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El jueves 19 de octubre de 1995, alrededor de las 22:45 horas, fallecía el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía ENRIQUE NIETO VIYELLA, tras una agonía de más de cuatro meses en estado de coma profundo. El inspector jefe Enrique Nieto estaba ingresado en el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián desde el 8 de junio de 1995, fecha en que un miembro de la banda terrorista ETA le descerrajó a bocajarro un tiro en la nuca en plena calle. Enrique siguió ingresado en dicho hospital hasta el momento de su fallecimiento.

Enrique Nieto era inspector jefe de la Policía Judicial en Guipúzcoa, así como responsable de la Unidad Territorial Antiterrorista (UTA) en dicha provincia. La Unidad Territorial Antiterrorista era una unidad puesta en marcha tres meses antes del atentado contra Enrique Nieto, en el marco de la reestructuración de los servicios policiales llevada a cabo por el ministro Juan Alberto Belloch.

El día 8 de junio de 1995, poco antes de las nueve de la mañana, Enrique salió de su casa, situada en la avenida de Sancho el Sabio, en el barrio de Amara de San Sebastián. Se dirigía, como cada día, a su puesto en la Comisaría del Gobierno Civil, a menos de quinientos metros de su domicilio, cuando fue abordado por un terrorista que le disparó un único tiro en la nuca cuando apenas había recorrido unos pocos pasos desde que saliera del portal. El pistolero emprendió entonces la huida caminando en dirección al Parque Amara, hacia el río Urumea, llevando la pistola todavía en la mano durante algunos metros. Según las primeras declaraciones de los testigos oculares otro terrorista le habría estado esperando en un Citroën Visa, en el paseo de Vizcaya, a la altura de la plaza de Álava, para ayudarle durante la fuga. La bala que atravesó la cabeza del inspector jefe rebotó en un lateral del portal de su vivienda, siendo encontrada finalmente en la carretera. También se recogió un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. Los exámenes periciales demostrarían posteriormente que el arma con la que había sido disparado el casquillo era la misma con la que ETA había asesinado previamente al presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez Fenollar y al sargento de la Policía Municipal Alfonso Morcillo Calero.

El domicilio de Enrique Nieto estaba situado a pocos metros de la Hacienda Foral, que en el momento del atentado estaba repleta de personas que tramitaban sus respectivas declaraciones de la renta. En el Bar Bizcacha, junto al portal donde residía la víctima, también se encontraban numerosas personas a la hora del atentado. Por este motivo hubo muchos testigos que permitieron reconstruir la huida del asesino y dar una descripción física del mismo. Según los primeros testimonios el terrorista sería un hombre de piel morena, de entre treinta y cinco y cuarenta años, de complexión gruesa y que vestía pantalones vaqueros y una americana roja o marrón. Fuentes policiales informaron a los medios de que la descripción coincidía con la del etarra Francisco Segurola Mayoz. En su huida, el terrorista se encaró con un transeúnte que lo observaba y, apuntándole con su pistola le amenazó diciendo “¡tú! ¿qué miras?”. Fueron precisamente los clientes del Bar Bizcacha los primeros en atender a Enrique Nieto mientras yacía tendido en el suelo en medio de un gran charco de sangre. Presentaba un orificio de entrada y otro de salida, ambos en la parte posterior de la cabeza, así como pérdida de masa encefálica. La ambulancia medicalizada de la Cruz Roja se presentó inmediatamente en el lugar de los hechos y lo trasladó al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu, donde llegó con parada cardiorrespiratoria y en estado de coma. Fue introducido en el quirófano a las once menos cuarto, tras haberle realizado un escáner. La intervención duró cerca de tres horas y quedó ingresado en la UCI con pronóstico muy grave. Los médicos responsables de la intervención manifestaron que aunque el herido había resistido bien la operación de limpieza de las esquirlas alojadas en el cráneo, así como la reparación de los vasos sanguíneos cerebrales, su estado no era esperanzador. Quedaría en estado de coma profundo, no saliendo de éste hasta el día de su fallecimiento, casi cuatro meses y medio después del atentado.

Los compañeros de Enrique Nieto se mostraron alarmados por el hecho de que ETA hubiese podido localizar el domicilio del inspector jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Guipúzcoa, apuntando la posibilidad de que la publicación de fotografías de Enrique Nieto hubiese tenido algo que ver. El propio inspector jefe había solicitado, durante una rueda de prensa en diciembre del año anterior, que no se le tomaran fotografías o imágenes de televisión. Pese a esto, su imagen apareció publicada, tanto en periódicos como en televisión, al día siguiente de haber efectuado la petición.

Por la tarde, el director general de la Policía, Ángel Olivares, visitó el hospital para interesarse por la evolución del inspector jefe Nieto. Allí aprovechó para destacar las cualidades profesionales de éste y explicó que el atentado había provocado un gran dolor entre sus compañeros del Cuerpo. También el gobernador civil de Guipúzcoa, Juan María Jáuregui, tuvo palabras de elogio para Enrique Nieto, explicando que era un colaborador directo suyo y que la noche anterior habían estado reunidos para tratar asuntos profesionales. El presidente de la Audiencia Provincial, Joan Cremades, además de jueces como Fernando Andreu o fiscales como Luis Navajas se personaron en el hospital, ya que conocían al inspector jefe por su trabajo como responsable de la Policía Judicial y habían mantenido estrecho trato con él. Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez que había sido asesinado ese mismo año y Consuelo Ordóñez, hermana del político asesinado, acudieron en varias ocasiones al hospital para visitar a Enrique Nieto y seguir su evolución.

El director general de la Policía, Ángel Olivares, expresó en referencia a la acción terrorista que “éste es un atentado muy especial, porque habíamos depositado muchas esperanzas en Enrique Nieto dentro de la lucha contra ETA en Guipúzcoa”. El día anterior al atentado que dejaría a Enrique Nieto en estado de coma se había cumplido un mes desde el secuestro por parte de ETA del industrial José María Aldaya. Por este motivo Inaxio Altuna, portavoz de la familia Aldaya, manifestó que el atentado aumentaba la inquietud en la familia del secuestrado. Por su parte, Herri Batasuna justificó el crimen con su propaganda habitual, culpando al Estado por no ceder ante el chantaje asesino y tendiendo siempre los puentes de la negociación, achacando “la grave responsabilidad política de quienes se están empeñando en prolongar la situación de confrontación violenta en Euskal Herria con el Estado, aplastando por la vía policial y represiva los derechos y reivindicaciones de este pueblo”.

Desde el sindicato policial de la Unión Federal de Policía (UFP), se reclamó a los políticos que dejasen “su afán de protagonismo estéril para afrontar la realidad que la sociedad demanda”, mientras que la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), criticó también a los distintos partidos por continuar con sus “discursos de comprensión y mano tendida”, así como con sus “ambigüedades”. Herri Batasuna fue la única fuerza política del Parlamento Vasco que no suscribió una declaración institucional de condena al atentado, ausentándose cuando ésta tuvo lugar. Además, fueron miembros de su entorno los que colocaron carteles en la parte vieja de San Sebastián con las fotografías de dos de los testigos del crimen, junto con una clara amenaza: “Txibatoak etorriko zizue bueltan”, “Chivatos, ya os tocará” (Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M. Vidas Rotas, Espasa 2010).

En 1998 la Audiencia Nacional condenó a 30 años y cuatro meses de prisión al etarra Valentín Lasarte por el asesinato del policía Enrique Nieto Viyella, contemplando los delitos de atentado terrorista y de utilización ilegítima de vehículo de motor. El tribunal consideró probado que en mayo de 1995 Valentín Lasarte y dos miembros más del grupo Donosti de ETA “realizaron informaciones sobre las costumbres y el recorrido habitual de Nieto, y llegaron a la conclusión de que la mejor manera de llevar a cabo la acción era con una motocicleta”. Según el fallo, Lasarte y los otros terroristas se trasladaron al Hotel Orly de San Sebastián, donde uno de ellos se quedó esperando mientras Valentín Lasarte y el tercer terrorista volvían a la vivienda de Enrique Nieto y se juntaban en el portal, esperando a que éste saliera de su casa. Valentín Lasarte “por la espalda y a corta distancia le disparó una sola vez a la cabeza con la pistola”, lo que conllevaría la muerte del policía cuatro meses después de los hechos.

Además, en diciembre de 1996 era detenida Aránzazu Barrenetxea Bereziartúa, de 33 años, cuando trabajaba como empleada en la oficina del Censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en San Sebastián, organismo en el que estaba contratada desde 1988. Se le acusaba de haber facilitado a ETA datos personales sobre un centenar de potenciales objetivos, entre los que se encontraban el inspector jefe Enrique Nieto Viyella, el sargento de la Policía Municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo y unos cincuenta guardias civiles del cuartel de Inchaurrondo, además del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el empresario José Manuel Olarte, Plomos, el exjugador de fútbol José Antonio Santamaría Vaqueriza y otras personas cuyos nombres aparecían implicados en el Informe Navajas (El País, 13/12/1996).

En el caso del inspector jefe Enrique Nieto, los datos suministrados por la informadora de ETA no sólo sirvieron para cometer el atentado que acabaría con su vida, sino también para planificar, anteriormente, un primer atentado contra el policía que no pudieron llevar a cabo.

Barrenetxea había recibido instrucción en el manejo de armas en un monte de Navarra, pero finalmente su colaboración con la banda ETA se centraría en recabar información sensible sobre futuros objetivos, gracias a su puesto en el INE, que le permitía tener acceso a datos sobre personas de cualquier parte de España, como por ejemplo DNI, domicilio, formación, puesto de trabajo, etc. La colaboradora de ETA estaba siendo investigada por la Policía desde que en 1993 fuera desarticulado el grupo Txomin Iturbe. Por aquel entonces se localizó un piso en Pamplona donde fueron encontradas armas y documentación, así como una carta de Francisco Javier Chimeno Inza en la que mostraba su preocupación por lo que podría suceder si las Fuerzas de Seguridad detuvieran a Aránzazu Barrenetxea, ya que ésta había hecho acopio de una gran cantidad de información que podría desembocar en una gran operación policial si ella era capturada. María Aránzazu Barrenetxea acabaría siendo condenada a siete años de prisión por el Tribunal Supremo, por su colaboración con los grupos Donosti y Txomin Iturbe de ETA.

Sin embargo, lo sucedido con Barrenetxea Bereziartúa no es un caso aislado en la historia de cómo ETA ha logrado introducir a miembros y colaboradores en distintos puestos de la Administración a lo largo de su historia. En junio de 1996 se supo que Rubén Egaña Zumeta, condenado a seis años por colaboración con ETA, había sido contratado por la Delegación del Instituto Nacional de Estadística de Guipúzcoa, para la actualización del Censo. En 1995 la Audiencia Nacional condenó a Alfonso Castro Sarriegui, exmiembro de la Policía Municipal de Rentería, a 18 años de cárcel por su colaboración en el asesinato de Raúl Suárez Fernández. En 2004 Laura Riera fue condenada a 9 años de prisión por su colaboración en atentados como el que le costó la vida al concejal del PP en San Adrián del Besós, José Luis Ruiz Casado. Riera, que trabajaba en la sección de multas del Ayuntamiento de Tarrasa, tenía acceso a los datos sobre los vehículos de las víctimas, a través de la base de datos de la Dirección General de Tráfico. En 1987 la Policía detuvo en Galdácano a dos miembros de ETA acusados de facilitar información a la banda. Se trataba de Félix Santamaría Azaola y Aitor Jugo Álvarez, el primero de los cuales era funcionario de Hacienda para la Diputación Foral mientras que el segundo había trabajado en ese departamento en el pasado. En 1988 fueron detenidos Asier Elguezábal y Yolanda Aldama, acusados de colaboración con ETA. El matrimonio fue puesto en libertad, pero un documento etarra incautado dos años más tarde demostraba que habían trabajado para ETA suministrándole información. Él era hijo de un alto cargo del Gobierno vasco y ella empleada de la Dirección de Tráfico.

Enrique Nieto Viyella era natural de Infiesto (Asturias) y tenía 46 años en el momento de su muerte. Estaba casado y tenía dos hijas de 18 y 20 años. En una carta enviada por su tía María Elena Viyella a La Nueva España en 2009, se refería a él como un joven simpático y cariñoso. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1972 y desde 1990 era jefe de la Brigada Judicial de San Sebastián y responsable de la Unidad Territorial Antiterrorista de Guipúzcoa. Anteriormente había estado destinado en Madrid y Oviedo, y llevaba viviendo y trabajando en el País Vasco desde 1985. A lo largo de su brillante trayectoria profesional había sido objeto de unas cuarenta felicitaciones públicas y le había sido concedida la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo.

En junio de 2000, según Real Decreto 1188/2000, le era otorgada la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo y en 2005, también a título póstumo y con carácter honorífico, según Real Decreto 308/2005 Enrique Nieto Viyella era ascendido al cargo de Comisario.

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