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A las dos y veinte de la tarde del 9 de octubre de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba en el portal de su domicilio en Granada al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía LUIS PORTERO GARCÍA. Portero García acababa de entrar en el portal y se disponía a coger el ascensor cuando un pistolero de la banda asesina, que aguardaba su llegada junto a otro miembro de ETA que le cubría el atentado, le disparó dos tiros por la espalda, uno de los cuales provocó la fragmentación de la primera y segunda vértebra, seccionó la médula espinal y parte del bulbo, y afectó a la arteria vertebral, una lesión “de extrema gravedad e incompatible con la vida”. Tras permanecer cinco horas en coma profundo y fracasar los sucesivos intentos de reanimación, Luis Portero falleció a última hora de la tarde en el Hospital de Traumatología de Granada. La familia donó sus órganos en cuanto se produjo el fallecimiento.

Los terroristas habían logrado introducirse minutos antes en el portal, llamando al portero automático y haciéndose pasar por miembros de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Tras asesinar a Portero, emprendieron la huida a pie y después abandonaron un vehículo cargado de explosivos cerca del lugar del asesinato. La explosión, de la que avisaron mediante llamada telefónica al diario Ideal, no causó daños personales.

El asesinato de Luis Portero se convertía en el primer atentado contra un miembro de la Carrera Judicial desde la ruptura de la tregua de ETA en 1999. Además, ETA no había asesinado a ningún miembro relacionado con ese estamento desde hacía tres años y medio, lo que reforzaba la tesis de que el atentado había sido una respuesta directa a las medidas de reforma legal aprobadas por el Gobierno una semana antes, reforma respaldada, en líneas generales, por jueces y fiscales.

Luis Portero García disponía de un servicio de contravigilancia que estuvo acompañándolo la misma mañana del atentado. Es muy probable que los terroristas tuvieran una información precisa de los movimientos de Portero y de las horas en las que estaba sin el servicio de contravigilancia. Por lo tanto, debían de saber que Portero prescindía de su coche oficial para ir a comer y que sólo contaba con la escolta cuando acudía por la mañana temprano a su lugar de trabajo. No obstante, y según informó José Torres, delegado del Gobierno en Andalucía, el fiscal jefe había solicitado mayor protección policial al jefe superior de Policía de Granada unos días antes de ser asesinado (Ideal, 12/10/2000). Sin embargo, el atentado se produjo antes de que se tomara la medida.

El día del atentado el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aseguró que “el mismo comando” de ETA que había colocado los artefactos en los coches de tres militares en los últimos días era el que había cometido los asesinatos de Luis Portero, en Granada, y de José María Martín Carpena, en Málaga, por lo que el ministro reconocía que estos asesinatos demostraban que la banda tenía “cierta infraestructura” en Andalucía.

El funeral por Luis Portero se celebró al día siguiente en la catedral de Granada, oficiado por el arzobispo Antonio Cañizares. A continuación, sus restos mortales se trasladaron a la pedanía de Chilches (Vélez-Málaga), donde el fiscal solía pasar las vacaciones con su familia y donde fue enterrado.

En 2002 la Audiencia Nacional condenó a Harriet Iragi Gurrutxaga y a Jon Igor Solana Matarrán a sendas penas de 54 años de prisión por los delitos de asesinato terrorista, robo, falsificación de documento oficial y estragos.

Iragi Gurrutxaga amenazó en noviembre de 2000 al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, al que advirtió que sería la siguiente víctima de ETA, a lo que el juez respondió: “Si yo no fuera juez y usted no estuviera esposado y con el brazo en cabestrillo, le daría dos hostias”. El mismo asesino remitió a la juez Teresa Palacios una carta que terminaba en tono amenazante diciendo “tú vas a pagar el daño que has causado al pueblo vasco. El pueblo vasco no perdona”.

Por otra parte, Igor Solana se ha beneficiado de un trato de favor por Instituciones Penitenciarias, como permitirle tener un hijo en prisión con su pareja, la también etarra Eider Pérez, dejarles acudir juntos al Registro Civil, algo anormal por el gasto que supone al erario público al tener que hacerlo bajo la vigilancia de una funcionaria en prácticas y escoltados por la Guardia Civil, y porque este tipo de situaciones no se permite a otros reclusos. Todo ello motivó que la familia Portero remitiese una carta a los medios de comunicación en noviembre de 2008 quejándose por ese trato de favor, en la que señalaban que:

Resultaba molesto y doloroso el conocer que desde hace bastante tiempo el terrorista Igor Solana se acostaba cuando le apetecía en gana con la asesina Eider Pérez a pesar de estar en grado de aislamiento. Es muy molesto y muy doloroso el saber también que todos los años, en las fiestas de Bilbao ‘Aste Nagusia’, en las kompartsas Kaskagorri y otras se celebran homenajes continuos a los asesinos de Luis Portero. Y de hecho, la familia tiene un procedimiento judicial abierto contra esta kompartsa. Pero lo que más duele a nuestra familia es que Instituciones Penitenciarias haya hecho con un preso lo que nunca suele hacer, es decir, que si se tiene un hijo de una relación en la cárcel, lo habitual es que algún oficial del Registro Civil se dirija a la cárcel para hacer los trámites oportunos de la partida de nacimiento y su inscripción en el registro. Vergonzoso resulta conocer cómo una furgoneta de instituciones penitenciarias, con una funcionaria en prácticas en su interior, trasladara a Eider Pérez y su hijo hasta el registro civil. Pero mayor vergüenza resulta que la Guardia Civil haya escoltado esta furgoneta hasta el Registro Civil, incluyendo en su interior al ‘padre de la criatura’. Qué poca vergüenza hay que tener para realizar este despliegue de medios, derroche de dinero en plena crisis y lo peor, someter a una ciudad como la de Granada, que tan bien siempre se ha portado con nuestra familia, a una vergüenza de volver a traer a su ciudad a este sanguinario asesino de ETA donde tanto dolor ha provocado. Manifestamos nuestro mayor desprecio al que haya tomado esta decisión y solicitamos que se depuren responsabilidades en este claro escarnio hacia las víctimas de ETA.

En 2008 fue condenado como autor por inducción del asesinato Juan Antonio Olarra Guridi a 30 años de cárcel. Olarra Guridi, entonces jefe del grupo Andalucía de ETA, ordenó a Solana e Iragi que asesinasen a Luis Portero, además de facilitar a los autores materiales fotografías de la víctima y datos sobre sus horarios, domicilio y vehículo que utilizaba. La familia Portero, muy implicada en la lucha civil y judicial contra ETA a través de la Asociación Dignidad y Justicia, se personó como acusación particular en los dos juicios contra los asesinos del fiscal. En diciembre de 2007 uno de los hijos, Daniel Portero, declaró como testigo en el juicio contra Olarra Guridi, y desveló un detalle que demuestra la crueldad sin límites de la banda terrorista ETA. Según relató ante el tribunal, mientras su padre luchaba en vano por su vida, una de las hijas del fiscal, María del Rosario, sumida en un “estado de shock”, recibió una macabra llamada en el domicilio familiar de un individuo que dijo hablar en nombre de la banda y preguntaba si el padre de la joven había muerto finalmente. Por esa época, Daniel Portero escribió en ABC un artículo (22/12/2007) en el que señalaba lo importante que era abrir un nuevo camino jurisprudencial que impidiera “que salgan impunes los terroristas que no han sido autores materiales de un atentado pero que formaron parte de su planificación”. En el artículo contaba que cuando “Olarra Guridi organizó el atentado de mi padre desde Francia lo hizo en compañía de Ainhoa Mújica y Javier García Gaztelu Txapote como miembros dirigentes de la banda terrorista ETA, individuos que todavía no han sido juzgados por el atentado de Luis Portero”.

Luis Portero García era natural de Madrid, donde nació en 1941, por lo que tenía 59 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Estaba casado con María del Rosario de la Torre, hermana del que fuera alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El matrimonio tenía cuatro hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, su vida laboral estuvo unida a la carrera fiscal desde 1967. Ejerció como fiscal en las audiencias de Barcelona, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, hasta que en 1989 fue nombrado fiscal jefe del TSJA. Además de su carrera como fiscal, Portero sobresalió como profesor e investigador de Derecho Penal en las universidades de Málaga, Las Palmas y Granada. En esta última se inauguró en 2002 el Aula de Estudios en Memoria de Luis Portero, centrada en la profundización del estudio del Procedimiento Penal. Para preservar su memoria, la familia creó la Fundación Luis Portero que fomenta la donación de órganos y la investigación en materia de cuidados paliativos. El 8 de octubre de 2010, con motivo del décimo aniversario del asesinato de Luis Portero, organizado en la Real Chancillería por la Fiscalía Superior de Andalucía, su viuda señaló la necesidad de derrotar a la banda terrorista “con las armas de la Ley y del Estado de Derecho”. De la Torre rechazó también cualquier posibilidad de abrir una negociación con los terroristas, puesto que “no podemos creer en lo que ellos prometen” porque “son mafiosos criminales”. María del Rosario de la Torre dijo no sentirse “víctima” de ETA, sino familiar de víctima, y recordó la “independencia profesional” de su marido y su promoción de valores como la “justicia, la tolerancia, el esfuerzo, el idealismo y la generosidad”. “No tuvo nunca enemigos que derribar ni necesidad de alabar”, señaló.

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