El 26 de noviembre de 1993 fallecía en Bilbao JOSEBA GOICOECHEA ASLA, sargento mayor de la Ertzaintza y militante destacado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuatro días después de que dos integrantes de la banda terrorista ETA, un hombre y una mujer, lo tiroteasen delante de su hijo de 16 años al que llevaba en su automóvil hasta la parada del autobús para ir al colegio. El chaval resultó ileso, pero Goicoechea recibió dos impactos de bala: una le entró por la cabeza y quedó alojada en una vértebra cervical, mientras que la segunda le dañó la región lumbar. Permaneció en coma profundo hasta que falleció a las 17:30 horas del 26 de noviembre.

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Esa mañana Joseba se dirigía desde su domicilio a la sede del PNV en Bilbao, donde trabajaba. En la calle Tívoli, cerca del Ayuntamiento de la capital vizcaína, tuvo que parar en un semáforo en rojo, momento que aprovecharon los terroristas, que le estaban esperando ahí, para que uno de ellos, el hombre, se acercase al vehículo y disparase a través de la ventanilla del conductor. Un testigo del atentado dio aviso a la Policía e, inmediatamente, una ambulancia municipal lo trasladó al Hospital de Basurto. Durante el trayecto, la víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria y al llegar al centro sanitario, hacia las 8:45 horas, su estado fue calificado por los médicos como de “irreversible”.

El asesinato de Joseba Goicoechea provocó una enorme conmoción, al reunir la doble condición de haber sido uno de los máximos responsables de la Policía Autonómica vasca –cuando fue asesinado estaba inhabilitado por sentencia judicial firme durante seis años por el caso de las escuchas ilegales al exlehendakari Carlos Garaikoetxea en 1986– y militante destacado del PNV.

La víctima había sido el máximo responsable de la unidad de Información de la Ertzaintza desde 1986 hasta 1993, y estaba considerado un hombre clave en la lucha antiterrorista en el País Vasco, por lo que había recibido amenazas y su nombre figuraba como potencial objetivo de ETA. En un comunicado de 1991 la banda lo calificó de “despreciable torturador y asesino de encargo” después de que, en agosto de ese año, se hubiese producido un enfrentamiento entre ertzainas y terroristas, que se saldó con el asesinato del agente Alfonso Mentxaka Lejona y la muerte del etarra Juan María Ormazábal.

Nada más difundirse la noticia, comenzaron a llegar al hospital dirigentes del PNV como Ricardo Ansotegui, Gorka Aguirre y Luis María Retolaza, y representantes de las instituciones vascas como el consejero de Interior, Juan María Atutxa. Este último, visiblemente consternado, ensalzó la figura de Goicoechea describiéndolo como “un hombre vasco, abertzale, encarcelado por luchar contra la dictadura y que estaba luchando contra otra dictadura del más claro rasgo fascista” (La Vanguardia, 24 de noviembre). Destacar su cualidad de vasco era algo que, tanto en éste como en otros asesinatos de ertzainas, se había convertido en denominador común en las condenas de los políticos nacionalistas. Sin embargo, cuando el vasco asesinado era guardia civil, policía nacional o militar, los nacionalistas no citaban esta circunstancia, con lo que implícitamente despojaban a la víctima de esa condición.

El atentado había venido precedido de una campaña intimidatoria de la banda contra la Ertzaintza en el diario Egin y el entorno proetarra. Por este motivo Atutxa no dudó en responsabilizar de este atentado a Herri Batasuna –”que sirve como pantalla a esta banda terrorista” dijo el consejero–, a la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y a los “carroñeros” Egin –que “venía calentando motores y lubricando gatillos de ciertas pistolas” desde hacía mucho tiempo–. De KAS el consejero de Interior dijo que “desde su pedestal de ocultación y anonimato más cobarde, están marcando la estrategia para que se produzcan hechos tan luctuosos y desgraciados como este”. De hecho, a la campaña de Egin contra la Ertzaintza se había sumado con entusiasmo HB que, en agosto de ese año, pocos días después de que un grupo de jóvenes diera una brutal paliza a un ertzaina en Bilbao, había amenazado con responder “de forma adecuada” a la Policía vasca, a la que acusaba de “equipararse en brutalidad, intolerancia y chulería a las peores policías del mundo”.

Atutxa evitó, sin embargo, valorar el atentado como un “ataque frontal al PNV”, algo que sí hicieron dirigentes nacionalistas a título particular y como partido. En una nota hecha pública a última hora de la tarde la dirección del PNV dijo: “Sepa el diario Egin, sepa KAS y sepa ETA, que les consideramos un todo, que ha atentado directamente contra el PNV y que desde esta valoración serán tratados por este partido”.

Herri Batasuna, por su parte, emitió un comunicado en el que señalaba que el asesinato era una consecuencia de que la Ertzaintza “por decisión política del PNV, quiere ser puesta en manos de la estrategia del Estado, convirtiéndola en un elemento represivo de primer orden contra las reivindicaciones de nuestro pueblo”, pero Jon Idígoras quiso dejar claro que el atentado no podía considerarse un atentado contra el PNV.

El asesinato de alguien de este nivel dentro de la Policía Autónoma, ligado directamente al PNV, hizo que muchos analistas y comentaristas consideraran que con ello se demostraba que se había acabado la “ambigüedad” nacionalista en materia antiterrorista y que, por tanto, el partido y la Ertzaintza se iban a implicar plenamente en la lucha contra ETA.

En realidad, las cosas fueron bastante diferentes. Ya hemos visto en el caso del secuestro y asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios que, más que ambigüedad, el PNV lo que ha practicado ha sido la “guerra sucia”. Las relaciones del partido con ETA no han sido tan malas como nos han querido hacer creer a lo largo de los sesenta, setenta y primeros años ochenta, más bien al contrario. Sin embargo hacia 1987 estas relaciones se empiezan a degradar. La escisión de EA coloca al PNV en una situación de debilidad que intenta paliar acercándose al PSOE de la mano del nuevo presidente, José Antonio Ardanza, uno de los pocos dirigentes nacionalistas que era sincero en su total rechazo a la banda. Además en estos años se negocian las trasferencias más importantes y la lucha contra ETA se convierte en una moneda de cambio.

Pero el principal problema se produce cuando el líder de ETA, el asesino Domingo Iturbe Abasolo, alias Txomin, fallece en Argelia en febrero de 1987. Tal como señalan todos los que lo conocieron, Txomin era un nacionalista “a secas” y tenía hilo directo con la dirección del PNV a través de alguien de plena confianza del partido, el dirigente Gorka Aguirre (llegó a ser secretario del EBB, el Euskadi Buru Batzar), de quien se dice que era su amigo (Carmen Gurruchaga e Isabel San Sebastián, El árbol y las nueces. La relación secreta entre ETA y el PNV, Temas de Hoy, 2000, pág 51). Ignoramos cómo era esta relación, pero la dura denuncia de Mario Onaindia en sus memorias proyecta inquietantes sombras sobre los términos exactos de la relación de estos “dos amigos”.

Al morir Txomin, el PNV perdió, temporalmente, su ligazón con quien era la cabeza única e indiscutida de la banda, que iba a ser sustituida por una dirección colegiada que, además, había pasado a la total clandestinidad debido a la creciente presión policial francesa. A medida que la Policía Autonómica vasca se fue implicando en la lucha antiterrorista la tensión fue aumentando entre los nacionalistas. Aun así, hasta 1990 no se producen las primeras amenazas directas contra el cuerpo. El 04 de abril de ese año, la Ertzaintza desarticula buena parte de la infraestructura del grupo Vizcaya. A los pocos días, el “complejo ETA” activó el protocolo habitual de “criminalización”. Primero, Gestoras pro Amnistía denunció torturas a los detenidos, después se generalizaron pintadas y carteles con calumnias y, enseguida, el 10 de mayo, Herri Batasuna, por boca de Tasio Erkizia, dio carácter oficial a la campaña cuando señaló que la Ertzaintza cumplía “la misma función represiva que el resto de policías y hace suyo el método de torturas” y exigía expresamente que la Policía Autonómica no actuase contra ETA.

En ese contexto es en el que se crea el caldo de cultivo que propicia el asesinato de Joseba Goicoechea. Se multiplicaron las acusaciones y denuncias, se acuñó un término infamante para referirse a ellos (zipayo), se pasó al terrorismo de baja intensidad y, finalmente, se llegó al crimen. Pero esta escalada fue muy medida, muy calculada, con el objetivo final de doblegar al PNV, tal y como lo ha resumido perfectamente Florencio Domínguez Iribarren (Las raíces del miedo: Euskadi, una sociedad atemorizada, Aguilar, 2003, pág. 234-235):

El objetivo de esta presión violenta sobre el nacionalismo democrático era remover en cierta medida la posición del PNV tanto mediante la incidencia política de ETA (llevando a cabo acciones muy selectivas contra la Ertzaintza) como gracias a la kale borroca, según afirmaba la Coordinadora Socialista Abertzale en un documento, el Karramarro II, de principios de 1997.

El documento ponía de manifiesto el uso controlado de la violencia contra el PNV, para conseguir que este partido dejara de ser un obstáculo añadido al conflicto que nos enfrenta al Estado, pero sin llevar a estigmatizar a ese partido como enemigo perpetuo. Es decir se trata de un ejercicio de la violencia muy medido, graduado con extremo cuidado para empujar al partido de Arzallus, pero sin crear situaciones irreversibles de enfrentamiento con el PNV.

De esta manera Joseba Goicoechea fue trágica victima de una pugna temporal y puntual entre los dos sectores más importantes del nacionalismo vasco de raíces sabinianas: el personificado en el PNV y el de ETA.

Joseba Goicoechea Asla no era el primer miembro de la Ertzaintza asesinado por ETA, que en 1985 comenzó a atacar a la Policía Autonómica con el asesinato del teniente coronel Carlos Díaz Arcocha.

Goicoechea, sin embargo, tenía una peculiaridad: era el mando que se había encargado de crear y dirigir la primera unidad antiterrorista de la Ertzaintza. Esta unidad tuvo una actividad destacada contra ETA entre 1989 y 1998, aunque posteriormente su eficacia fue descendiendo paulatinamente, coincidiendo con la etapa de radicalización política del Partido Nacionalista Vasco (PNV) tras el Pacto de Estella firmado en 1998″ (Alonso, R., Domínguez, F. y García Rey, M., Vidas rotas, Espasa 2010, pág. 885).

En el Año 1998 la Audiencia Nacional condenó a Lourdes Churruca y a José Luis Martín Carmona a 41 años de cárcel. En la misma resolución se condenó a 30 años a José Antonio Embeitia Ortuondo y a Andoni Ugalde Zubiri por ser partícipes en labores de seguimiento y vigilancia de la víctima. Por último, María Aranzazu Garbayo fue condenada a 8 años de cárcel por colaboración con banda armada –en su domicilio se refugiaron los terroristas tras asesinar a Joseba– y Juan Ignacio Sánchez Melendo a 5 años por un delito de falsificación de placas de matrícula.

El terrorista que efectuó los disparos, según el relato del fiscal de la Audiencia Nacional, fue Ángel Irazabalbeitia, que murió en Lujua (Vizcaya) en noviembre de 1994 en un enfrentamiento a tiros con la Ertzaintza. Fue Irazabalbeitia el que, acompañado por Lourdes Churruca y José Luis Martín Carmona, se acercó al lugar del crimen en un vehículo. Mientras Martín Carmona permanecía en el coche, Churruca e Irazabalbeitia se apearon del mismo y aguardaron a que llegase la víctima. Cuando Goicoechea se paró en el semáforo en rojo, Irazabalbeitia se aproximó al vehículo y disparó contra la víctima.

Joseba Goicoechea Asla tenía 42 años cuando fue asesinado. Natural de Bilbao, estaba casado con Rosa Rodero en segundas nupcias y tenía tres hijos. De familia nacionalista, empezó a militar en el PNV con sólo 17 años. Su militancia le costó dos detenciones. La primera, en 1975, le supuso una condena de tres años y medio de cárcel, pena de la que fue amnistiado tras la muerte de Franco. En 1976 fue nuevamente detenido por distribuir la revista oficial del PNV, Euzkadi, que entonces era ilegal. Con la llegada de la democracia, trabajó activamente en las campañas electorales del PNV y en el referéndum del Estatuto de Guernica. A principios de los ochenta ingresó en la Ertzaintza y en 1986 se hizo cargo de la unidad de Información de este cuerpo policial. Con el tiempo esa unidad se incorporó al organigrama de la Consejería de Interior del Gobierno vasco.

El 26 de noviembre por la mañana, pocas horas antes de fallecer, el Gobierno había tomado la decisión de indultar a Joseba de la inhabilitación por las escuchas a Garaicoechea en reconocimiento de sus méritos en la lucha antiterrorista. Los compañeros de Goicoechea encendieron el día anterior a su fallecimiento, cuando todavía luchaba contra la muerte, una llama simbólica en los jardines de Albia, en Bilbao, cerca de la sede del PNV y del Palacio de Justicia. Los agentes, agrupados en la Plataforma Hemen Gaude (Aquí Estamos), colocaron también un libro para que los ciudadanos expresasen con su firma su rechazo a la violencia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Bautista Pardo, fue el primero en firmar. El segundo, Atutxa. Tras su fallecimiento, el PNV hizo un llamamiento para que se acudiese a la capilla ardiente que se había instalado en Sabin Etxea. Desde allí, el 27 de noviembre el féretro fue llevado a la Basílica de Begoña, donde se celebró el funeral a las siete de la tarde con la asistencia de miles de personas. Los dirigentes nacionalistas solicitaron a los ciudadanos que manifestasen su repulsa luciendo en los balcones y las ventanas ikurriñas con crespones negros. El mismo día del funeral, miles de personas secundaron la manifestación convocada por los sindicatos de la Ertzaintza.

Los restos mortales de Joseba Goicoechea fueron inhumados en el cementerio de Derio (Vizcaya), en un acto familiar al que sólo asistieron, como representantes de las instituciones, José Antonio Ardanza, presidente del Gobierno vasco, y Juan María Atutxa, consejero de Interior.

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