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El martes 19 de octubre de 1993, a las 8:30 de la mañana, tres miembros de la banda terrorista ETA asesinaban en Madrid al general de División del Ejército del Aire DIONISIO HERRERO ALBIÑANA y herían de gravedad al soldado Alberto Pasamontes Navarro, que actuaba como chófer del general. Los asesinos esperaron a que Dionisio Herrero saliera de su vivienda, en el número 101 de la calle Hermosilla, para montar en el vehículo oficial que habría de llevarle a su trabajo. Antes de que llegara a subir al coche, a escasos metros del portal de su casa, dos de los tres terroristas lo acribillaron a tiros.

Como cada día, el general Dionisio Herrero salió de su casa para dirigirse a su trabajo como director de Sanidad del Mando de Personal del Ejército del Aire. Vestido de paisano, había recorrido poco más de quince metros desde que salió del portal y estaba cruzando la calle de Alcántara cuando dos terroristas efectuaron varios disparos contra él, mientras un tercero los cubría desde cierta distancia. El general se dirigía al vehículo oficial, un Volkswagen Santana granate blindado, conducido por el soldado Alberto Pasamontes, de 23 años, y al que le faltaban dos semanas para licenciarse. A unos cinco metros del Santana, el cuerpo del general quedaba tendido en el suelo con media docena de impactos de bala, instantes antes de que uno de los tres asesinos se acercara para rematarlo con un séptimo tiro. En ese momento el soldado conductor, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, salió de su vehículo e intentó hacer frente a los terroristas con su arma reglamentaria, pero fue alcanzado por un disparo en el abdomen y se vio obligado a refugiarse en el coche blindado. Una vez dentro, uno de los terroristas se acercó y realizó hasta cinco disparos contra el parabrisas, a la altura de la cabeza de Alberto Pasamontes, con la intención de asesinarlo, pero el blindaje evitó que las balas lo alcanzaran. Tanto el general como el soldado fueron trasladados al Hospital Gregorio Marañón, pero el primero ingresó ya cadáver, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida. Presentaba “múltiples heridas en tórax, abdomen y miembros inferiores”, según el certificado de defunción. El soldado Pasamontes, según el parte médico, ingresó “consciente y orientado y hemodinámicamente estable, presentando herida por arma de fuego” con orificio de entrada en el abdomen. El pronóstico fue muy grave y tardaría más de cien días en recuperarse del disparo, que le perforó el intestino delgado, el duodeno, el colon y el hígado.

Al oír los disparos, la esposa del general Herrero, Isabel Moya López, se asomó a una ventana y gritó a un niño que estaba en la calle: “¿qué pasa? ¿qué pasa?”, a lo que éste le respondió “han asesinado a un hombre”. Isabel, entre sollozos, volvió al interior de la casa, hasta que unos agentes del Cuerpo Nacional de Policía llamaron a su puerta para comunicarle la noticia.

Según testigos presenciales, los terroristas eran jóvenes, de edades comprendidas entre los veinte y los treinta años y vestían pantalones vaqueros y chubasqueros o anoraks verdes y azules, respectivamente. En el momento de la agresión no iban encapuchados, pero nada más efectuar los disparos contra los militares y comenzar su huida se taparon la cabeza con sus respectivas capuchas. En la descripción que hicieron los testigos se mencionaba que tenían alturas de 1,65 y 1,70 metros y que habían utilizado pistolas en el atentado, si bien uno de ellos hizo fuego con “una especie de metralleta o subfusil”. Otro de los testigos, el dueño de un quiosco cercano, que estaba desayunando en un bar de la calle Hermosilla, explicó que había visto “a dos hombres disparando con saña, a quemarropa, y luego lo remataron en el suelo”. En el lugar del atentado se recogieron catorce casquillos SBP del calibre 9 milímetros parabellum, así como dos anoraks.

Después de atentar contra el general y su chófer, los tres asesinos se dirigieron por la calle de Alcántara hacia la de las Naciones, hasta llegar donde habían aparcado previamente un Opel Corsa de color gris metalizado. Tras montar en el vehículo continuaron su huida por la calle de Ayala y después por la de Príncipe de Vergara, hasta alcanzar la plaza del Marqués de Salamanca. Allí abandonaron el coche, frente a la sede del Instituto Nacional de Industria. Antes de dejar el vehículo, los terroristas habían activado un temporizador, con el fin de que una bomba, compuesta por unos cuatro kilos de amosal, hiciera explosión minutos después. A las nueve de la mañana el coche explotaba, provocando daños materiales en otros vehículos de las inmediaciones y borrando así huellas y otros posibles rastros. José Antonio Hidalgo Almagro, un transeúnte que pasaba por el lugar, sufrió un choque emocional. La zona era frecuentada habitualmente por numerosos niños, debido a que en las inmediaciones se encontraban varios colegios. El Opel Corsa había sido robado trece días antes del atentado, en la calle Doctor García Tapia del barrio de Moratalaz. Los terroristas le habían colocado una matrícula falsa, perteneciente a otro coche, de marca y modelo diferentes.

Desde el primer momento las Fuerzas de Seguridad consideraron que el hecho de que el coche hubiera sido robado varios días antes podría significar que ETA contaba con una cierta infraestructura en Madrid, con pisos y garajes. El habitual grupo de ETA que operaba en Madrid en esas fechas estaba compuesto por José Javier Arizkuren, Jesús García Corporales y Marisol Iparraguirre, pero desde fuentes policiales se indicó que posiblemente estuvieran ante un grupo formado por distintos miembros. Gracias a las descripciones de los testigos oculares, la Policía identificó a Juan Luis Aguirre Lete como uno de los tres terroristas que cometieron el atentado y se organizó un dispositivo para tratar de encontrarlo en los días siguientes al asesinato del general Herrero. En él participaron unos trescientos agentes, de los que más de cien fueron trasladados desde otras provincias de España para colaborar en la búsqueda.

El atentado contra Dionisio Herrero se produjo mientras, según fuentes de la lucha antiterrorista, intermediarios nombrados por el Ministerio del Interior mantenían contactos con cabecillas etarras, tratando de iniciar una nueva negociación. Desde medios de comunicación franceses se citaba a Jacinto Ángel Guerrero Lucas, asesor en materia antiterrorista de Rafael Vera, como uno de esos interlocutores del Ministerio, mientras que el terrorista José Luis Arrieta Zubimendi, alias Azcoiti, sería el representante de ETA en las conversaciones. El acercamiento habría tenido lugar por encargo de la Secretaría de Estado para la Seguridad, con el objetivo de conseguir que la banda terrorista ETA decretase una tregua. (ABC, 20/10/1993)

Además, el mismo día del atentado altos mandos de la lucha antiterrorista de España y Francia se reunieron en París para tratar una serie de temas. Entre ellos estuvo el reciente fracaso de la operación llevaba a cabo contra el “aparato de mugas” de ETA, en la que logró escapar Juan Miguel Michelena Berasarte, responsable de dicho entramado. Michelena estaba sometido a un intenso seguimiento desde meses antes, por lo que las investigaciones se centraron en averiguar el origen de las filtraciones que permitieron su escapatoria. El soplo fue dado por un informante que dijo ser miembro de la Policía francesa, a través de una llamada al diario Egin. Desde medios franceses se sugirió que las filtraciones podrían ser una muestra de buena voluntad hacia ETA por parte del Gobierno español, de cara a las posibles negociaciones que en ese momento estaban iniciándose desde el Ministerio del Interior, mientras que fuentes policiales españolas señalaban a Roger Boslé, al mando de la operación por parte gala, como el responsable del fracaso debido a errores en la planificación.

La capilla ardiente con los restos mortales del general se instaló el mismo día 19 de octubre en el cuartel general del Ejército del Aire. Asistieron, entre otros, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el teniente general José Rodrigo, y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el teniente general Ramón Fernández Sequeiros. Hora y media después, a las 20:00, se celebró una misa por su alma. Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, tenía lugar en la explanada de entrada al Cuartel General del Ejército el funeral oficial, de cuerpo presente, presidido por los ministros de Defensa e Interior, Julián García Vargas y José Luis Corcuera. El vicario general castrense, José Manuel Estepa, fue el encargado de oficiar el acto y señaló que el general Dionisio Herrero “dedicó, todas sus energías a la lucha contra la enfermedad y la muerte” y rechazó la venganza, “porque aumenta el mal y no lo cura”. No obstante, agregó que la serenidad no significa resignación, “ni renuncia a que se ejerza la justicia”. El momento más emotivo tuvo lugar cuando las tropas que formaban en la Plaza de la Moncloa rindieron honores al general asesinado, a quien el ministro de Defensa, Julián García Vargas, impuso la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a título póstumo. El jefe del Estado Mayor del Aire, el teniente general Ramón Fernández Sequeiros, hizo entrega a la viuda del general Herrero de la bandera nacional que cubría el féretro. Los actos fúnebres fueron abiertos al público y acudieron unas quinientas personas. El féretro con el cuerpo de Dionisio Herrero fue escoltado por ocho miembros de la Policía Aérea, mientras militares de la Agrupación de Tropas del Cuartel General se mantenían en formación en la plaza.

Entre los asistentes destacó la presencia de Mario Onaindia, ante la sorpresa del resto de los que habían acudido. El exmiembro de ETA y entonces senador socialista explicó su presencia diciendo que “estamos aquí como demócratas vascos, para demostrar que nos duele tanto la muerte de un civil como la de un militar, que repudiamos igual un atentado en Euskadi que en Madrid”. También estuvieron presentes, además de los citados ministros de Defensa e Interior, el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos; el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano; el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, así como miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército, entre otras personalidades. La nota bochornosa la protagonizó José María Ruiz Mateos, que rompió el respetuoso silencio de los asistentes al grito de “¡Felipe ríndete!”. A las once de la mañana, en una ceremonia íntima a la que solamente asistieron familiares y allegados del finado, tuvo lugar el entierro en el cementerio de La Almudena.

En un acto público previo a la inauguración del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, el Rey condenó el atentado y manifestó su tristeza “por las cobardes acciones terroristas”. El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, calificó a los asesinos como “malnacidos” y “los malditos tíos de ETA”, mientras que el ministro de Defensa, Julián García Vargas, no quiso referirse a los terroristas para no hacerles publicidad. Con la excepción habitual de Herri Batasuna, todos los partidos condenaron el atentado. El PNV convocó a los ciudadanos para que acudieran a las concentraciones de repulsa y emitió un comunicado en el que manifestaba que el asesinato del general Dionisio Herrero evidenciaba “una vez más” la sinrazón de los terroristas. La Coordinadora Gesto por la Paz convocó ciento cuarenta y cinco concentraciones silenciosas y manifestó que ETA había acabado con una vida “en su locura asesina y con su pretendida lucha de liberación”. De forma similar, Eusko Alkartasuna acusaba a Herri Batasuna de complicidad con los asesinos y expresaba, a través de su secretario general, Ignacio Oliveri, “vergüenza” por el atentado contra el general Herrero. Desde Unidad Alavesa manifestaron su “pesar por las pérdidas irreparables, vergüenza por lo que nos salpica a todos este tipo de noticias y de actuaciones e indignación por el silencio cobarde de unos y la actitud inhumana de otros”. El responsable de Organización de Izquierda Unida, Mariano Santiso, utilizó palabras como “repugnancia, amargura y rabia contenida” para referirse al asesinato de Dionisio Herrero. Mientras tanto, Herri Batasuna, sin condenar el atentado, tachó sus consecuencias como “lamentables”, matizando que “lo más lamentable y lo auténticamente denunciable” era la actitud del PSOE y el PNV, partidos a los que culpaba de impedir la paz. El brazo político de ETA calificó el asesinato de “toque de atención” para los que mantienen “la apuesta permanente por dar un final policial” al problema de la violencia. Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno, respondió con evasivas a las preguntas que le formularon en torno a la posible negociación con ETA, diciendo que “no es que afirme que ni negociamos ni negociaremos, es que creo que hablando de eso se está haciendo el juego a quienes matan y apoyan la violencia”.

En abril de 2003, la Audiencia Nacional condenó a Juan Luis Aguirre Lete, alias Isuntza, a 66 años y medio de prisión por los delitos de atentado terrorista, asesinato en grado de tentativa, robo de vehículo a motor, falsificación y tenencia de explosivos, considerándolo autor material del asesinato del general Herrero. El asesino fue detenido en noviembre de 1996 por la Policía francesa, en un peaje situado en las afueras de Bayona, en el País Vasco francés. En el año 2000 el Tribunal Correccional de París lo condenó a una pena de 10 años de cárcel por asociación con fines terroristas y en agosto de 2002 fue entregado temporalmente a España para que fuera juzgado por diversas causas, entre las que estaba el asesinato de Dionisio Herrero. En marzo de 2003 las autoridades españolas devolvieron a Aguirre Lete a Francia para que siguiera cumpliendo su condena en el país vecino y, en junio de 2004, fue definitivamente extraditado desde Francia a España. Durante el juicio por el asesinato del general, la principal prueba contra Aguirre Lete fue la presencia de huellas dactilares del terrorista en las placas de matrícula del coche empleado por los asesinos. La defensa de Aguirre Lete presentó un recurso argumentando que en base a eso no podía considerársele autor material del atentado, sino simplemente cómplice del mismo. En 2005 el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso, sentenciando que “no era posible saber, por el contrario, si participó en la ejecución del atentado”, por lo que el etarra vio rebajada su pena en 20 años.

Una de las pistolas utilizadas para asesinar a Dionisio Herrero fue empleada posteriormente, en 1996, para matar al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. En esta ocasión el etarra responsable del asesinato fue Jon Bienzobas Arretxe, alias Karaka, por lo que en algunos medios apareció publicado que este había sido otro de los autores del atentado contra el general Herrero (ABC, 25/03/1998), afirmándose también que una huella lo vinculaba directamente con el crimen (ABC, 02/10/1999). Con otra de las pistolas con la que asesinaron al general, los etarras acabaron años después con la vida del también general Juan José Hernández Rovira, en junio de 1994 y con la del teniente coronel Jesús Cuesta Abril, en enero de 1997.

Dionisio Herrero Albiñana, de 63 años y a solo dos meses de retirarse, estaba casado desde hacía catorce años con Isabel Moya López y no tenía hijos. Isabel trabajaba en la Dirección Provincial de Educación y en más de una ocasión había expresado ante sus compañeros su temor a que asesinaran a su esposo. Dionisio sabía que podía ser objetivo de los terroristas y revisaba cuidadosamente el portal cada día, aunque nunca había recibido amenazas. No llevaba escolta y su única protección era el vehículo blindado en el que diariamente le recogía su chófer. Una hermana del general, Elvira Herrero, también manifestó tras el asesinato que en la familia siempre se había temido que Dionisio fuera víctima de un atentado. Dionisio Herrero Albiñana había nacido en Segovia y llevaba catorce años viviendo en su piso de la calle Hermosilla, frente al que fue asesinado. Era aficionado a la música clásica y a los viajes y sus vecinos decían de él que era “muy buena persona”. Una vecina manifestó, tras su muerte que “ya sé que es lo que se dice siempre, pero es la verdad, era un santo […] una persona maravillosa, un santo que no se metía con nadie”.

Dionisio había trabajado como internista en el ambulatorio del barrio de La Elipa. También había sido director del Hospital del Aire entre 1989 y 1991 y, posteriormente, subdirector de Asistencia Sanitaria de la Dirección de Sanidad del Mando de Personal del Ejército del Aire. En el momento de su asesinato era director de este mismo organismo. En 1989 le había sido otorgada la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y en abril de 1992 fue ascendido del puesto de General de Brigada de Sanidad al de General de División de Sanidad. Tras su muerte le fue concedida la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a título póstumo. En 2005, con carácter honorífico y también a título póstumo, según Real Decreto 319/2005, “con el deseo de honrar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron asesinados en atentado terrorista, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de marzo de 2005”, Dionisio Herrero Albiñana era ascendido al puesto de Teniente General.

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