propias narraciones como un sicario vil y sanguinario, verdugo y ejecutor de las órdenes dadas directamente por Mena.

En ese procedimiento tramitado en el Tribunal Superior de Justicia, Arimany sería llamado a declarar también como imputado al aparecer las notas manuscritas mediante las que se realizarían los encargos para “amañar” los informes de autopsia.

El precio de cada encarguito era de 2.000 €, de acuerdo con los citados documentos. Igualmente constaba en el procedimiento la aceptación de los encargos en letra manuscrita del propio director del Instituto de Medicina Legal que, agobiado por la acumulación de tanto “trabajo”, llegó a firmar encima de plantillas fotocopiadas. Se explica la simplificación del papeleo por la cantidad de sobornos que llegó a recibir, según los vídeos, ingente contándose por centenares.

Sin embargo, a pesar de las abundantísimas pruebas que le incriminaban, en junio de 2020 Arimany denunció por calumnias al autor de esos vídeos ante la policía. Alegaba extemporáneamente que la documentación exhibida por internet era falsa, a pesar de que era la misma que se había incorporado a las “diligencias indeterminadas” instruidas por el TSJ de Cataluña.

El juzgado de Barcelona al que le correspondió la denuncia, casualmente el de instrucción nº 33, la archivó correctamente al no revestir la forma de querella ni haberse acreditado que se hubiera intentado al menos el acto de conciliación, tal y como por lo demás establecen los artículos 125.1 del código penal y 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En la actualidad, asunto importante y fundamental, Arimany Manso ya no es médico forense sino político. Por lo tanto cuando acudió a la policía para denunciar al autor de los vídeos actuaba como particular y no como funcionario. Eso obligaba, como imprescindible, la inexistente querella.

Sorprendente fue que un mes después de que ganara firmeza el auto de archivo, el abogado del denunciante formuló escrito ampliatorio de la denuncia pidiendo medidas cautelares, pero sin recurrir el auto ni formalizar ninguna querella. A pesar de ello la titular de Instrucción 33, Elisabeth Castelló Fontova, no solo admitió irregularmente a trámite la ampliación de la denuncia sin revocar el auto de archivo, sino que además acaba de adoptar recientemente la medida cautelar inaudita parte, sin tan siquiera recibir en declaración al denunciado. Todo un tejemaneje y apaño que se explica por sí solo.

Este comportamiento, como mínimo irregular y sospechoso de prevaricación, evidencia que esa ampliación de la denuncia era en realidad un toque de atención dirigido a la jueza, con el que se trataría de recordarle a ella que ambos, Arimany y Castelló, estaban bogando en el mismo barco.

Empero resulta que la jueza Castelló también estaba involucrada como investigada en las Indeterminadas/2009 del TSJ de Cataluña. De los documentos a los que ha tenido acceso ACODAP se desprende que Mena habría sobornado también a esta jueza del Instrucción nº 33, en ese caso para que le fuera favorable a sus intereses en dos asuntos en particular. Eran dos instrucciones penales en las que era encausado precisamente el que ahora es denunciado como autor de los videos denunciados, Santiago Royuela Samit, de manera que éste sería su tercer encausamiento a manos de la misma jueza instructora, cuestión que la convierte automáticamente en jurista contaminada tangencialmente, según la legislación vigente, y con más que seguros prejuicios en contra de Royuela.

Para entender este incomestible contubernio y la obsesión de Castelló Fontova con el “pluri-investigado” Royuela, debe tenerse en cuenta que el padre de Santiago, Alberto Royuela Fernández, fue el denunciante anónimo que consiguió que se aperturaran las ya famosas Diligencias Indeterminadas/2009, donde se citó a declarar a prácticamente la plantilla completa (toda) del instituto de medicina legal de Cataluña. Todos ellos citados como involucrados en el “amaño” de centenares de informes de autopsia. De ahí el sobrenombre que recibiría en algunos foros su ahora famoso director, apodado el “Mengele español”.

De prosperar la instrucción de esta denuncia de Arimany, sería la tercera represalia prohibida por la Directiva UE 2019/1937 que sufriría Santiago Royuela a manos de la perseverante perseguidora jueza del Instrucción nº 33.

Ahora, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha formulado denuncia contra ambos personajes, Josep Arimany y Elisabeth Castelló, a quienes acusa de formar parte de la misma organización criminal, y para quienes solicita su inmediata detención. Ahí queda eso.

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3 Comentarios

  1. Hay una gran diferencia entre Mengele y este ser. Sobre Mengele no existe ninguna documentación que demuestre sus atrocidades, tan solo “testimonios” y “relatos”. Sobre nuestro Josep hay toneladas de documentación…

  2. Este mundo va mal, los satánicos llevan años al mando. Solo una intervención divina nos puede salvar de tanto mal. Dudo mucho de la justicia, me da que los malos, los vendidos o chantajeados, superan con mucho a los buenos. Dios quiera que me equivoque.

  3. Desde haber leído el libro:’Gal crimen de Estado’,no habíamos leído algo tan sumamente escandaloso,algunas cosas que ocurren en España nos laceran el corazón.Y que de ir de la ‘jueza’,del caso Bar España?,cuántos casos por el estilo habrán en toda España?.Necesitamos asociaciones como ACODAP,esperamos que estas denuncias sean admitidas y que se haga justicia,por qué a pesar de todo,creemos en la Justicia.Al hilo de lo dicho,un Presidente de un país africano,rechazo un soborno de la OMS de 20 millones de dólares,por clasificar,’muerte por covid’,a cualquier tipo de fallecimiento.

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