cuadragésimo
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Se cumple el cuadragésimo segundo aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución Española, un 6 de Diciembre de 1978 -42º para víctimas de la LOGSE y no sé si llegarán siquiera a saber escribir el cardinal los que “superen” la permisiva “LOMLAÁ”– y creo oportuno algunas de las cosas que he publicado sobre la Carta Magna que algunos no sólo no respetan sino de la que incluso rompen sus páginas en la tribuna del Congreso, como hizo el 15 de Septiembre de 2015 un tal Sabino Cuadra, diputado de Amaiur -coalición formada por Eusko AlkartasunaAlternatiba (con b de burro, que así se inventó en buena parte esa fabla, cambiando letras y escribiendo sonidos), Aralar y otros “independientes” de la izquierda abertzale– que pasaría después el testigo a EH BILDU. ¿Se acuerda usted, don Jesús Posadas? a la sazón Presidente -pero poco- del Congreso, que presenció impertérrito la infamante chulería sin llamar de inmediato a la Policía Nacional para que se llevasen esposado al personaje y que hizo clamar a la entonces poco conocida diputada gallega del Partido PopularAna Vázquez: “El diputado de Amaiur exhibe una estelada, rompe la constitución delante de las narices del presidente del Congreso ¿y no pasa nada?”. Pues no pasó nada salvo que, tres meses después -20 de Diciembre- don Mariano Rajoy recibió en su trasero la patada de buena parte de los casi once millones de españoles que le dimos cuatro años antes la mayor cuota de poder que un gobernante había tenido hasta entonces para que hiciera lo que no hizo. Se salvó Rajoy por la campana porque el PSOE estaba en caída libre tras el batacazo del “héroe” del destrozo educativo, Alfredo Pérez Rubalcaba (q.e.p.d.) y el que ya apuntaba como buen clon del hoy asesor de Nicolás Maduro José Luis Rodríguez ZParo, el hoy “presimiente” Pinocho Sánchez casi lo remató, los minoritarios estaban recién llegados y VOX seguía en el océano del olvido, porque todavía nadie había tenido la ocurrencia de repescarlo para dividir a la derecha. Pero no me voy a extender sobre eso, que fue un paso más de lo que hoy tenemos y empezó a ser más serio precisamente unos meses antes de la victoria del PP, con la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional -no me sorprende que un conocido comunicador de las mañanas radiofónicas lo llame “prostitucional”- que echó por tierra la del Tribunal Supremo que ilegalizaba a BILDU y su franquicias.

Escribía en Diciembre de 2013 y no era la primera vez -¡cómo pasa el tiempo!-, que la Constitución se dejó abierta, sobre todo en lo que concernía al Título VIII, el “De la Organización Territorial del Estado” que, gracias al “café para todos” no distribuido sino “autoservido”, con el consentimiento de unos y otros, dio lugar al insaciable, insostenible y pésimamente desarrollado Sistema de lasAutonosuyas”, involucionado en taifas convertidas o en vías de convertirse hoy en “nacionalidades” o “realidades nacionales”, en las que lo que menos destaca es la cercanía al administrado, su principal “justificación”. Ningún gobierno, rojo o azul, tuvo claro -parece- lo que podía suponer tanta cesión y transferencia ¿verdad don José Mª Aznar, señor del Majestic, cuando hablaba “catalán en la intimidad” y, de nuevo, Sr. Rajoy, cuando no impuso -pie en pared- el 155 ante el desafío en Noviembre de 2014 de Arturo Mas? Sin entrar en la absurda distribución administrativa que -a la vista está- no respondía a razones geográficas ni históricas en su mayoría, craso error que ahora estamos pagando por no cortarlo a tiempo ni en la poco representativa y proporcional LOREG.

Casi cuatro años después, Abril de 2017, publicaba ¿Reformar la Constitución…?, de lo que se venía hablando insistentemente tiempo atrás e incluso de manera vehemente en la calle por muchos que, me atrevería a asegurar, posiblemente no la han leído ni siquiera por encima. Hacía mi reflexión desde la premisa de que no negaba la necesidad de que hubiera que revisar o adaptar una CE con treinta y nueve años entonces de antigüedad, pero me preguntaba si antes de pedir un proceso constituyente, reflexionar sobre si no sería importante, para empezar, cumplir con lo que se recoge en ella. Y hacía un repaso, no exhaustivo, de bastantes artículos que a mi juicio no se venían cumpliendo ni, mucho menos, se cumplen hoy y que desgraciadamente se quedó corta en ese momento, empezando por poner en tela de juicio el “deseo y voluntad” que se recoge en los siete puntos de su Preámbulo fuera del último, que no es cuestionable, se aprobó.

No voy a repetir lo que entonces decía y pueden leer en el enlace anterior y que, lejos de mejorar en algo, se amplifica en lo negativo, pero sí quiero insistir en algunos de los -a mi juicio- incumplimientos fundamentales. Hoy es evidente que “La soberanía nacional” del Art. 1.2 parece que ya no “reside en el pueblo español…” sino en un “hemicirco” dominado por la “partidocracia” impuesta por la cúpula de partidos –cupulocracia, la bautizó un buen amigo- que olvidaron el último párrafo del Art. 6: “Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos”.

“…la indivisible unidad de la Nación española…” del Art. 2 está seriamente amenazada, con más que evidentes fracturas en Cataluña desde el frustrado golpe de Estado de 2017, claros indicios hoy en Vascongadas -el diputado vasco Arkaitz Rodríguez (pedigrí vasco sin duda) decía desde Vitoria que “Vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen…”– y no pocos en Baleares, que crecen.

¿Cumplen de verdad las Fuerzas Armadas la misión que les encomienda el Art. 8 en cuanto a “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”? Las quejas de muchos reservistas hoy parecen decir lo contrario.

No digo nada sobre cómo “cumplen” el Art. 9.1 “…los poderes públicos están sujetos a la Constitución…” los últimos gobiernos y políticos catalanes y lo que viene de Vascongadas.

Poco que decir del Art. 14: “Los españoles son iguales ante la Ley…”, pura teoría, puesto que algunos, como Pujol y Bono, por citar sólo los más flagrantes, son más “iguales” que otros: políticos aforados y con fiscalidad y devengo de pensiones diferente; regímenes forales vasco y navarro; discriminación de acceso a puestos de funcionarios en comunidades con lengua autóctona, etc.

Otro tanto podríamos decir del Art. 27.1 y su “Libertad de enseñanza” que, si ya suscitaba dudas, la nueva Ley de educación “LOMLAÁ” parece que va a añadir la losa final si nadie lo remedia y a elevar más aún la mediocridad ya endémica en la sociedad española y, como consecuencia, de los políticos que supuestamente la “representan”. Ni la “garantía de los poderes públicos” para ejercer el “derecho a que los hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones” ni la “programación general de la enseñanza” ni la Inspección del Estado que predica.

Lo del “…deber de defender a España” y “las obligaciones militares de los españoles…” del Art. 30.1 y 2 ya se encargaron el antes citado Sr. Aznar y su entonces ministro de Defensa don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde de dejarlo claro con la suspensión de un instrumento indispensable en mi opinión, con las reformas de enfoque necesarias para su mayor eficiencia, pero que formaban al individuo que, para cumplir el denostado Servicio Militar, le hacía salir de su pueblo por primera vez y le abrían los ojos a otra realidad entre la que, por citar sólo unas “cosillas sin importancia”, se les hablaba de valores hoy casi ausentes como Patria, Historia y Bandera, que no sé en qué parte de la programación educativa aprobada por el gobierno Frankenstein y sus socios depredadores se encuentra.

Para no alargarme mucho más, salto al Art. 61.1: “El Rey… prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes…”, algo que no hacen en Cataluña y, como decía antes, incluso en el Congreso, y se aprestan a hacer los vascos. Se le espera, Majestad, después de no haber sabido casi nada de usted tras su magnífico discurso del 3 de Octubre de 2017 que sacó a más de un millón de personas a las calles. El ejercicio de esa obligación, junto con parte de la Justicia y Europa, es una de las pocas esperanzas que nos quedan a los españoles para no acabar en una república bananera socialcomunistas.

Para terminar, vuelvo a mirar al Art. 102.2, que ya pedí en varias ocasiones para el traidor asesor de los que se dice que financiaron a los actuales socios preferentes, con el que no me quiero extender, y antecesor del actual presimiente Plagio cum Fraude, cuyo líder se destapaba un poco más hace unos días diciendo que “El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección del Estado, tras su euforia por el apoyo del etarra Arnaldo Otegui a los PGETA. ¿No se puede considerar traición la permanente mentira de Pinocho Sánchez gobernando con los que “no dormiría tranquilo” o pactando con los que asesinaron a casi novecientos españoles y vienen a “romper España”?

Sin duda, la Constitución tiene recursos para acabar con tanto despropósito y embridar a los reyezuelos insaciables, pero nadie quiso asumir el posible coste político que pudiera suponer, otro error, porque creo que, en la situación actual, medidas claras y concretas que acaben con los abusos y desafíos de las “taifas” tendrían buena acogida en la mayoría de españoles, aunque algunos -los de siempre- organizaran protestas y alborotos callejeros, contra los que sólo cabría contundencia y la aplicación rigurosa de la Ley hasta sus últimas consecuencias. Dice nuestro sabio Refranero que “Más vale una vez colorado que ciento amarillo” y llevamos muchas decenas de “amarilleos”.

Recomiendo a mis pacientes lectores repasar la CE y analizar objetivamente si es tan urgente su reforma o habría que empezar por cumplirla. Nuestro ordenamiento jurídico -en mi opinión y aunque no soy del gremio-, está sobrado de leyes y, sobre todo, la infinidad de las que existen adolecen muchas veces de claridad y pecan de “relativización” interpretativa y de escaso cumplimiento. Un buen ejercicio puede ser también la lectura del libro “RECUPERAR ESPAÑA (Una propuesta desde la Constitución)”, editado por el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo en 2013, a la que me honro en pertenecer. Y para facilitar la tarea les dejo una pequeña guía en la que indico aquellos artículos -casi la tercera parte- que, en una nueva lectura, creo que merecen una reflexión sobre si no se debería empezar por cumplirlos antes que reformarlos: 1.2; 23; 67; 89; 10; 1416.1; 1718; 19; 20; 23.2; 27.1, 3, 5, 7 y 8; 28.2; 30.1; 31.2; 33.1 y 3; 39.1; 4047; 49; 53; 56.1 61.1; 62.h;  66.1; 81; 82.1-4; 86; 87.3; 92.1; 98.3; 102.2; 103.1; 104.1; 107; 108; 116.2; 117.1; 118; 122.1;122.1; 124; 127.2; 132.2; 138; 139.1; 143.1; 145.1; 149, 1ª, 3ª, 5ª, 22ª, 28ª, 30ª, 32ª; 151.1 y 4; 153.b); 155.1; 159.5 y el Por Tanto final.

Después de lo visto durante los últimos diez meses tal vez habría que empezar por cumplir de verdad los anteriores y plantearse la modificación de muchos de los otros que alargarían mucho el artículo.

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2 Comentarios

  1. El autor hace un recorrido por el articulado de nuestra Constitución en la que observa, observamos, que varios de sus artículos no se cumplen o se cumplen a la ligera y malamente. Bajo mi punto de vista, nuestra Carta Magna, ignora la de otros países, peca de mucho idealismo, por lo que una cosa es lo que se escribe, el papel admite todo, y otra el procurar llevarlo a la práctica. Otro de los pecados es que para evitar lo que empieza a acontecer, en realidad ya empezó con ZP, en relación con las Autonomías, se quiso contentar, sobre todo, a Vascongadas y Cataluña y se les dió unas competencias que ya de entrada superaban a las demás, además de su entrada en vigor. Con ello solo se consiguió apaciguar a la fiera momentáneamente, pues a fuerza de pedir , presionar y chantajear a los distintos gobiernos centrales, vaciaron casi de competencias a la Administración central. El error mayúsculo fue cederles la competencia en educación, la base del adoctrinamiento junto con las televisiones regionales.
    Otro de los caracteres que merece resaltarse es que nuestra Constitución es semirígida; es decir, ni es abierta pero tampoco cerrada, por lo que si bien cabe su reforma, sin un amplio consenso, que no se producirá, será muy difícil llevarlo a cabo; téngase en cuenta que precisa de los 3/5 de los votos del Congreso y Senado, disolución de las Cortes, elecciones y nuevas votaciones con el mismo quórum de ambas Cámaras; eso sin contar el acuerdo en cuanto a los artículos a reformar, sustituir o añadir.
    Termino por decir que hay otras leyes que debieran ser ser reformadas, como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es autora de muchos de los males que nos aquejan; y otra muchas eliminarlas dado el laberinto de normativo que nos oprime:Lyes estatales, autonómicas y Ordenanzas provinciales y locales; vamos, un enjambre.

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