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Asistimos el pasado jueves 29 a otra de esas sesiones parlamentarias incomprensibles en cualquier país realmente democrático y con un Estado de Derecho consolidado y serio. Se sometía a votación la última ocurrencia, más que dudosamente constitucional, del “presimiente” del desgobierno que unos votaron o apoyaron y otros propiciaron, pero que los que no hicimos ni una cosa ni la otra padecemos igualmente, otra de las “excelencias” de las democracias desvirtuadas por las “mayorías” de sumas derivadas de intereses partidistas y/o personales de los líderes de partidos o chiringuitos, los primeros, con ciertos visos de credibilidad al principio y los que venían a regenerar, fruto del despropósito de los anteriores, llegaron ya con mimbres de tinglado corrupto, económica o moralmente, cuando no las dos cosas, es decir, bien aprendido el viejo aforismo sobre la caridad, pero adaptado hoy a “el progreso bien entendido, empieza por nosotros mismos”.

Y para que el disparate cobre tintes de inaudito, el proponente de una de las mayores barbaridades que hayamos visto en estos cuarenta y tres años de “democracia” -recordemos que las primeras elecciones fueron en Junio de 1977-, que no es más que otro de sus característicos abusos de poder producto de su chulería de barrio, termina de exponerlo y huye del hemicirco -sobre las 10 de la mañana- con el pretexto de que “tenía una videoconferencia con otros líderes europeos a las 18:00” -versión oficial- es decir, ocho horas después, pero debió ser que tenía que “prepararla”. Así que al hasta ahora, doctor Plagio cum Fraude, Falconeti, presimiente, Pinocho, enterrador y un largo etcétera, le podemos añadir con toda propiedad “fugitivo”, aunque en este caso falte el “manco” del guión de la conocida serie de los sesenta del pasado siglo, de la que plagia su particular Dr. Richard Kimble, en la figura del licenciado Fernando Simón. Y cual ventrílocuo aficionado “delegó” en la tribuna en el filósofo Salvador “Croquet-Illa” para explicar lo inexplicable en ese cuestionable español con acento catalán, a veces ininteligible, con el que sin pestañear nos dice una cosa y la contraria incluso en la misma comparecencia.

Todo ello después de que el día anterior habían presentado el también disparatado Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) -crónica de una ruina anunciada-, en el supuesto templo de la soberanía popular, convertido en “casoplón de soberanía populista”, cada vez más presente en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo desde que el bipartidismo hizo aguas del todo allá por 2015. Unos PGN que ante la situación de crisis económica más grave desde la mal llamada transición eleva el compromiso de gasto público, incluyendo una subida de sueldos al propio gobierno y su corte de enchufados y empleados públicos en un año de IPC negativo. Transición que mejor debería llamarse transformación o absoluta metamorfosis, después de haber dejado en nada la famosa sentencia de Alfonso Guerra cuando el PSOE llegó al poder en 1982: “Vamos a dejar este país -como buen socialista, decir España entonces le producía urticaria-, que no lo va a conocer ni la madre que la pario”. Lo que no conocería ni la madre que los parió sería el bolsillo sin fondo de algunos dirigentes públicos, que entendieron bien lo que decía más arriba del “progreso”. En definitiva, abusos de autoridad y poder, con el BOE como herramienta principal, y abuso del despilfarro presupuestario para dotar generosamente un gabinete desorbitado de ministerios y cargos públicos, inútiles en buena parte y caladero de amiguetes y socios que apuntalan en su poltrona al, posiblemente ya, mayor felón de la Historia de España. También esta semana se ha sabido la “generosa” invitación a su pandilla del Instituto en Las Marismillas de Doñana -todos colocados en algún puesto de designación directa, por la mano del amigo que llegó más lejos- a costa de esos mismos PGE de los que tira sin límite ni pudor alguno, negándose a rendir cuentas del gasto. Lo que parece que no contemplan esos PGE es un recorte de sueldos y un ERTE político por la disminución aún mayor de actividad que se deriva del estado de alarma, al no contemplar nada más que cada dos meses las sesiones de control parlamentario y probablemente otras actividades de sus “señorías” -cuesta llamar así a algunos-.

No sorprendió el resultado de la votación sobre el nuevo estado de alarma, aunque sí es alarmante el plazo de seis meses de aplicación pese a lo que recoge el artículo 116.2 de la Constitución: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo…”, como tantos otros, redactado de manera ambigua que no deja muy claro si ese “dicho plazo” implica ampliaciones de quince en quince días, como vimos en los meses de Marzo a Junio, o por cualquier otro plazo. Parece excesivo el plazo aprobado, que multiplica por seis el máximo de treinta días que se prevé para el estado de excepción que regula el punto siguiente del artículo mencionado, aunque en este caso sí concreta que “…prorrogables por otro plazo igual…”. Lo cierto es que, como se preveía en esa negociación a la carta, habitual en este desgobierno socialcomunista -pide lo que quieras para darme tu apoyo-, se aprobó lo propuesto -llegaba cocinado y comido- por una holgada mayoría de 194 escaños a favor, que hacían imposible la más que cantada menor votación en sentido contrario, aun suponiendo que fuera negativa en su conjunto por el resto de la cámara -156 escaños-que ya se sabía que tampoco iba a serlo, como así fue. Votaron en contra los cincuenta y dos diputados de VOX y el de Foro Asturias, que debió olvidar la justificación de hace diez días, cuando votaba no a la moción de censura de Santiago Abascal, justificándolo en su pacto con el PP o algo parecido, que parece que esta vez no fue suficiente. Contrasta por cierto ese “NO Patriótico” de VOX en el Congreso con lo votado el mismo día en el parlamente vasco, cuando ese partido votaba junto a BILDU, PNV, Podemos y PSE-PSOE en contra de la iniciativa de luchar contra la okupación ilegal y los narcopisos o, como el martes en el Ayuntamiento de Madrid, cuando el Alcalde, José Luis Martínez Almeida le espetaba al aguerrido “boina verde” Javier Ortega, que hubiera votado en nueve proposiciones con el PSOE y Más Madrid “elevar el gasto público, mayor intervencionismo y mayor regulación en la ciudad de Madrid”, rematando con “La izquierda no tiene mejor cómplice hoy en este pleno que la derecha valiente”. Pero esto no lo oiremos en La mañana de Federico de esRadio.

También estaba previsto que el PP se abstuviera, como después de un brillante discurso, reconocido así incluso por esos medios teñidos ahora de verde que alimentan día sí y día también la división de la derecha, confirmó Pablo Casado en una improvisada intervención que decidió sobre la marcha porque no estaba previsto que fuera él quien contestara. En lo que calificó como una abstención crítica al estado de alarma de seis meses de Sánchez porque no queremos avalar el atropello legal del Gobierno”, muy criticada -valga la redundancia- por muchos medios y, por supuesto por la “oposición de la oposición”, los 194 que votaron sí y los 52 del partido que presentó la “moción contra el PP”, como a su portavoz Iván Espinosa de los Monteros se le escapó en una entrevista de RTV Espantosa, en una clara traición del subconsciente. Casado explicó su abstención diciendo que “…nos vamos a abstener para no dejar sin ningún mecanismo jurídico, llegando tarde y mal a las comunidades autónomas, que dan la cara y que por la inacción del Gobierno necesitan hacer confinamientos perimetrales”. Como no tengo conocimientos jurídicos para valorar la certeza de esa afirmación, me hubiera gustado una mayor explicación para los que, como yo, no entendimos la abstención después de ese magnífico discurso que, aunque hubiera dado igual a efectos prácticos, nos hubiera dejado más contentos a muchos que hubiera votado no. Lo que sí anunció el líder del PP fue que acudirán “a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para solicitar a las instituciones europeas que garanticen la separación de poderes que no respeta el Gobierno y con el fin de que el PP pueda hacer su labor de control parlamentario que se le usurpa Sánchez”. Veremos si Europa responde pronto y ayuda a recomponer este nuevo asalto de PSOE-Podemos, porque la respuesta del Tribunal Constitucional, al que sin duda le llegarán los recursos sobre esta nueva cacicada, como de costumbre, llegará muy tarde para restablecer la situación. Seguramente, después de que se levante en Mayo el “estado de asalto y silencio” al que ahora nos vuelven a someter y que quieren ampliar, se comenta, suspendiendo también el derecho a la manifestación de los ciudadanos.

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1 Comentario

  1. No cabe duda de que el articulista aprovecha pronto y bien las cacicadas de este gobierno socialcomunista, para indicarnos hasta que punto nos van introduciendo en una dictadura controlada.
    Coincido con el autor de que los PGE no tienen ni pies ni cabeza, dado que con la economía a ras de suelo, en la que no se recaudará ni una tercera parte del IVA, al no haber actividad, no se recaudará el IRPF que debiera recaudarse, al no haber actividad laboral, al no haber gasto interno, pues solo se gastará en lo imprescindible, al no haber turismo, que equivale al menos al 11,5% del PIB nacional; les imposible cuadrar las cuentas, incluso subiendo impuestos, ya que si no hay consumo, ¿Sobre que impuestos se aplican las subidas? Es de esperar que la UE rechace el bodrio.
    En cuanto al plazo del Estado de Alarma, como bien dice D. Antonio, la Ley 4/1981, indica ante que circunstancias debe aplicarse y por el plazo de 15 días, mediante Real Decreto Legislativo, con la aprobación del Parlamento. Se puede ampliar el plazo, pero no por el tiempo que se desee, sino por el mismo plazo que indica el Real Decreto; es decir, de 15 días, dado que sin autorización del Parlamento, no podrá ser prorrogado dicho plazo. En “dicho plazo”, va implícito el de los 15 días. Así opinan, con los que estoy de acuerdo, juristas constitucionalistas.

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