Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha
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El turbio jurista estaría preparando otra maniobra para intentar desacreditar al periodista denunciante de corrupción tratando de poner en duda su cordura. ACODAP denuncia que se está planificando bajo sus órdenes un segundo ingreso ilegal.

ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha presentado denuncia esta misma mañana ante el CGPJ contra el presidente del Tribunal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCLM), Vicente Rouco Rodríguez.

Según la denuncia, dos veces se han presentado uniformados de la guardia civil en el domicilio del periodista durante la jornada del sábado 17 de octubre pretendiendo coaccionarlo para que les firmara unos papeles. Este denunciante y activista contra la corrupción padece estrés postraumático y ansiedad como consecuencia del secuestro que le practicaron en mayo de 2019. Le han sacado de la cama.

Al periodista le mantuvieron incomunicado durante ocho días, drogado y haciéndole pruebas médicas sin su consentimiento. Estarían buscando, siguiendo órdenes de personas no identificadas, posibles adicciones o desequilibrios mentales. Le practicaron incluso un TAC. Todos los esfuerzos de los subordinados de Rouco por intentar demostrar una falta de cordura resultaron vanos. El profesional de la prensa no tiene adicciones, únicamente posee un coeficiente intelectual muy por encima de la media.

Visto y comprobado que las autoridades judiciales se niegan a investigar esta detención ilegal, superior a 72 horas, tanto ACODAP como la víctima del secuestro presentaron también denuncia ante la comisaría de policía de Guadalajara en base al art 167 del código penal exigiendo que se investiguen a fondo tan graves hechos.

¿Quién está detrás de todo esto? El modus operandi apunta inequívocamente a Vicente Rouco, presidente de los jueces de Castilla-La Mancha, que tiene fijación enfermiza con los denunciantes de corrupción que llevan ante los tribunales a sus protegidos y amiguetes.

De hecho, Rouco fue visto hace un par de meses merodeando con su vehículo particular en las inmediaciones de la población donde reside el periodista represaliado.

La asociación denunciante sospecha que quienes actúan desde la impunidad están pergeñando como llevar a cabo un segundo internamiento ilegal con objetivo de materializar los intentos del instigador y sus compinches para desacreditar al denunciante de múltiples hechos de corrupción.

ACODAP preserva de momento la identidad del periodista que es además asociado de la referida entidad, por motivo de su seguridad personal. Tanto él como su esposa sufrieron varios intentos de homicidio en su propio domicilio.

Según la denuncia, estos hechos se enmarcarían en la obsesión patológica de Rouco de acelerar las condenas y el intento de desprestigiar a los denunciantes de corrupción de su territorio, antes de tener que abandonar el cargo de presidente de los jueces de Castilla-La Mancha en diciembre de este año.

No en vano, el juicio contra el presidente de ACODAP por presuntas calumnias al fiscal decano de Talavera, al que se le imputa un delito de soborno y blanqueo de capitales además de un delito medioambiental y contra la ordenación del territorio (por el que piden a Fernando Presencia como represalia la friolera de 8 años de prisión) ha sido convocado para el próximo 22 de octubre.

El escrito dirigido al CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, termina solicitando la aplicación del Protocolo de actuación frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial (aprobado por el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 2016), y que “de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 387.2 LOPJ se inicie de oficio el expediente para la declaración de la jubilación anticipada de Vicente Rouco Rodríguez, porque – según siempre ACODAP– el presidente de los jueces de Castilla La Mancha podría estar sufriendo una incapacidad para el ejercicio de sus funciones judiciales ante los signos evidentes de lo que parece que se trata de una psicopatía aún no diagnosticada”.

En la denuncia se termina solicitando que “mientras se tramita el expediente de su incapacitación, sea suspendido provisionalmente de todas sus funciones gubernativas y jurisdiccionales de conformidad con lo que también faculta el artículo 187.3º de la Ley Orgánica.”

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