Si Podemos tuviera que designar para algún cargo público al juez titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga la financiación económica de este partido, cuya cúpula organizativa permanece imputada a raíz de una denuncia del ex jefe jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, seguramente, jamás, obtendría ningún respaldo del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias.

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Porque a los podemitas, parece, que “no les interesa los jueces valientes que investigan a los políticos”, ni los equipos valientes de policías nacionales que integran la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Sin embargo, la magistrada en servicios especiales, Victoria Rosell, al ejercer como delegada del Gobierno para la Violencia de Género, por el contrario, goza de la confianza total de la formación morada.

La siguiente pregunta es: ¿por qué Rosell, bajo su trayectoria jurídica, estaría integrada en el núcleo duro del vicepresidente segundo del gobierno de España?

Además, esta juez, desenvuelta de pleno, en la vida política, es “íntima coleguita” de la ministra, Irene Montero, según explican fuentes consultadas de Podemos.

Es decir, existe un cierto perfil de “colegueo político” entre estos cargos públicos. Para muestra, las imágenes “progres” de ambas, en la manifestación del pasado 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, previa, al Estado de Alarma, decretado días después, a consecuencia de la pandemia mundial provocada por el Covid-19.

Pero, ¿formó parte, Victoria Rosell, del “cerebro jurídico” de la operación “salvar al soldado Pablo Iglesias” en el caso Dina?

¿Tuvo influencia Rosell, en la argumentación jurista podemita para la elaboración de este caso Dina, incluido en la macrocausa judicial que investiga las actividades económicas del comisario jubilado, José Manuel Villarejo, en la Audiencia Nacional?

Fuentes de Podemos consultadas me confirman que sí, con la más profunda de las discreciones. Se juegan su vida política. Las opiniones de Victoria Rosell “cuentan”. Tienen peso en el “caso Dina”, pieza número 10, del caso Tándem, -caso Villarejo-, que investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Y mucho.

Es un caso que ha “virado judicialmente” contra el vicepresidente del Gobierno y su equipo jurídico al pedir su imputación desde la Audiencia Nacional.

Quizá, este descalabro jurídico para la formación morada explicaría el “grado de implicación”, fuera de lugar, que ha demostrado esta magistrada, en calidad de política, en medios de comunicación y en su red social Twitter, contra la exposición razonada del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cuando solicitó ante el Tribunal Supremo, “la imputación de Pablo Iglesias, por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos” en el citado caso Dina.

Un caso en el que también figura la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, y los abogados podemitas, Marta Flor Núñez, y Raúl Carballedo. Además, de pedir una investigación sobre delitos de falso testimonio de Dina Bosellham, y su ex pareja, Ricardo Sá Ferreira.

Rosell, entró en cólera mediática, contra el magistrado, García Castellón, cuando se hizo pública su solicitud de imputación a Iglesias. Incluso trató de deslegitimar la credibilidad del abogado, Calvente, -denunciante de Podemos-, a través de su cuenta de Twitter.

QUEJA CONTRA ROSELL ANTE EL CGPJ

Por esta razón, interpuse, una queja contra Rosell ante el Consejo General del Poder Judicial, debido a su intromisión mediática en el caso Dina, pre-juzgando las actuaciones procesales de García Castellón.

Uno de los tuits de Rosell, denunciados ante el CGPJ, decía: “Sinceramente, yo estoy atónita con esta resolución judicial/…/me parece que vamos a asistir a algo parecido a una repetición del ‘caso Alba’. Calvente tiene una credibilidad parecida a la de Alba, que también consiguió engañar a un juez con todo su revestimiento supuestamente jurídico”.

Un hecho, de carácter ilegítimo por parte de Rosell, desde el punto de vista democrático, que exige imparcialidad a un cargo público de índole política, respecto a la obligada separación de poderes en España, con el fin de preservar la Constitución.

Importante “leit motiv” a destacar, sería un futuro regreso de Rosell a su anterior destino, en calidad de magistrada en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cómo diferenciar una vertiente judicial de una faceta política, y viceversa, sí se producen intromisiones o cruce de realidades?

¿Deberían los jueces, magistrados, y fiscales en España, renunciar a sus destinos judiciales una vez que han ocupado cargos políticos?

¿Renunciará Rosell a la formación morada sí vuelve a ejercer como magistrada?

Pero aquí, no acaba la historia sobre la presunta relación jurídica de Victoria Rosell, con el núcleo podemita implicado en el caso Dina.

A raíz de este descubrimiento, igualmente, he solicitado ante el juez García Castellón, que se cite a las partes que podrían arrojar luz sobre esta cuestión que, podría llegar a ser trascendental sobre la posible influencia de Rosell entre bastidores.

Sugerencia que he trasladado a este magistrado para que, sí lo tiene a bien, interrogue sobre esta cuestión a Pablo Iglesias, Irene Montero, Victoria Rosell, Dina Bousellham, Gloria Elizo, José Manuel Calvente, y al exfiscal del caso Dina, Ignacio Stampa.

Stampa no consiguió renovar su actividad como fiscal anticorrupción en la Audiencia Nacional.

Por tanto, se quedó relegado del caso Villarejo, y por ende, del caso Dina, al destapase su “relación íntima” con la abogada podemita, Marta Flor, hecho denunciado por el letrado, Calvente, ante diversas instancias judiciales.

Este fiscal, tras la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, al no otorgarle ninguna de las ocho plazas fijas en Anticorrupción, por la falta de respaldo del Consejo Fiscal, que le retiró la confianza en las votaciones, se quedó fuera de esta fiscalía especial.

Sin embargo, recientemente, ha sido destinado al Juzgado de Instrucción Número 33 de Madrid.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia interpuesta por la asociación ACODAP, contra el fiscal Ignacio Stampa, por presunta revelación de secretos y, supuesto acoso y represalias hacia mi trabajo periodístico, sobre el impacto y alcance jurídico de las denuncias de Calvente, respecto a la “relación sentimental” de este fiscal y la abogada, Marta Flor, personada por Podemos en el caso Tándem.

Igualmente, la FGE, ha remitido a la Fiscalía Superior de Madrid, esta misma denuncia contra Stampa, que se incorpora al expediente abierto de investigación a este fiscal, por “motivos conexos”, ha declarado esta Fiscalía, presidida por Dolores Delgado.

Por el momento, todas estas actuaciones procesales vivas. A la espera de resoluciones.

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Artículo publicado en ‘Confilegal’

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