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A las dos y diez de la tarde del 6 de octubre de 1989, el asesino de la banda terrorista ETA Francisco Javier Balerdi Ibarguren, empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento, asesinaba en San Sebastián, de un disparo en la nuca, al policía nacional JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ SUÁREZ mientras paseaba por el Casco Viejo de la ciudad, cerca del céntrico mercado donostiarra de la Brecha.

José Ángel disfrutaba de un día de permiso, por lo que paseaba tranquilamente, vestido de paisano y desarmado, cuando el pistolero de ETA se le acercó por la espalda y le pegó un único tiro en la cabeza. El etarra huyó en un coche aparcado cerca del lugar del atentado, donde le esperaban otros miembros de la banda, mientras el policía caía de bruces sobre la acera. La bala, mortal de necesidad, le atravesó la cabeza, siguiendo una trayectoria desde el maxilar derecho hasta la boca. El cuerpo de José Ángel Álvarez permaneció cubierto con una sábana hasta que el juez ordenó su levantamiento. A un metro escaso del cadáver había un cartel de Gestoras pro Amnistía, en el que se reclamaba solidaridad con los presos de ETA, que fue rasgado por los compañeros de la víctima.

Al funeral celebrado el 7 de octubre por la mañana asistieron los ministros de Interior, José Luis Corcuera, y de Justicia, Enrique Múgica. Al término de la ceremonia religiosa, Corcuera aseguró que “dentro de poco, algunos de los que cometen estas barbaridades o de su entorno nos pedirán protección, al Cuerpo Nacional de Policía o a la Ertzaintza, porque los ciudadanos de los pueblos de Euskadi les correrán a gorrazos”.

El Ayuntamiento de San Sebastián convocó para el día siguiente de su asesinato una manifestación de condena, apoyada por todos los grupos políticos salvo Herri Batasuna, lo que si normalmente no resultaba extraño en la coalición proetarra, esta vez lo era mucho menos, puesto que el pistolero de ETA Balerdi Ibarguren, detenido en junio de 1992, tenía tanta relación con Herri Batasuna que estuvo trabajando durante meses en el grupo municipal de la formación proetarra en el Ayuntamiento de la ciudad. El caso de Balerdi Ibarguren, que muestra a las claras la simbiosis entre ETA y su brazo político, se llame este como se llame, fue un auténtico escándalo, además de ser un caso extraño dentro de la estructura de la banda asesina, puesto que actuaba como un liberado, cometiendo atentados y ayudando a cometer otros, al tiempo que mantenía su vida y su actividad normal como militante y empleado de HB en el Ayuntamiento de San Sebastián.

Era la primera vez que el consistorio donostiarra organizaba oficialmente una manifestación de condena por el asesinato de un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, algo que destacaron varios medios de comunicación. El 7 de octubre por la tarde unas dos mil quinientas personas recorrieron las calles de la ciudad bajo el lema “Paz ahora y para siempre”.

El asesinato de José Ángel Álvarez se produjo cuatro días antes del inicio oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de octubre de 1989. Por este motivo, el 7 de octubre los obispos vascos hicieron pública una pastoral que, bajo el título “Una decisión responsable”, pedían a sus feligreses que no votaran a Herri Batasuna. El resto de la campaña electoral transcurrió sin más víctimas mortales.

Por sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, fueron condenados a sendas penas de 30 años de reclusión mayor Francisco Javier Balerdi Ibarguren (en 1994) y Jesús María López González (en 1999) como responsables en concepto de autores de un delito de atentado con resultado de muerte, y con las circunstancias agravantes de premeditación y alevosía. El tribunal consideró hechos probados que, siguiendo las directrices de la cúpula de la banda ETA, López González encargó a Balerdi Ibarguren que asesinase a José Ángel Álvarez, para lo que le entregó una pistola y le señaló a la víctima cuando paseaba por San Sebastián. Balerdi Ibarguren acumula condenas que suman 120 años de prisión por atentados cometidos hasta 1992. López González fue expulsado por México en 1998, donde vivía refugiado en situación irregular. En el asesinato de José Ángel participó también el etarra Ignacio Ormaechea Antepara, que no pudo ser juzgado al morir en un enfrentamiento con la Guardia Civil en agosto de 1991.

José Ángel Álvarez Suárez, de 31 años, estaba casado y era padre de una niña de 5 años. Pertenecía desde hacía tiempo al servicio de escoltas de personas amenazadas por ETA, aunque últimamente no tenía asignado un servicio específico. Tiempo atrás había escoltado al diputado guipuzcoano del PSE-PSOE Ángel García Ronda. Era natural de Socil (León), una pequeña localidad de no más de cuarenta vecinos, que asistieron conmocionados al entierro de José Ángel. Uno de los familiares comentó los motivos por los que la víctima ingresó en la Policía: “¿Qué iba a hacer? La solución es quedarse a vivir aquí como agricultor o eso, meterte en la Policía. Es la solución de los pobres, eso o el paro” (Diario de León, 07/10/1989).

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