Sentencias judiciales Agencia Tributaria
Agencia Tributaria

Para conseguir el beneficio de la exoneración de deudas (extinción de los créditos ordinarios) de forma automática se requieren dos cosas: Haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) y tener patrimonio suficiente para pagar al menos los créditos contra la masa y los privilegiados.

SÍGUENOS EN TELEGRAM

Según la denuncia de ACODAP, que de paso proporciona una nueva y desconocida herramienta a los abogados, Hacienda habría sacado ilegalmente a subasta a través de la AEAT los bienes inmuebles más importantes de uno de sus asociados, Adolfo Pérez Martínez, mientras se tramitaba el acuerdo extrajudicial de pagos (AEP) “siendo consciente de que con ello el deudor se quedaba sin patrimonio suficiente para conseguir de manera automática los beneficios de la segunda oportunidad”.

La asociación denunciante insiste en su escrito en que sacar ilegalmente a subasta bienes del deudor insolvente es un indiscutible saqueo que perjudica los intereses del concurso”, que está castigado con la pena de dos a seis años de prisión, como delito de fraude en las liquidaciones de haberes públicos, en el artículo 436 del Código Penal.

La denuncia parte de una clarísima premisa: “Es ilegal que la AEAT saque a subasta bienes de un deudor mientras se está tramitando el acuerdo extrajudicial de pagos (AEP)”, teniendo en cuenta la doctrina sentada por la Sentencia de Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 381/2019, de 2 Julio, que supuso una novedad en la interpretación de la exoneración (extinción) de deudas y ‘segunda oportunidad’ para las personas físicas, un área que nació con la reforma de la Ley Concursal a través de la conocida como ‘ley de segunda oportunidad’: El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Esa sentencia reforzó la interpretación del instituto de la extinción de deudas, ampliándola incluso a las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, algo que hasta ese momento no contemplaba el texto de la Ley nacional.

El cambio jurisprudencial que permitió entender que la exoneración (extinción) de las deudas insatisfechas afectaba también a las contraídas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, residía en una nueva interpretación del artículo 178 bis apdo. 6 LC (hoy art. 497.2 TRLC), que sigue estableciendo que “las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento del pago de los créditos de derecho público se regirán por lo dispuesto en su normativa específica”.

La conclusión a la que se llega en la sentencia es que dicho precepto “carece de sentido, y no es de aplicación, en una situación concursal”.

En concreto, el Alto Tribunal interpreta las normas concursales de acuerdo con la Directiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acuerdos marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas.

La mencionada  Directiva prevé en su art. 20 el acceso a la exoneración. En el primer apartado dispone que «los Estados miembros velarán por que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de conformidad con la presente Directiva», con lo que remarca el objetivo de la plena exoneración del deudor. Y en el apartado 2, prevé la posibilidad de que los Estados que permitan que la plena exoneración de deudas se supedite a un reembolso parcial de la deuda, deben garantizar «que la correspondiente obligación de reembolso se base en la situación individual del empresario, y, en particular, sea proporcionada a los activos y la renta embargables o disponibles del empresario durante el plazo de exoneración, y que tenga en cuenta el interés equitativo de los acreedores».

De acuerdo con esta nueva interpretación, el acreedor público (en este caso Hacienda) no puede ir en contra del plan de pagos aprobado por el juez del concurso, porque “no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público”. La sentencia explica que esta facultad haría prácticamente imposible la finalidad perseguida por la ley, la exoneración plena de la deuda del deudor de buena fe. Así, el juez debe oír a las partes personadas que quieran objetar algo sobre el plan de pago, pero atender sólo a “aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan”.

La conclusión fundamental a la que llega el Tribunal Supremo en esa sentencia es que la exención que se contempla en el artículo 158 bis 6 LC (hoy art. 497.2 TRLC), a favor de los créditos de la administración pública, carece de sentido y por tanto no es de aplicación en los procedimientos regulados en la Ley Concursal: “Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal”.

Esta misma conclusión, acerca de la no aplicación por carecer de sentido en una situación concursal, cabe hacerla extensiva entonces a la exención contenida también a favor de los créditos públicos en el artículo 592 TRLC, que establece que las ejecuciones en marcha para el cobro de los referidos créditos no se suspenderán mientras se tramita el acuerdo extrajudicial de pagos (AEP).

Si alguna conclusión hay que extraer sobre la interpretación del referido art. 592 TRLC, a la luz de la Sentencia del Tribunal Supremo 381/2019, es la contraria de la que se pretende por parte de Hacienda en el caso denunciado por ACODAP. Esto es, que, mientras que se tramita el AEP, la Agencia Tributaria debe suspender las ejecuciones y subastas sobre el patrimonio del deudor.

Por todas estas razones, ACODAP ha formulado denuncia ante el juzgado de guardia de Logroño contra Edelmira García de Jalón, Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de esa demarcación, por no suspender las subastas sobre el patrimonio de su asociado mientras se tramitaba el acuerdo extrajudicial de pagos, siendo consciente de que el art. 592 TRLC carece de sentido en los procedimientos regulados por la Ley Concursal.

La misma denuncia se ha interpuesto también contra el abogado del Estado, Alfonso Melón Muñoz, que encubrió el saqueo llevado a cabo por la jefa de recaudación, comunicando falsamente al juzgado de lo Mercantil que la ejecución sobre los bienes del deudor había sido suspendida, cuando era mentira.

SÍGUENOS EN LBRY, LA PLATAFORMA EN LA QUE PUEDES OBTENER INGRESOS VIENDO VÍDEOS

 

COLABORA CON NOSOTROS CON PAYPAL

6 Comentarios

  1. En España están gobernando ladrones y narcotraficantes, a mi me parece que esas maletas que trajo la que no pisó suelo español, a la que recibió el ministro de transportes en una cita nocturna y con alevosía fueron para pagar a esos que ahora nos están martirizando, sanitarios corruptos, policías corruptos y para repartir entre todos los partidos políticos ya que todos trabajan para el mismo amo, en 2017 y 2010 ya compraron tes para el covid 19 lo vi yo a una chica que seguía y que le han retirado todos los vídeos de youtube, al poco ya cambiaron la definición por pruebas médicas, también, viene en una pagina de patentes que en 2015 Richard Rothschild, solicitó la patente de pruebas covid 19, ahora acabo de encontrar otro que dice que dicha familia no tiene nada que ver no se si no será algo como maldita, en la Quinta Columna Ricardo lo estuvo explicando en un video y yo lo busque en el navegador y no creo que sea mentira, esta plandemia lleva añosa planeada.

  2. Los Ladrones Van a la Moncloa: estos genocidas hijos de perra no solo nos roban sino que también nos están jodiendo la vida, no es que lo estén haciendo mal, están haciendo lo que le han ordenado sus amos que no es otra cosa que destruir España y arruinar a los españoles además de deshacerse de los ancianos, ya os imagináis porque y cuando consigan el objetivo de la gente que estén todos vacunados e identificados vamos a tener fecha de caducidad, cuando ellos quieran, pero aquí en este país la gente no se entera.

  3. Esta información nos supera a los simples mortales,que muchos desconocemos por completo este lenguaje,estos tecnicismos y estos papeleos,que nos parecen una carrera de obstáculos dentro de un laberinto burocrático.Mas o menos la CEE está en contra de estas medidas,pero como en España están los que están,pues les importa un bledo y hacen lo que les viene en gana.
    Esto ya no se soluciona ni con otras elecciones ni con nada,habría que cesar a todos,limpiar las instituciones y empezar de nuevo.Peor lo tienen los propietarios de bienes en España,que viven en otro país o los que por tener unos céntimos en la cuenta corriente deben entregar su casa,su coche un riñón o lo que tengan,si es que les quedase algo.

  4. Hace años que vengo denunciando a esta (AGENCIA TERRORISTA) bastante más lesiva que la propia ETA. Esta BANDA DE SAQUEADORES es bastante peor que ETA,porque te ASESINA EN VIDA y te mantiene en el tiempo la TORTURA. ¡¡ETA SOLO MATABA UNA VEZ!!

  5. * Me alegro mucho que este juez, o ex juez, ahora se preocupe por los intereses de los ciudadanos, contribuyentes, etc.,
    * Pues por desgracua, el 99% de los jueces en activo, SOLO SE PREOCUPAN POR LOS INTERESES DEL SECTOR PÚBLICO, LA AEAT, LA SEGURIDAD SOCIAL, pues se comportan más como simples funcionarios que como JUECES DE VERDAD.
    * ¿Podría saber dónde poder asociarme a esa asociación, precio de la cuota anual, en su caso, que derechos de asesoramiento me da, en su caso, etc?
    Gracias anticipadas por la información.

Comments are closed.