El 14 de diciembre de 2000, con el método de la bomba-lapa, la banda terrorista ETA asesinaba en Viladecavalls (Barcelona) al concejal del Partido Popular de la localidad, y fontanero de profesión, FRANCISCO CANO CONSUEGRA. El concejal había salido de su vivienda hacia las 7:45 horas y se dirigió al taller de fontanería de su propiedad. Después paró a desayunar en el Bar Leonés, en la carretera de Olesa a Montserrat, donde coincidió con varios amigos y conocidos, entre ellos un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente estuvo conduciendo su vehículo por motivos laborales durante un par de horas más antes de que la bomba-lapa estallara. Incluso llegó a transportar en el mismo a varios operarios que trabajaban en su empresa de fontanería, entre ellos un miembro de la Policía Local de Tarrasa que trabajaba con él en sus horas libres y que se bajó de la furgoneta minutos antes de que estallase la bomba-lapa. Francisco enfiló entonces su furgoneta por la calle Milans del Bosch en dirección a la ronda de Ponent, una pendiente muy pronunciada que finaliza en un stop. Posiblemente eso fue lo que accionó el sistema de detonación por péndulo con el que los terroristas habían montado el artefacto explosivo. Hacia las 10:50 horas, el artefacto se activó, dejándolo gravemente herido.

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El estruendo de la explosión, en una zona situada a unos diez minutos del centro de Tarrasa, se escuchó en un kilómetro a la redonda sobresaltando a vecinos y peatones. Del vehículo del concejal apenas si quedó reconocible el morro y una parte de los bajos. El techo, los asientos y toda la parte trasera se esparcieron en un radio de más de treinta metros. Un vecino afirmó que Cano conservó la consciencia los primeros minutos después de la explosión a pesar de las gravísimas lesiones que la misma le había causado. “Vi como levantaba el brazo y pedía ayuda”, recuerda un testigo presencial. La primera patrulla de la Policía Local llegó muy rápido, casi tanto como la ambulancia que lo atendió. El concejal del Partido Popular seguía manteniendo la consciencia cuando fue asistido por un agente municipal. “No hacía otra cosa que quejarse del dolor”, explicó una fuente policial. La fuerza se le iba por segundos. Cuando se hizo cargo de él el equipo de emergencias médicas, el concejal había sufrido una parada cardiaca, la primera de las cinco que sufrió durante su agonía final. Francisco Cano ingresó en el Hospital Mutua de Tarrasa en estado crítico con “estallido en la zona glúteo-lumbo-sacra y peritoneal, con shock traumático y traumatismo craneoencefálico”. La inmediata intervención quirúrgica a la que fue sometido tenía como objetivo detener las diversas e importantes hemorragias que presentaba. El único parte médico facilitado minutos después de las 13:00 horas no daba casi lugar a esperanzas. Mientras éste se hacía público, la vida del concejal entraba en su recta final. Su muerte se certificaba cuarenta y cinco minutos después, a las 13:45 horas.

Durante varias horas, especialistas de la Policía estuvieron rastreando la zona e inspeccionando los restos del vehículo protegidos por un cordón policial. Fuentes policiales confirmaron que no se detectó ningún componente electrónico, ni en el amasijo de hierros en que quedó reducida la furgoneta, ni en sus alrededores. El artefacto estaba compuesto por unos cuatro o cinco kilos de un potente explosivo, casi con toda probabilidad cloratita, según explicaron fuentes de la lucha antiterrorista.

Inmediatamente después de producirse el atentado acudieron al lugar de los hechos la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, y el consejero de Gobernación de la Generalidad, Xavier Pomés, además del alcalde de Tarrasa. La vida política e institucional catalana se paralizó por completo. Jordi Pujol abandonó su despacho y se dirigió a Tarrasa, igual que el máximo dirigente del PP en Cataluña, Alberto Fernández Díaz. El Parlamento catalán interrumpió inmediatamente los trabajos en marcha y todos los diputados bajaron a la calle, incluidos los once miembros de una delegación del PNV que en ese momento mantenían un encuentro con el grupo parlamentario de CiU.

Francisco Cano no contaba con protección policial y no vivía obsesionado por su seguridad, aunque era consciente de que existía un riesgo. La intranquilidad de la familia Cano se había acentuado después del atentado que había sufrido el 21 de septiembre el concejal del Partido Popular en San Adrián del Besós, José Luis Ruiz Casado, primera víctima mortal de ETA en Cataluña tras el inicio de la nueva ofensiva terrorista. Según fuentes municipales de Viladecavalls, el concejal fallecido había comentado que él no podía abandonar su puesto en el Ayuntamiento, a pesar de que se lo habían pedido desde su entorno familiar, porque no podía defraudar a los vecinos que habían puesto en él su confianza. Viladecavalls, municipio del que la víctima era concejal de Servicios Municipales, es una localidad de 6.000 habitantes colindante con Tarrasa. Como todos los concejales del Ayuntamiento, Cano había recibido poco antes de su asesinato un curso de autoprotección.

El Gobierno catalán decretó tres días de luto y las redacciones de los medios de comunicación se llenaron, una vez más, de declaraciones de condena. Hacía poco más de tres semanas que la banda terrorista había asesinado en Barcelona al catedrático y exministro socialista Ernest Lluch. Durante todo el día llegaron a Tarrasa representantes de todos los partidos. Javier Arenas, secretario general del PP, y los ministros de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, e Interior, Jaime Mayor Oreja, acudieron por la tarde para arropar a los militantes y cargos de su partido.

El día anterior al atentado, 13 de diciembre, Francisco Cano llegó a su casa por la noche sobre las 20:00 horas. Dejó la furgoneta en la calle y no en el aparcamiento particular de su vivienda. El concejal salió a cenar y regresó a su domicilio entre la 1:30 y 2:00 horas de la madrugada del jueves 14 de diciembre. Fue entonces cuando guardó el vehículo en el aparcamiento. La Citroën C-15 estuvo en la calle algo más de cuatro horas. Aprovechando ese lapso de tiempo, el etarra Fernando García Jodrá colocó el artefacto explosivo bajo el asiento del conductor, con la ayuda de Lierni Armendaritz y González de Langarika quien, con un destornillador, forzó la puerta trasera del vehículo del concejal popular. Ambos fueron condenados en noviembre de 2004 por la Audiencia Nacional a sendas penas de 47 años de prisión por un delito de estragos y otro de homicidio terrorista.

Anteriormente, en mayo de 2004, la Audiencia Nacional juzgó de forma genérica a varios miembros y colaboradores del grupo Gaztelugatze de ETA, entre ellos a Zigor Larredonda y Laura Riera, condenados a 9 años de prisión por haber colaborado, entre otros atentados, en el asesinato de Francisco Cano Consuegra. Zigor Larredonda fue quien recabó información sobre posibles objetivos de la banda en la provincia de Barcelona, entre ellos el concejal del PP. Laura Riera, que trabajaba como auxiliar administrativa en la sección de multas del Ayuntamiento de Tarrasa, fue quien obtuvo de la base de datos de la Dirección General de Tráfico el número de matrícula del vehículo de Francisco Cano.

Francisco Cano Consuegra tenía 45 años. Era natural de La Carolina (Jaén), aunque emigró con su familia a Cataluña siendo un niño. Estaba casado con Encarna Oviedo y tenía dos hijas de 19 y 13 años. Regentaba un negocio de electricidad y fontanería (Fontanería Tapia-Cano) en el que tenía contratados a catorce empleados. Además, era concejal por el Partido Popular desde 1997, tras haber ejercido dos años como edil independiente. Cuando fue asesinado formaba parte del equipo de Gobierno municipal de Convergencia i Unió (CiU) como concejal de Obras y Servicios. Francisco Cano era un apasionado del fútbol. Seguidor del Real Madrid, fue también directivo de clubes deportivos de la comarca donde vivía, como Egara y Maurina. También estaba vinculado al Terrassa Fútbol Club a través de la agrupación Amics del Terrassa.

El funeral por su alma se celebró el 15 de diciembre en la parroquia de Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls, oficiado por el arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, y con la asistencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, y el de la Generalidad, Jordi Pujol. A continuación fue enterrado en el cementerio de Tarrasa. En esta localidad tuvo lugar una manifestación esa misma tarde, a la que asistieron ciento cincuenta mil personas, con el lema “Cataluña por la libertad. ETA no”.

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