ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, denunció hace meses que uno de sus asociados, el periodista y denunciante de corrupción Alex Diges, fue detenido por efectivos de la Guardia Civil e ingresado ilegalmente durante más de una semana en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Guadalajara, bajo un diagnóstico aparentemente falso emitido por un médico forense no identificado. Ningún juzgado se hizo responsable del internamiento porque al parecer el procedimiento fue declarado “secreto con instrucciones de no notificar al interesado ni una sola resolución.”

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Aquella denuncia se formuló una vez fue identificada una de las autoras del brutal escarmiento, la magistrada del juzgado de lo Penal nº1 de Guadalajara, Carmen Molina Mansilla.

Esta jueza demostró su convulso talante en 2016, siendo titular del Juzgado de Violencia de Género de Vitoria, al preguntar a una mujer que denunció una violación si “había cerrado bien las piernas”. La asociación Clara Campoamor pidió explicaciones a esta jueza y exigió su suspensión. Esta asociación calificó la pregunta como “ofensiva, degradante y humillante, y carece del mínimo rigor profesional y ético para con la víctima” y manifestó que la víctima “acabó atónita y extenuada el interrogatorio, más parecido a una culpable que a una denunciante.”

En el caso del periodista Alex Diges las pruebas eran abrumadoras. Se dio la circunstancia de que durante los ocho días que duró el encarcelamiento el “paciente” permaneció absolutamente incomunicado y sin asistencia letrada en base a una “desconocida orden judicial”, con reserva y advertencia a los profesionales médicos de mantener en secreto las motivaciones de dicho acuerdo.

Figura en el alta de hospitalización emitida por la psiquiatra y colaboradora necesaria Cristina López Vicente que el ingreso del periodista whistleblower en la unidad de psiquiatría se produjo el 14/05/2019 sin su consentimiento, donde permaneció aislado y fuertemente medicado (drogado) hasta el 21/05/2019 cuando fue “autorizado” el regreso a su domicilio poniéndole en la calle sin dinero ni su DNI, sin que constase la identidad del juzgado o del tribunal que autorizó el internamiento, ni del forense que emitió el supuesto o inexistente dictamen. En el mencionado parte de alta se omite qué fármacos le administraron, en que dosis y las pruebas biológicas no consetidas a las que le sometieron.

La única referencia que se hizo por el centro médico a las inciertas circunstancias del ingreso fue que “el paciente acude al juzgado en calidad de detenido por no haberse presentado a varios requerimientos judiciales. Una vez allí es valorado por el médico forense y se procede al ingreso judicial del paciente para estudio de probable clínica psicótica”. Extremos todos ellos pendientes de aclaración. Nada se dice sobre la inasistencia de abogado o la tajante prohibición a la esposa del periodista para visitarle. Tampoco le entregaron resolución que pudiese recurrir, como sería obligado si se tratase de un ingreso por orden judicial necesaria y razonada.

Llama poderosamente la atención en el parte de alta hospitalaria que se descartara la “clínica psicótica”, que se afirmaba tendenciosamente desde el desconocido juzgado, por lo que ACODAP tiene la práctica certeza de que ese diagnóstico del médico forense no identificado es falso.

El parte médico elaborado por la unidad de psiquiatría del Hospital desmiente el diagnóstico del médico forense -que no se identificaba- y recalca que la situación de estrés que sufría el paciente tenía una “base real” (bien documentada), que hacía innecesario prolongar su ingreso hospitalario. Quede claro que la angustia y el nivel elevado estrés es un cuadro clásico entre los denunciantes de corrupción. En la documentación tampoco se hace mención al cocktail de fármacos con que atiborraron al secuestrado. No se conoce qué le administraron ni las dosis.

Seguía diciendo ACODAP en su anterior denuncia que “esa insistencia del centro hospitalario acerca de que el periodista no padecía ningún brote psicótico, sino que se trataba de una simple situación de estrés con base real” es lo que hizo sospechar a la asociación denunciante de corrupción sobre que “la detención que se produjo antes del ingreso también pudo haber sido ilegal, y que la organización de todo ese trámite que culminó con el internamiento psiquiátrico de su asociado pudo deberse a una represalia” pudiéndose estar hablando en este caso de un presunto delito de detenciones ilegales, un grave asunto que recuerda al secuestro de Segundo Marey.

De hecho, la única resolución judicial a la que se ha podido tener acceso de aquel “extraño” procedimiento de internamiento dice ACODAP que es un auto de denegación del habeas corpus interesado por el detenido “donde el juzgado en funciones de guardia aseguraba que la detención se produjo para asegurar la presencia del periodista en una comparecencia supuestamente acordada por el juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara, de la que es titular la ahora denunciada, para resolver una solicitud de prisión provisional”.

Sin embargo, sigue diciendo la asociación denunciante que “no existe ninguna constancia oficial de que esa comparecencia se hubiera celebrado, ni siquiera de que nadie la hubiera pedido, ni hay evidencias de que tan siquiera se hubiera acordado”.

A pesar de que las pruebas eran abrumadoras, sin embargo otra jueza de Guadalajara que formaría parte de la misma organización criminal, Aranzazu Moreno Santamaría, se ha negado a investigarlas. Por esa razón ACODAP ha decidido reproducir su denuncia de hace unos meses, incluyendo esta vez a esta otra magistrada en la nueva denuncia. Igualmente se dirige la nueva denuncia contra la psiquiatra Cristina López Vicente.

En el escrito se termina pidiendo que se requiera al juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara para que aporte al procedimiento los respectivos expedientes, así como que se acompañe por la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Guadalajara absolutamente toda la documentación que hubiera tramitado y la que se le hubiera exhibido, así como las instrucciones que hubieran recibido oralmente o por escrito de cualquier autoridad judicial, policial o sanitaria.

ACODAP también pide que se comunique a las magistradas denunciadas la formulación de esta nueva denuncia para que, mientras se instruyen las diligencias a prevención, se abstengan y suspendan la tramitación de cualquier procedimiento que haya incoado en sus juzgados contra el periodista y su esposa, por la posible contaminación tangencial en la que pudieran estar incursas.

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3 Comentarios

  1. En la misma mierda estarán los guardias civiles por haber detenido al tipo sin una orden judicial, supongo. ¿O eso queda para otro dia?

  2. ¿Y esta pedazo de inútil que hace que está todavía ejerciendo? No vale ni para ser deshecho. Lo malo es que como esta hay muchos. La mayoría son unos sectarios.

  3. Huele mucho a podrido en Guadalajara.
    La foto es demostrativa de la estructura mental de esta marimacho.
    Una feminazi en el Penal nº1
    Y SU DERIVACION AL HOSPITAL.ESTILO ANIBAL LECTER, NO? .
    Unos tiritos por detrás o por delante y punto pelota

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