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El 7 de noviembre de 2001, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Guecho (Vizcaya) al magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya JOSÉ MARÍA LIDÓN CORBI. A las 7:25 horas dos terroristas a cara descubierta descerrajaron cinco tiros al magistrado cuando éste se disponía a salir, acompañado por su mujer, del garaje de su domicilio para dirigirse a su trabajo. Dos terroristas se situaron frente al vehículo y junto a la puerta izquierda, y le descerrajaron cinco disparos a bocajarro. El juez fue alcanzado por tres impactos, uno de ellos en la nuca.

Además de su mujer, fue testigo del asesinato uno de sus hijos, Íñigo, que en ese momento aguardaba en su vehículo fuera del aparcamiento a unos diez metros del lugar de los hechos. Íñigo salió de su vehículo y acudió rápidamente al coche de sus padres. Los pistoleros de la banda se quedaron paralizados por unos instantes al escuchar sus gritos para, a continuación, emprender la huida a pie. Tras encontrarse con la escena de su madre con un shock nervioso y su padre agonizando, subió a su domicilio para llamar a la Ertzaintza y advertir a su hermano mayor de lo sucedido. “Han matado a nuestro padre”.

María Luisa Galárraga, viuda de José María, rememoró durante el transcurso del juicio al etarra Orkatz Gallastegi en diciembre de 2005 el momento del asesinato:

Empecé a escuchar tiros. Primero por la ventanilla del conductor, luego también por la delantera. Al principio me quedé impasible… sin reacción. Después, al empezar a oír los disparos desde delante, pensé: “¡Ya vale, ya basta!, ¡más no, más no!” (…) En cierto momento, el que estaba disparando desde delante me apuntó. Hubo entonces un momento en el que me recliné en el asiento. Pensé: “Bueno, somos los dos”.

Una de las vecinas, que conocía a la familia Lidón desde hacía casi veinte años, contó a los medios de comunicación que, al oír los disparos, se vistió y bajó inmediatamente a la calle, encontrándose con la terrible escena. Vio primero al menor de los hijos junto a su padre, que se encontraba todavía con vida en el interior de su vehículo con el rostro cubierto de sangre y la cabeza echada hacia atrás. El hijo no paraba de gritar: “¡que venga alguien, que venga alguien!… ¿Dónde está la ambulancia, que no viene?” (El Mundo, 08/11/2001). A los pocos minutos del atentado, una UVI móvil llegó al lugar, aunque para entonces el médico sólo pudo confirmar el fallecimiento de José María Lidón. Poco antes de las diez de la mañana el juez de guardia de Guecho ordenó el levantamiento del cadáver.

La capilla ardiente había quedado instalada por la tarde en el Palacio de Justicia de Bilbao. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, el ministro de Interior, Mariano Rajoy, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, y el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Egibar, entre otras autoridades, así como numerosos miembros de la judicatura, acudieron a acompañar a la familia. José María Aznar canceló a última hora su asistencia al funeral, decisión que causó cierta polémica. Mientras desde el Partido Popular se justificó la misma alegando que la familia deseaba dar al funeral un carácter “no institucional”, fuentes citadas por el diario El País en su edición del 8 de noviembre señalaban que el motivo de la ausencia del presidente del Gobierno era que no había sentado bien la decisión de la familia del magistrado de reservar los cinco primeros bancos de la iglesia para los más allegados. En lugar de Aznar asistió a título personal el ministro de Justicia, Ángel Acebes. Después del funeral, una gran manifestación recorrió las calles de Guecho para protestar por el asesinato de José María Lidón. Los restos mortales del magistrado fueron incinerados al día siguiente por la mañana en el crematorio del cementerio de Derio en una ceremonia privada.

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, confirmó también que José María Lidón no llevaba escolta porque su nombre no había aparecido en ninguna lista de objetivos de ETA, información que fue corroborada por un familiar de la víctima, que señaló que José María no se sentía amenazado, por lo que nunca había solicitado protección. El hecho de no aparecer en listados de la banda le había hecho comentar alguna vez: “Fíjate lo poco importante que soy que no aparezco en los papeles de ETA” (El Mundo, 08/11/2001). Sin embargo, José María Lidón fue ponente de la sentencia que condenó con penas entre 2 y 20 años de prisión a los etarras menores de edad que atacaron con cócteles molotov la sede del PSE de Portugalete en abril de 1987. A consecuencia del ataque murieron María Teresa Torrano Francia y Félix Peña Mazagatos. En sentido contrario, había sido también ponente de la sentencia que, en 1981, condenaba a nueve guardias civiles por torturas a Tomás Linaza, padre de un etarra, durante su detención en el cuartel bilbaíno de La Salve.

En opinión del consejero Javier Balza el asesinato de José María Lidón obligaba a replantear la seguridad de los trescientos miembros del Poder Judicial presentes en el País Vasco, porque suponía un “salto cualitativo” en la actividad terrorista de ETA, al pasar de atentar contra edificios judiciales, como el Palacio de Justicia de Vitoria, a asesinar a un magistrado. Recordó que la última víctima de ETA en el País Vasco dentro del ámbito judicial fue José Javier Jáuregui Bernaola, juez de paz de Lemona (Vizcaya) asesinado por la banda el 8 de julio de 1978.

El 15 de noviembre la banda terrorista ETA reivindicó el asesinato del magistrado en un comunicado enviado al diario Gara, asumiendo que era un atentado dirigido “contra el aparato de Justicia española (…) Los jueces españoles que castigan sin piedad a los combatientes vascos no tienen un espacio de impunidad en Euskal Herria”. Ese mismo día Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, brazo político de la banda, señaló en Radio Euskadi que “la Judicatura española en Euskal Herria no defiende los intereses de los ciudadanos de Euskal Herria”.

Los presuntos autores materiales del asesinato del juez Lidón, Hodei Galárraga Irastorza y Egoitz Gurrutxaga Galarza, no pudieron ser juzgados al fallecer ambos en septiembre de 2002 cuando les explotó la bomba que transportaban en un vehículo por las calles de Bilbao. Sí fue juzgado Orkatz Gallastegi Sodupe, chivato de la banda que facilitó a ETA la información necesaria para asesinar al magistrado. En 2005 la Audiencia Nacional lo condenó a 26 años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato terrorista.

José María Lidón Corbi, de 50 años, era natural de Gerona, pero cuando tenía 17 años se fue al País Vasco para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto. Allí conoció a la que sería su mujer, María Luisa Galárraga, natural de Baracaldo. Tras la boda, el matrimonio, fijó su residencia en Vizcaya. Tenían dos hijos, de 23 y 21 años cuando José María fue asesinado. Magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María era catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Deusto, donde impartía clases desde hacía treinta años. También era profesor en la Academia de la Policía Municipal de Bilbao.

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