Carta abierta remitida por el Partido DCID a S.M. el Rey Felipe VI: “Por favor, Señor, no nos defraude”

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Señor:

Nos dirigimos de nuevo a V.M. con la consideración y el respeto que nos inspira vuestra primordial función de garante de la unidad y permanencia de España, así como del cumplimiento del orden constitucional en calidad de árbitro y moderador del funcionamiento regular de todas las instituciones del Estado.

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Los días 23 de julio de 2015, 29 de enero de 2016 y 24 de agosto de 2019 nos dirigimos a V.M. por carta remitida mediante correo certificado en la que manifestábamos nuestra profunda preocupación por la deriva de los acontecimientos que estaban alterando de forma alarmante la convivencia entre los españoles.

Con posterioridad, en fechas 17 de octubre, 5 y 17 de noviembre y 1 de diciembre de 2019 enviamos a V.M. nuevas cartas mediante correo electrónico en las que mostrábamos nuestra creciente alarma por las actuaciones del entonces presidente del Gobierno en funciones y nos atrevíamos a sugerir algunas soluciones sustentadas en una interpretación del articulado de la Constitución Española de 1978 menos restrictiva y tendenciosa que la realizada por los defensores de lo “políticamente correcto” al servicio de quienes quieren destruir España.

Por último, el 7 de enero de 2020 enviamos, también por correo electrónico, una última carta a V.M. en la que le pedíamos de nuevo que no propusiera como candidato a la Presidencia del Gobierno a quien por aquél entonces la ejercía en funciones, argumentando detenidamente las razones que nos impelían a cursar esa petición y alertando sobre los peligros que para el futuro de nuestra Patria y de los españoles decentes supondría esa, en nuestro criterio, errónea decisión.

Desafortunadamente, Vos no atendisteis lo sugerido por nosotros y optasteis por aceptar la tesis de que estabais obligados a proponer al candidato del partido supuestamente más votado siempre que alcanzara el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados. Permítanos decirle, Señor, sin ánimo de ofenderos, que ese fue un inmenso error aprovechado por el candidato para aliarse con todos los partidos del arco parlamentario que han manifestado abiertamente su rechazo a la unidad y permanencia de España, e intentan torticeramente derogar la Constitución Española que fue apoyada por la mayoría del pueblo en el referendo de 6 de diciembre de 1978 y, por tanto, persiguen sustituir la Monarquía Parlamentaria por una República de corte federal o confederal “asimétrica” y el Estado protector de las libertades y derechos humanos por un régimen totalitario comunista que convierta a los ciudadanos en siervos de quienes desean implantar un Nuevo Orden Mundial, paradójicamente bajo el dominio de las fuerzas del neocapitalismo más salvaje.

Pero nunca es tarde para rectificar si se tienen las ideas claras y existe la férrea voluntad de hacerlo en defensa de los principios constitucionales y del ordenamiento jurídico que jurasteis acatar y defender el día 19 de junio de 2014, al ser proclamado rey ante las Cortes Generales durante la sesión extraordinaria y conjunta del Congreso de Diputados y el Senado celebrada en el Palacio de las Cortes.

Con objeto de no repetir los argumentos que ya utilizamos en nuestros anteriores escritos vamos a contemplar posibles soluciones a la luz del cuerpo doctrinal de los escolásticos de la Escuela de Salamanca que a finales del siglo XV y principios del XVI, en pleno Siglo de Oro de la cultura hispana, sentaron las bases de unas teorías, por entonces revolucionarias, que representan los antecedentes de las actuales corrientes del saber en campos tan diversos como la política, la economía, el derecho en general, los derechos humanos, las relaciones sociolaborales y algunos otros que ciertos ignorantes afirman haberse descubierto y desarrollado durante los siglos XIX y XX.

Estamos convencidos de que quienes ejercieron de maestros y tutores de V.M. os instruyeron adecuadamente sobre las aportaciones de esos eruditos a las ciencias del conocimiento humano y el sólido cimiento que representan sus doctrinas para analizar, interpretar y resolver los problemas que hoy pueden presentarse en los respectivos campos de aplicación.

Sabemos que Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y Juan de Mariana, junto a tantos otros que los acompañaron en su meritoria labor, no son desconocidos para V.M., como tampoco lo son sus acertadas doctrinas. Menos aún las que conciernen al ámbito de la política y las relaciones entre los gobernantes y el pueblo.

Nos centraremos, pues, en esta materia y, principalmente, en las sabias premisas y conclusiones que con enorme precisión dejó escritas Juan de Mariana en su obra.

Pasamos ahora a exponer brevemente algunos de sus irrebatibles postulados:

. La sociedad es anterior al poder gubernamental, pues solo después de constituida la sociedad puede surgir entre los hombres la idea de crear un poder, realidad que por si misma basta para demostrar que “los gobernantes son para los pueblos y no los pueblos para los gobernantes”. La libertad se ve herida cuando un hombre extiende sobre otro el yugo de una ley impuesta o la “espada de la fuerza”.

. La existencia del gobierno representa por si misma un límite a la libertad que puede considerarse necesario, pero para ser legítimo debe estar fundamentado en la voluntad popular. Si en aras de su propio bienestar el pueblo precisa que alguien le gobierne deberá ser él mismo el que le dé el imperio y no el gobernante quien lo consiga “con la punta de la espada”, es decir usando su poder para coaccionarlo, amenazarlo o violentarlo imponiendo su voluntad.

. La soberanía reside en el pueblo y el Estado se forma mediante un pacto entre hombres libres y soberanos que, a su vez, otorgan el poder político a una persona para ser gobernados en base a relaciones contractuales. (Esa forma de gobierno establecido por contrato entre el pueblo y el gobernante es uno de los principios de la democracia)

. El pueblo tiene derecho a reclamar su poder político siempre que el gobernante abuse de él convirtiéndose en tirano.

Para delimitar lo que entendía por tal, Juan de Mariana redactó una precisa descripción de tirano:

“Se apropia de los bienes de los individuos y los malgasta, poseído como está por los innobles vicios de la codicia, la avaricia, la crueldad y el fraude (…) Los tiranos, en verdad, intentan dañar y arruinar a todos, pero dirigen su ataque especialmente contra los ricos y hombres honrados en todo el reino. Consideran lo bueno más sospechoso que lo malo y la virtud que les falta les es más formidable (…) Expulsan a los mejores hombres de la comunidad bajo el principio de que quien sea exaltado en el reino debe ser derribado (…) Exprimen a todo el resto, de forma que no puedan unirse, demandándoles nuevos tributos diariamente, promoviendo peleas entre los ciudadanos y uniendo una guerra a otra. Construyen grandes obras a costa y sufrimiento de los ciudadanos. (…) El tirano teme necesariamente que quienes aterroriza y mantiene como esclavos intenten derrocarle (…) Así que prohíbe que los ciudadanos se reúnan, las asambleas y la discusión común de los asuntos de la comunidad, quitándoles mediante métodos de policía secreta la oportunidad de hablar y escuchar libremente, de forma que ni siquiera se les permite quejarse libremente”.

Para Juan de Mariana un tirano era cualquier gobernante que violara las leyes justas, impusiera leyes arbitrarias, decretara la aplicación de impuestos abusivos sin consentimiento del pueblo o impidiera las reuniones de un parlamento democrático. Debe tenerse en cuenta que, además, era defensor del iusnaturalismo. Es decir, sostenía que la Ley Natural está por encima y debe primar siempre sobre las leyes positivas promulgadas por los hombres.

Se le ha criticado mucho, calificándolo de “extremista” porque en su teoría política incluye lo que se ha venido en llamar “teoría escolástica del tiranicidio”. Pero, realmente, no propugnaba que cualquier individuo pudiera realizar, sin más, el asesinato del tirano, sino que el pueblo debía reunirse para tomar una decisión crucial encaminada a librarse de él y, si eso no fuera posible, tiene que consultarse a algunos “hombres graves y eruditos” para que aconsejen la medida a adoptar, salvo que el clamor del pueblo contra el tirano fuese tan manifiesto que esa consulta resultase innecesaria.

Recordamos a V.M. que estas ideas están recogidas en la obra “De Rege” que fue escrita por Juan de Mariana a sugerencia de Felipe II y dedicada a su sucesor Felipe III, sin que fuera censurada, como reclamaba el rey de Francia, pese a que representaba un canto a la soberanía del pueblo en contra de las teorías absolutistas del poder de los reyes.

Es obvio que mientras el comportamiento de S.M. respeta escrupulosamente la plena soberanía del pueblo español, reconocida en el artículo 1.2 de la Constitución Española, no ocurre lo mismo con los actos protagonizados por el Gobierno y sus socios de legislatura. Sin necesidad de enumerar las actuaciones de éstos, una simple comparación con los distintos actos que caracterizan la definición de tirano aportada por Juan de Mariana permite inferir que quienes gobiernan hoy España han incurrido en ellos desde que tomaron posesión de sus cargos, e incluso antes, violando así el contrato que suscribieron con el pueblo y se comprometieron a cumplir ante Vos el día 14 de enero de este año en el Palacio de la Zarzuela.

Ese radical y permanente incumplimiento del compromiso contraído con el pueblo para ejercer el poder faculta a éste para recuperarlo con el apoyo del jefe del Estado, que es el garante de sus derechos hoy pisoteados por quienes tienen la obligación legal y moral de defenderlos.

El artículo 9 de la Constitución Española dispone que:

“1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”

Y el artículo 10 es del siguiente tenor:

“1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”

Pues bien, todos esos derechos, cuyo alcance se detalla en otros artículos de la Norma Suprema, están siendo sistemáticamente violados por un Parlamento y un Gobierno que además, son manifiestamente ilegales dado que se conformaron a partir de los “resultados provisionales” facilitados por la empresa INDRA el día 10 de noviembre de 2019, contratada irregularmente por el Gobierno en funciones y sospechosa de haber perpetrado un fraude electoral, sin haberse realizado posteriormente el Escrutinio General a que obliga la Ley Orgánica de Régimen Electoral General  (LOREG) en sus artículos 103 a 108, ambos inclusive, tal como la Junta Electoral Central (JEC) se encargó de recordar a las Juntas Electorales Provinciales, compuestas principalmente por magistrados y jueces, en un escrito emitido tras celebrarse las votaciones del día 10 de noviembre de 2019, sin que su orden fuera atendida.

Usando el excepcional instrumento legislativo del Decreto Ley y de la proposición de Leyes por el trámite de urgencia, hipotética y en absoluto real, vulnerando los principios de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica, entre otros muchos, están intentando modificar de forma claramente inconstitucional el Ordenamiento Jurídico orquestando así un Golpe de Estado que deje vacío de contenido todo el armazón legal soportado por la Constitución Española.

Señor, los españoles patriotas piensan que no debéis seguir sancionando con vuestra augusta firma leyes injustas que promueven la muerte, que atacan la salud de las personas y provocan miles de asesinatos por la ineficaz gestión de las autoridades sanitarias, que atentan contra la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, que imponen la mentira sobre la Historia, que permiten una férrea censura  sin intervención de los jueces y magistrados, que comportan una violación del principio de igualdad consagrado por el artículo 14 de la Constitución Española, que conducen a la ruina de los pequeños y medianos empresarios y de los trabajadores a muchos de los cuales condenan al desempleo, que autorizan actuaciones fiscales claramente abusivas para recaudar impuestos confiscatorios de los contribuyentes, que niegan los derechos naturales de las familias, que aprueban presupuestos basados en previsiones falsas cuya aplicación hará crecer el déficit público y la deuda pública, que conceden subvenciones millonarias a chiringuitos creados por los “amigos” del despilfarrador Gobierno y sus cómplices, que fomentan la corrupción, que pretenden enmudecer al Poder Legislativo y que intentan dominar al Poder Judicial. No estimamos preciso incorporar aquí una relación detallada de los rimbombantes y engañosos nombres con que se han publicado o se van a publicar en el BOE esas leyes, porque todos conocemos exactamente cuáles son y las nefastas consecuencias de su promulgación.

Creemos que vuestra función arbitral y moderadora os faculta para negaros a seguir avalando una política legislativa que vulnera de forma premeditada lo dispuesto por la Constitución Española y nos aboca hacia un régimen no solo totalitario sino tiránico.

Es hora de decir ¡Basta! y actuar contundentemente para poder hacer una criba de todo ese veneno introducido en el Ordenamiento Jurídico Español, aplicando en él una cura de desintoxicación legislativa que elimine tanta bazofia dañina, supuestamente ideológica, con la que se está sembrando la semilla de la cual germine la “nueva normalidad” que no es otra que la consolidación en la vida cotidiana del Golpe de Estado “por entregas” que el Gobierno y quienes le apoyan han puesto en marcha desde el mismo momento de su ilegal toma de posesión.

Ha llegado, pues, el momento del contragolpe para que prevalezca la soberanía popular sobre la voluntad de los tiranos que han incumplido el contrato por el que, si es que no se ha producido fraude electoral, se les concedió la facultad de gobernar con sometimiento a sus inviolables cláusulas.

Sin necesidad de recurrir a la aplicación extrema de la solución expuesta por Juan de Mariana en su obra, podemos señalar que hemos llegado a una situación límite y se requiere emplear mano de hierro, aunque sea en guante de seda. Ni el consabido pretexto de que “el rey reina, pero no gobierna”, ni el texto del artículo 56.3 de la Constitución Española (“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2”) pueden impedir que cuando el Gobierno incumpla su contrato con el pueblo y viole lo preceptuado por la Constitución Española se le obligue a devolverle su soberanía, que ha sido secuestrada delictivamente.

No es un problema estrictamente jurídico ni susceptible de interpretación por parte de supuestos constitucionalistas es, simple y llanamente, un asunto de supervivencia de la Nación Española y de subsistencia de la mayoría de los ciudadanos a los que este Gobierno traidor al pueblo y a la Patria está llevando a la ruina empeñando también a varias generaciones futuras.

Encontrar la fórmula adecuada para librarnos de la tiranía impuesta por quienes quieren romper España y sumirla en el abismo de unas crisis política, social, económica y de valores difíciles de superar y de funestas consecuencias, es tarea que compete a V.M. con el asesoramiento de fieles colaboradores provenientes de la sociedad civil, comprometida con los auténticos valores democráticos, y del estamento militar, del cual V.M ostenta el mando supremo. En la actualidad es imposible para conseguirlo contar con el Ministerio Fiscal, cuya máxima representante está sometida al Gobierno, y muy problemático acudir a los Órganos Jurisdiccionales más altos, pues en sus actuaciones muchos de ellos están demostrando una lentitud exasperante y una gran falta de rigor y sometimiento al espíritu de las Leyes, e incluso a su texto.

Si Vos recogéis el testigo y enarboláis la bandera de la lucha del pueblo contra aquéllos que intentan arrebatarle la soberanía y convertirnos a todos en súbditos de un Gobierno dominado por los comunistas, los proterroristas y los separatistas cuyo fin es romper la España que heredamos de nuestros mayores, convirtiéndola en una república bananera, tened la certeza de que una gran mayoría del pueblo español os apoyará en esa histórica tarea. Ha llegado el momento de los valientes. La Historia real, no la falsa de la “memoria democrática” que quieren imponernos los que desean tiranizarnos, no nos perdonará si eludimos dar un paso adelante para defender la unidad y permanencia de la Patria en estos momentos cruciales por los que atravesamos. Cuando las buenas personas no actúan triunfan las malas.

Si alguien intenta acusar de golpistas y sembradores de odio a quienes, desde la resistencia al proyecto tiránico que está en marcha, reaccionan para defender sus derechos y el Orden Constitucional les tendremos que recordar las declaraciones de los socios del PSOE en esta legislatura, pues de continuo vienen proclamando la acción revolucionaria, incluso sangrienta, el incumplimiento de la Constitución Española y del Ordenamiento Jurídico, el no acatamiento a las resoluciones de los jueces y los tribunales y la movilización callejera violenta. ¿Lo que justifican para sí mismos no es válido para los demás?

Ellos saben que quienes respetan y defienden los tradicionales valores de nuestra sociedad no son de su misma catadura y en eso sustentan su soberbia actitud, tratando siempre de imponer la primacía de sus pretendidos nuevos “valores” pero hay que recordarles que el vaso de la paciencia ya está lleno de agravios y ha empezado a desbordarse.

Os pedimos que este año el mensaje de Navidad de V.M. sea taxativamente claro y colme las esperanzas que aún depositan en la Corona millones de españoles patriotas. Por favor, Señor, no nos defraude.

Siempre al servicio de España nos ponemos a las órdenes de V.M. pidiéndole a Dios que os guarde y os guíe para que culminéis con éxito vuestro alto y noble cometido.

Por el Consejo Político de

Derecho Ciudadano a Decidir (DCID)

Ignacio Vargas Pineda

secretario Nacional

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