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El auto de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 6 de octubre de 2020, lo deja bien claro: El chalet del fiscal decano de la sección territorial de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andradese construyó “en una zona de policía y servidumbre del dominio público hidráulico sin autorización de la Confederación Hidrológica del Tajo”; lo que significa que al Juez Fernando Presencia le asistía toda razón cuando formuló sus denuncias. Por lo tanto fue condenado injustamente.

La Justicia responde así al estimar los recursos que formularon la representación procesal de ACODAP y el fiscal de medio ambiente de Madrid, César Estirado, contra el auto de archivo dictado por el juzgado de instrucción nº 5 de la capital, sobre la denuncia que interpuso la “asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública”, liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia.

La Fiscalía de Madrid consideraba en su recurso que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) cometió un delito de “prevaricación urbanística omisiva” por no haber cumplido la orden de demolición del chalet que el fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade construyó ilegalmente en la población de Pepino, localidad a 8 kilómetros al norte de esa ciudad.

La orden de demolición se dictó en forma de resolución el 6 de marzo de 2009. Para que no quedasen dudas, la confirmó plenamente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) el 30 de abril de 2019 mediante sentencia. Pero, el fiscal del chalet afirmó en el juicio que no se había enterado. Una vez enterado sigue sin demoler su ilegal chalecito.

Según esa sentencia, confirmada ahora por la Audiencia Provincial de Madrid, una parte del chalet fue construido en la “zona de servidumbre” del Arroyo Berrenchín. Esa zona comprende cinco metros por cada lado del cauce y en ella está terminantemente prohibido construir, por imposición del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y no se puede legalizar. Otra parte del chalet ocupa la llamada “zona de policía”, que son 100 metros e incluye también a los cinco metros citados.

En el auto que se notificó ayer, 3 de de noviembre, a las partes, se estiman parcialmente los recursos de apelación interpuestos y se dispone “DEJAR SIN EFECTO EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL ACORDADO, devolviendo las actuaciones al Juzgado de Instrucción para que resuelva conforme a lo dispuesto en la presente resolución a fin de no vulnerar la competencia del Juez predeterminado por la Ley”.

Según explica ACODAP en su comunicado: “Se deja sin efecto el sobreseimiento provisional acordado por el juzgado de instrucción nº 5 de Madrid, para que se puedan investigar los delitos por los que fueron denunciados los responsables de la CHT, José Antonio Díaz Lázaro Carrasco y Javier Díaz Regañón, al no haber procedido, por presiones de los afectados, a ejecutar una orden de demolición de una vivienda construida en zona de policía y servidumbre del dominio público hidráulico sin autorización de la Confederación”.

Según el auto de la Audiencia provincial de Madrid “serían las supuestas presiones de los también denunciados, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, Fiscal Decano de la Sección Territorial de Talavera de la Reina, y de su esposa, María García García, sobre los responsables de la CHT, lo que habría originado dicha demora dolosa”.

A estos últimos denunciados se les imputa un delito contra la ordenación del territorio y medio ambiente (art.320 del CP) y un delito de tráfico de influencias (art.428 del CP).

En la denuncia se hace referencia también a un Expediente de Queja que se remitió por el Juzgado Decano de Talavera de la Reina a la Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, en fecha 5 de junio de 2015 en el que, entre otras cosas se hacía referencia a estos supuestos delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio por irregularidades en la licencia para la construcción de viviendas unifamiliares en contra de la prohibición ordenada por la CHT.

Pero para poder investigar esos delitos “antes se tiene que declarar por la jueza de instrucción quién es el órgano competente para ello, que según la Audiencia provincial no son los juzgados de Madrid, apuntando que sean los juzgados de Talavera” dice la asociación contra la corrupción comentando el auto notificado ayer.

Esta misma tesis sobre la falta de la competencia de los juzgados de Madrid para conocer de esa denuncia, es la que descubrió en un desliz el fiscal jefe de Toledo en el transcurso del juicio que tuvo lugar en Talavera de la Reina el pasado día 22 de octubre, a raíz del cual ha sido condenado Fernando Presencia a 34 meses de prisión precisamente por formular la denuncia que se contiene en el mencionado Expediente de Queja.

El desliz y lapso de Huélamo ante el tribunal durante su intervención conduce a que ACODAP sospeche fundadamente que “el contenido del auto se filtró antes de la vista, y que fue la denuncia contra los fiscales la que precipitó el dictado de una sentencia que, de acuerdo con lo que ha dicho ahora la Audiencia de Madrid, es a todas luces injusta”.