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De nuevo el Gobierno de Sánchez e Iglesias, decreta un estado de alarma donde se van a suprimir otra vez los derechos y libertades de los españoles, contemplados por la Constitución Española con la excusa del Covid-19.

Parece, que para decretarlo, el gobierno ha logrado encontrar los apoyos de diversos grupos parlamentarios, esta vez con un nuevo socio, que no es otro que el PP de Casado, el cual apoya el estado de alarma y la supresión inconstitucional de las libertades públicas, pero sólo por 8 semanas. Nos esperan unas horas de negocio de tiempos, pero en lo que Sánchez, Iglesias y Casado, junto con los partidos separatistas, es que los españoles van a estar a merced de 17 gobiernos que actuaran por delegación del Gobierno central y cada uno de ellos, a su capricho, jugará con la libertad de los españoles, en este caso impidiéndoles circular libremente por el territorio nacional, y lo que es peor, esto va a suponer un enfrentamiento entre las autonomías que derivará en que los habitantes de un cantón reprochen al cantón vecino, ser los culpables de la contaminación del virus.

Es evidente y notorio que el ejecutivo, especialmente el presidente y vicepresidente, se encuentran muy cómodos legislando a base de decretos bajo la cobertura de lo que ellos llaman “estado de alarma para proteger la salud de los ciudadanos”, lo que supone no pasar por el  Congreso de los Diputados para ser controlados por los representantes de la Soberanía Nacional. Todo lo más parecido a un régimen dictatorial, pero en plena Europa del siglo XXI.

Los mismos efectos hubiera tenido para proteger la salud de los españoles, modificar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, pero la aplicación de esta Ley, no le permitiría a Sánchez e Iglesias gobernar por decreto, el Parlamento estaría activo y no confinado y el Presidente del Gobierno debería responder de sus actos ante las cámaras de representación popular.

También es significativo que el Tribunal Constitucional guarde un escrupuloso silencio sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra el Decreto de Estado de Alarma de 14 de marzo de 2020, ya que de haberse pronunciado sobre la inconstitucionalidad de este Decreto, Sánchez e Iglesias no hubieran podido decretar esta prórroga del estado de alarma con la que nos han agasajado a los españoles, como premio a nuestra mansedumbre.

Esta vez no han tenido reparos, nos aplican un estado de alarma por seis meses y sin pestañear. Para decretar este nuevo estado de alarma de seis meses se ha tergiversado torticeramente la Ley para conseguir que el estado de alarma tenga la duración temporal de un estado de excepción pero sin decretar el estado de excepción, procedimiento a todas luces anticonstitucional y que quebranta todos y cada uno de los principios generales del derecho público, entre ellos el de proporcionalidad.

La nueva prórroga del Estado de Alarma, es tan inconstitucional como las anteriores, no teniendo más sentido jurídico esta la sexta prorroga que ser una simple herramienta ilegal utilizada por el ejecutivo para suspender derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que quepa tal posibilidad ni en el art. 55 Constitución Española ni en la Ley Orgánica 4/1981, ya que por medio de un decreto, el gobierno no puede suprimir ninguno de los derechos constitucionales de los que disfrutamos los españoles desde que se promulgó la constitución en el año 1978.

El estado de alarma, no prevé la suspensión de ningún derecho, y con este estado de alarma nos limitan, entre otros derechos, desplazarnos por el territorio nacional y nos ponen un toque de queda ilegal en un estado de alarma y sólo previsto para el estado de excepción o sitio. Tan sólo los estados de excepción y sitio contemplan la suspensión de derechos fundamentales y, esta suspensión, está íntimamente relacionada con la declaración de situaciones excepcionales, según dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades”. Las situaciones excepcionales en las que se permite la suspensión de derechos y libertades son, para nuestra Constitución, el estado de excepción y el estado de sitio, pero no el estado de alarma, regulado también en la citada Ley Orgánica como situación excepcional, pero que permite tal suspensión de derechos.

El estado de excepción podrá declararse “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para establecerlo y mantenerlo” (artículo 2 de la Ley Orgánica 4/1981). El de sitio, según nos hace saber el artículo 32 de la misma Ley, se podrá proclamar “cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios”.Como vemos y reiteramos, el estado de alarma no prevé la suspensión de ningún derecho fundamental, de los contemplados en la Constitución, para los ciudadanos españoles.

A tenor del citado artículo, con independencia de la declaración de estado de alarma, la misma ha de llegar al límite de la imposible afectación de ningún derecho fundamental de los españoles. De este modo, cabrá la posibilidad de limitar algún derecho constitucional, pero nunca para impedir el libre ejercicio de esos mismos derechos.

El artículo sexto de la Ley Orgánica 4/1981 establece que “la declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”.

El artículo 116.2 de la Constitución fija el plazo de 15 días sin que pueda prorrogarse más de una vez. No se prevé la prorroga por más de 15 días del estado de alarma: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”

Es un autentico dislate jurídico y un atentado contra la Constitución la prórroga del estado de alarma por seis meses, como ha declarado el Presidente del Gobierno. Es ilegal e inconstitucional, y nunca el poder público puede hacer injerencias en los derechos fundamentales de los ciudadanos por más tiempo que el previsto en la Ley y en la Constitución, ya que el bien jurídico protegido son los derechos fundamentales, que tiene un rango superior al de la salud pública. Es imposible que el estado de alarma decretado, sea más prolongado que el estado de excepción el cual es superior en rango de gravedad que el estado de alarma.

Como decía, si el estado de excepción contempla la posibilidad de suspender la libre circulación del ciudadano y mantener el resto de los derechos fundamentales, es difícil concluir, en abstracto, que en situación de estado de alarma quepa alguna limitación de esos derechos, por leve que sea.

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4 Comentarios

  1. 𝐄𝐋 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐎 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐀𝐑𝐌𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐏Ú𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐁𝐀𝐍𝐀𝐍𝐄𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐄𝐒𝐏𝐀Ñ𝐀.

    Independientemente de que estéis a favor o en contra, bajo mi modesto punto de vista, 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝟲 𝗺𝗲𝘀𝗲𝘀 𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟.

    Una cosa es considerar conveniente la aplicación de unas medidas y otra muy distinta, es que la aplicación de esas medidas se haga de forma COMPLETAMENTE DICTATORIAL.

    Si os parece bien y no tenéis ningún problema con este Golpe de Estado a la democracia, no os quejéis de que no lo sabíais y sabed que os habéis rendido 𝗣𝗢𝗥𝗤𝗨𝗘 𝗢𝗦 𝗚𝗨𝗦𝗧𝗔 𝗩𝗜𝗩𝗜𝗥 𝗘𝗡 𝗗𝗜𝗖𝗧𝗔𝗗𝗨𝗥𝗔, pero cuando me apunté a un partido político en el año 1976, 5 años después hubo un golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel Tejero como cabeza de turco y otras fuerzas mucho más poderosas como organizadores.

    En febrero de 1981, parte de mi familia tuvo que ir apresuradamente a la sede del partido a destruir todos los carnets de todos los socios y toda la documentación con información personal, porque si triunfaba dicho golpe Estado militar, la integridad personal de los afiliados correría mucho peligro. Y yo no me apunté a la democracia ni para lo que ocurrió entonces ni para lo que está ocurriendo ahora.

    La Constitución Española en su artículo 116, lo deja meridianamente claro:

    • «1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.»

    Y esto es lo que dice dicha Ley Orgánica y el enlace hacia este:

    • «Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
    CAPÍTULO II.
    El estado de alarma.
    Artículo sexto.
    Uno. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.
    Dos. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que 𝙣𝙤 𝙥𝙤𝙙𝙧á 𝙚𝙭𝙘𝙚𝙙𝙚𝙧 𝙙𝙚 𝙦𝙪𝙞𝙣𝙘𝙚 𝙙í𝙖𝙨. 𝙎ó𝙡𝙤 𝙨𝙚 𝙥𝙤𝙙𝙧á 𝙥𝙧𝙤𝙧𝙧𝙤𝙜𝙖𝙧 𝙘𝙤𝙣 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙧𝙞𝙯𝙖𝙘𝙞ó𝙣 𝙚𝙭𝙥𝙧𝙚𝙨𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙜𝙧𝙚𝙨𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝘿𝙞𝙥𝙪𝙩𝙖𝙙𝙤𝙨, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.»

    𝟏𝟓 𝐝í𝐚𝐬 + 𝟏𝟓 𝐝í𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐨, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫í𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂á𝐦𝐚𝐫𝐚.

    Y ESTO ES TODO: lo siguiente sería pasar al Estado de Excepción o de Sitio Y NO ES ESTE EL CASO.

    ENLACE A LA LEY ORGÁNICA PINCHANDO AQUÍ:
    https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-1981.html#a6

  2. Párrafo tercero, «…pero en plena Europa del siglo XII…». Hay que leer lo que se escribe antes de publicarlo. Gracias.

  3. Vamos hacia atrás como los cangrejos con estas decisiones,la institucionalidad de la que hablais no es un fake ni un ataque al gobierno,sino una interpretación jurídica.Al final nadie escapa de pensar,que una pandemia que en términos matematicos no es tal,está siendo utilizada para poder hacer uso de medidas excepcionales,sin tener claro cuál es el objetivo final,si por la salud de los españoles cuyas cifras demuestran que están peor que en otras partes de Europa,o si se pretende imponer una tercera República.

  4. ¿Que “la institucionalidad de la que hablais no es un fake ni un ataque al gobierno,sino una interpretación jurídical”?
    Pero amigo, ¿Tú que fumas o esnifas antes de hacer comentarios?
    No hay nada que interpretar en el caso de la Constitución Española y mucho menos, en el caso de la Ley Orgánica que regula el artículo 116 de la misma.
    Si eso fuese así, podríamos interpretar cómo nos diese la gana la sección I del capítulo II, “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, por ejemplo, el artículo 17 qué dice literalmente:

    «1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.»

    ¿Qué te parecería que un juez interpretarse que tú puedes ser privado de tu libertad sin la observancia de lo establecido por la ley y te encarcelasen por el mero hecho de ser tonto?
    No amigo, no. Mejor cambia de camello antes de escribir.

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