El 27 de noviembre de 1980 la banda terrorista ETA comete dos atentados con una diferencia de doce horas en San Sebastián y Logroño. En el primero de ellos, los terroristas tirotearon con pistolas y una metralleta al teniente coronel del Ejército y jefe de la Policía Municipal de San Sebastián MIGUEL GARCIARENA BARAIBAR.

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Minutos antes de las nueve de la mañana, Miguel Garciarena salió de su domicilio y se dirigió al vehículo oficial, donde le esperaba José Antonio Díaz Montoya, su chófer, para conducirle a su despacho en la Jefatura de la Policía Municipal de San Sebastián. Cuando el coche se detuvo en el cruce de las calles Urdaneta y Easo para ceder el paso a los vehículos de la calle principal, dos individuos armados se colocaron frente al mismo y abrieron fuego contra sus ocupantes. A continuación se montaron en un coche, donde les esperaba un tercer terrorista, emprendiendo la huida. El tiroteo contra Miguel Garciarena provocó escenas de pánico entre los transeúntes, muchos de ellos niños de corta edad que acudían a un colegio cercano.

Garciarena fue alcanzado mortalmente en la cabeza, el cuello, el abdomen, mientras que Díaz Montoya fue herido en el brazo, pese a lo cual pudo conducir el vehículo hasta la casa de socorro. Ahí los médicos sólo pudieron certificar la muerte del militar. Presentaba ocho impactos de bala: tres en la cabeza, cuatro en el hemitórax, y otro más en el abdomen. José Antonio Díaz, chófer del Parque de la Policía Municipal, fue trasladado al Hospital de San Sebastián después de que se le aplicara una cura de urgencia en el antebrazo izquierdo, donde tenía una herida de bala con orificios de entrada y salida, y otra en la cabeza, en la que fue alcanzado superficialmente por un proyectil. En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. En el asiento trasero del Seat 600 quedaron alojados una docena de proyectiles.

El automóvil utilizado por los terroristas había sido robado a punta de pistola a primera hora de la mañana en la parte vieja de San Sebastián, y su propietario abandonado atado a un árbol en un lugar cercano al barrio de Igara, después de que lo despojaran de su documento nacional de identidad y lo amenazaran en caso de que diera aviso a la Policía antes de las nueve de la mañana.

Los policías municipales de servicio en aquel momento se retiraron de la calle al conocer la noticia del atentado, concentrándose en la Inspección, donde celebraron una asamblea. A primera hora de la tarde decidieron mantenerse en paro durante tres días en señal de duelo. Los restantes funcionarios y empleados municipales, en otra asamblea celebrada en el Ayuntamiento, aprobaron la suspensión de todos los servicios durante dos días.

A iniciativa del alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcaín, del Partido Nacionalista Vasco, a mediodía del mismo 27 de noviembre se reunió un pleno extraordinario y urgente. El portavoz del grupo Herri Batasuna recordó una moción presentada por su grupo en una ocasión anterior sobre las causas de la violencia, y anunció que no condenarían la “lucha armada” sin analizar sus motivaciones. Después de que los concejales de HB hubieran abandonado el pleno, se acordó por unanimidad la condena del atentado.

La capilla ardiente con el cadáver de Miguel Garciarena fue instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra. La viuda del fallecido colocó junto al féretro las condecoraciones militares que poseía. El funeral por su alma tuvo lugar al mediodía en la parroquia de la Sagrada Familia, en el barrio de Amara, en una iglesia completamente abarrotada. Presidieron el acto la viuda y otros familiares y asistieron el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja; el capitán general de la VI Región Militar; los gobernadores civil y militar; el alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcaín, y el diputado general de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, ambos del Partido Nacionalista Vasco, además de José María Benegas, del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) y representantes de otros partidos políticos. El féretro con el cadáver fue introducido a hombros de policías municipales de diversas secciones, cubierto con la bandera blanca y azul de San Sebastián. Para sumarse al duelo habían llegado expresamente delegaciones de la Policía Municipal de Burgos y Canarias. La ceremonia religiosa fue concelebrada por un hermano del fallecido, Joaquín Garciarena, de la orden de los capuchinos, y otros veintiún sacerdotes. Terminado el funeral, el párroco pidió por los altavoces que, respetando el deseo de la familia, no se alterase el carácter puramente religioso del acto, ni siquiera al abandonar la iglesia. El féretro fue introducido en un furgón, que lo trasladó hasta Vera de Bidasoa (Navarra), donde fue enterrado en el panteón familiar.

Por el asesinato de Miguel Garciarena han sido condenados por la Audiencia Nacional a 29 años de reclusión mayor José Antonio Esnaola Lasa, en 1985, y Nicolás Francisco Rodríguez, en 1990.

Miguel Garciarena Baraibar, de 63 años, nacido en Ezcurra (Navarra) y vascoparlante, estaba casado y tenía un hijo. Voluntario en la guerra civil, era teniente coronel del Ejército en situación de reserva e inspector de Policía en excedencia. Como teniente de la Policía Armada, estuvo destinado en Irún entre 1954 y 1957. Con el grado de capitán estuvo en San Sebastián, donde permaneció hasta 1968. Trasladado a La Coruña al acender a comandante, estuvo diez años al mando de la 81ª Bandera de la Policía Armada. En 1978 se incorporó a la Policía Municipal de San Sebastián como máximo responsable. Había recibido numerosas amenazas de muerte y por ese motivo se ausentaba largas temporadas del País Vasco. Tras un periodo de excedencia, se reincorporó a su puesto cuatro meses antes de ser asesinado. En octubre de 2008 el Ayuntamiento de San Sebastián rindió homenaje a Miguel Garciarena Baraibar, asesinado en 1980, y al agente Manuel Peronié Díez, en 1983, cuyos nombres figuran, desde entonces, en el recibidor de las dependencias del cuerpo policial junto al del agente Alfonso Morcillo, también asesinado por ETA.

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